Los de abajo

La reaparición del alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, mediante un video difundido por Movimiento Ciudadano, constituye una clara estrategia de control de daños políticos. Sin embargo, su credibilidad legal y social sigue bajo un fuerte cuestionamiento.
 

Para la Fiscalía General de la República (FGR), el edil mantiene el estatus oficial de prófugo, con una orden de aprehensión vigente dentro del "Operativo Enjambre". Esta condición contrasta drásticamente con sus declaraciones de inocencia.
 

El video, respaldado por legisladores de su partido, busca fijar una narrativa de "persecución política" y denunciar supuestas violaciones al debido proceso durante los cateos. Al afirmar que se encuentra en la Ciudad de México por motivos de trabajo y agenda personal, el alcalde intenta justificar institucionalmente su ausencia física en Tabasco.
 

En el plano jurídico, Baca Sevilla no logra desmentir su condición de evasión. El hecho de emitir un mensaje pregrabado, sin presentarse físicamente ante el juez que liberó la orden de captura (causa FED/TAB/VHS/0000749/2026), es interpretado por las autoridades y sectores ciudadanos como una confirmación de que busca evitar la detención material mientras sus abogados tramitan amparos.
 

La hipótesis de inocencia del alcalde enfrenta severos contrapesos judiciales que merman su solidez. Aunque se mencionan delitos como el enriquecimiento ilícito y el desvío de recursos federales del FORTAMUN y del Ramo 33, los reportes ligados al "Operativo Enjambre" involucran investigaciones complejas que restan peso al argumento de una simple "venganza política" local.
 

El despliegue de la FGR no fue una acción aislada: derivó en el cateo de al menos 10 inmuebles y en la captura de colaboradores de su primer círculo, como el director de Obras Públicas, Edison García Wilzon, y otros mandos administrativos.
 

Esto evidencia la existencia de un expediente penal estructurado con pruebas concurrentes. Por su parte, el Gobierno de Tabasco se ha desmarcado de las acciones, enfatizando que se trata de un procedimiento estrictamente judicial de la federación donde se respetará el debido proceso.
 

El alcalde está aplicando un "litigio de medios" para trasladar un expediente estrictamente penal al terreno del debate público. Esta táctica, recurrente en figuras públicas bajo investigación, busca contrarrestar el peso de la FGR mediante la construcción de una narrativa de victimización.
 

Al autodefinirse como un "perseguido político", el edil intenta sembrar dudas sobre la neutralidad de la fiscalía y hacer que la opinión pública perciba la orden de aprehensión no como un acto de rendición de cuentas, sino como un ataque dirigido a un gobierno de oposición.
 

BACA NO QUIERE CORRAL
 

Al involucrar a la dirigencia y legisladores de Movimiento Ciudadano, el alcalde genera un escudo político que persigue frenar el costo político, evitar el desgaste absoluto de su imagen mientras se tramitan los juicios de amparo y forzar una negociación.
 

Intenta elevar el costo político para el gobierno y debilitar el respaldo mediático hacia el operativo judicial. Denuncia irregularidades para que la base electoral de Paraíso asuma que el proceso penal está armado o exagerado.
 

De este modo, Baca Sevilla apuesta por una defensa dual: mientras sus abogados litigan en los tribunales federales, él lo hace en los medios para evitar el linchamiento social.
 

Fue el propio alcalde quien, en su video, detalló los seis delitos federales de alto impacto contemplados en la carpeta de investigación en su contra: Posesión ilícita de hidrocarburos (huachicol), uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, posesión de narcóticos, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, portación de arma de fuego sin licencia.
 

De acuerdo con expertos en derecho, la versión de Alfonso Baca Sevilla carece de credibilidad institucional en este momento. Si bien puede tramitar un amparo federal, la gravedad y naturaleza de los delitos que enfrenta impedirán que este recurso evite su detención.
 

En términos de opinión pública, el video funciona como un paliativo temporal para sostener a su base de apoyo, pero legalmente carece de validez; su situación penal solo se resolverá cuando comparezca físicamente ante el juzgado que lo requiere.
 

No está por demás recordar que en Estados Unidos y varios países, el uniforme naranja es utilizado para distinguir a los reos peligrosos. ¿Una premonición?