Ciudad de México, 23 de abril de 2025.- exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, promovió un amparo ante la justicia federal para evitar ser detenido, tras ser señalado como presunto responsable del desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.
El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió al exmandatario una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión que hubiera sido emitida por un juez de control federal.
La medida cautelar fue autorizada por el secretario en funciones de juez, quien le fijó una garantía de 52 mil pesos, la cual deberá cubrir en los próximos cinco días para que la suspensión surta efecto.
Aureoles, considerado actualmente prófugo de la justicia, interpuso el recurso legal el pasado 21 de abril, bajo el argumento de que teme ser detenido por actos relacionados con una presunta orden de captura, comparecencia o arresto dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
El juez explicó que la suspensión busca mantener las cosas en el estado actual y evitar que se prive de su libertad mientras se resuelve si procede la suspensión definitiva. Esto aplica incluso si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, según lo estipulado por el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.
¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles?
El caso contra Aureoles se vincula a una serie de procesos penales iniciados en marzo pasado contra cuatro excolaboradores de su administración, quienes fueron vinculados a proceso por delitos como administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Se trata de:
Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública
Los cuatro permanecen en prisión preventiva justificada, mientras continúa el proceso penal.
Las acusaciones, presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), giran en torno a la irregular operación de arrendamiento y posterior compra de inmuebles destinados a la instalación de cuarteles en municipios como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La FEMCC, encabezada por María de la Luz Mijangos, obtuvo órdenes de aprehensión contra Aureoles Conejo y otros siete exfuncionarios, en lo que se perfila como uno de los casos de corrupción más graves vinculados a la administración estatal durante el periodo 2015-2021.
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