El arranque formal del proceso interno de Morena quedó marcado por una línea roja indispensable: la advertencia de su dirigente nacional, Ariadna Montiel, de vetar de forma estricta a perfiles con antecedentes de corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado.
Este blindaje político no ocurre en el vacío. Se presenta justo en medio de una nueva y agresiva acometida discursiva de Donald Trump, quien aprovechó los reflectores de la cumbre del G-7 celebrada en Francia para insistir en la falacia de que el narcotráfico controla México.
Desde ahí, lanzó condescendientes y errados dardos hacia la presidenta mexicana, afirmando que es buena pero está "asustada", un diagnóstico que distorsiona flagrantemente la realidad de un gobierno que no ha titubeado en la defensa de la soberanía nacional.
Esta narrativa internacional, lejos de ser un exabrupto aislado, forma parte de una estrategia coordinada por la ultraderecha global y sectores locales afines. El objetivo es burdo pero sistemático: asentar en el imaginario colectivo la idea de que el actual movimiento de transformación está asociado con la delincuencia.
Sin embargo, para que la crítica tenga un mínimo de autoridad moral, debe sostenerse en un espejo limpio. Hablar hoy de supuestas complicidades gubernamentales omitiendo el pasado reciente es un ejercicio de amnesia selectiva intolerable.
La memoria histórica de México no es corta. Fue precisamente bajo la bandera del PAN, durante la presidencia de Felipe Calderón, donde se construyó la paradoja más dolorosa y cínica de la llamada "guerra contra el narco": un secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna —hoy condenado en una corte estadounidense por narcotráfico— que utilizaba el aparato del Estado no para combatir al crimen, sino para pactar con él, sumiendo al país en una espiral de violencia sin precedentes.
El viejo régimen del PRI, por su parte, cimentó durante décadas un sistema de complicidades institucionales estructuradas, donde las relaciones con el narcotráfico no eran fallas del sistema, sino parte de su propio diseño para mantener el control político.
Por ello, el anuncio de la dirigencia de Morena de cara a las próximas elecciones intermedias adquiere una doble dimensión obligatoria. No basta con cerrar la puerta a los vínculos criminales evidentes; el filtro interno debe ser lo suficientemente fino para detectar y excluir a aquellos políticos oportunistas que, en lugar de sumar principios, restan credibilidad al proyecto.
En la construcción de la continuidad gubernamental, los perfiles reciclados con pasados oscuros o gestiones cuestionables se convierten en el caballo de Troya que valida las calumnias de la oposición.
La soberanía de México no puede ser el balón de fútbol de la política electoral estadounidense ni el argumento de conveniencia de una derecha local que busca fuera la legitimidad que no encuentra en las urnas.
La mejor respuesta a la injerencia extranjera vertida en foros como el G-7 y a la hipocresía histórica del PRI y del PAN es la congruencia interna absoluta. La regla impuesta por Montiel debe cumplirse sin excepciones ni favoritismos: quien reste autoridad moral o cargue con una sombra de duda en su expediente, no puede representar la transformación del país.
