Matrimonios de campaña

De que sorprendió, sorprendió; de que fue inesperado, fue inesperado. Pero de que la verdadera finalidad de la iniciativa constitucional de Peña en materia de matrimonio igualitario sea acatar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, tengo mis dudas. Vamos por partes.
    En una sociedad como la nuestra, en donde la religión católica tiene un peso importante, donde ciertos “valores tradicionales de la sociedad mexicana” se fomentan hasta el cansancio –así sea por meros intereses comerciales- en las épocas oportunas, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo sigue generando debate, aún en sectores que debieran estar más informados.
    Desde que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, dicho día fue escogido para conmemorar el “Día internacional contra la homofobia y la transfobia”, con el objetivo de sensibilizar y luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Por eso Enrique Peña hizo su anuncio en tal fecha.
    El oportunismo del residente de Los Pinos es evidente: busca una fecha propicia para presentar su iniciativa ante un auditorio selecto que ignoraba lo que iba a escuchar; lo hace en una época en la que no hay sesiones en el Congreso ni le da el carácter de iniciativa preferente; y estamos a un par de semanas de que se celebren elecciones para gobernador en doce estados y se “elija” al constituyente de la Ciudad de México. Aunque no hay cifras confiables –entre otras razones por temor a la exclusión social- sobre el número de personas que tienen una orientación sexual o preferencia de género distinta a la de la mayoría, es indudable que representan un número importante dentro del número total de votantes. Bastante importante si consideramos que las elecciones pintan muy cerradas en varias entidades, por lo que dos, tres o cinco puntos porcentuales pueden ser determinantes.
    Envuelto en la bandera de “héroe de las libertades individuales y progresistas”, Peña Nieto puso sobre la mesa un tópico que –lo sabe- es suficientemente atractivo como para desviar la atención de las obligaciones incumplidas de los legisladores en materia de combate a la corrupción y, de paso, acarrear votos para lavar su descrédito. Dos en uno. Pero francamente ninguno le interesa.
    Para ser honesto en su discurso sobre el tema de los matrimonios igualitarios, Enrique Peña hubiera tenido que reconocer que la Ciudad de México fue la primera en abrirse a dicha realidad, pero al hacer eso hubiera evocado al gobierno de Marcelo Ebrard. Tal omisión no sólo la tuvo Peña, sino también los medios serviles al régimen: para éstos, la diversidad sexual tiene un antes y un después sólo a partir de las palabras del mexiquense. Ignoran que el Ejecutivo Federal no puede iniciar reformas legislativas en los estados y también ignoran que la Suprema Corte ya había dado un importante paso en la materia.
    Hace once meses, en junio de 2015, la Corte emitió una jurisprudencia (criterio obligatorio) en la cual determinó que cualquier legislación de cualquier estado que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, es inconstitucional por ser contrario a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo primero de la Constitución. Entonces, ¿no es necesaria la reforma?
    Enrique Peña, egresado de la carrera de derecho –lo que no significa que sepa derecho-, reitera un error que se ha multiplicado en los últimos años: los gobernantes le han perdido el respeto a la Constitución y la ven como un “codigote” para regular situaciones específicas cuyo lugar no es la Constitución pues en ésta sólo deben establecerse principios generales. Si para él no quedaba claro lo que ya estaba previsto en el texto constitucional, hubiera consultado un abogado.
    Sospecho que, luego de la euforia y sorpresa inicial, la iniciativa de reforma sobre matrimonio igualitario corre el riego de empantanarse, ya sea en el Congreso o, más probablemente, en su tránsito por las legislaturas de los estados. Seguramente habrá estados que –ahora sí-, argumentando su soberanía, rechacen la propuesta. Si el saldo final alcanza para hacer una modificación innecesaria a la Constitución, es algo que veremos.