POLÍTICA CONTRA LA VIVIENDA POPULAR
Todos sabemos que uno de los más grandes y graves problemas nacionales, junto con la inseguridad, la falta de puestos de trabajo y la insalubridad, es el de la vivienda popular. Según las estadísticas oficiales, son cientos de miles de mexicanos los que carecen de un espacio para albergar a la familia y para convivir con ella; y esta carencia, también según versión oficial, se ha venido incrementando a través del tiempo en vez de disminuir, a tal grado que el déficit que arrastra el país en esta materia es una cantidad que se cuenta en millones.
Pero éste no es el único aspecto del problema habitacional. Existe otro que consiste en que un gran número de casas habitación, que también se cuenta por millones, no reúne los requisitos mínimos de espacio, comodidad y salubridad requeridas para que sus moradores puedan desarrollar en ellas una vida digna, una existencia realmente humana. Se trata de “casas” con uno o dos cuartos en los que se hacinan familias de cinco, seis y hasta 10 miembros, sin instalación eléctrica permanente, sin agua corriente, con piso de tierra y con escasas e insuficientes luz y ventilación para garantizar la salud de sus habitantes. Puede decirse, sin exagerar, que quienes habitan estos cuchitriles tienen vivienda solo a medias, y por eso, siempre que se alude a esta cuestión, se habla de “programas de mejoramiento” y no solo de “construcción” de la misma.
Durante mucho tiempo, quizás durante la mayor parte del siglo que concluyó hace varios años, los aspirantes a ocupar cargos de elección popular o en la administración pública, es decir, los políticos de todo tamaño y pelaje, hicieron de la promesa de atacar y resolver tan sensible carencia, bandera destacada y principal de sus discursos y promesas de campaña; se llenaron la boca prometiendo que, de llegar a donde querían, se encargarían de que cada familia mexicana tuviera una vivienda digna. Pero, como acabamos de decir más arriba, el problema, lejos de resolverse o siquiera disminuir, se ha incrementado y agravado alarmantemente, lo cual es argumento y prueba suficiente de que los dichos políticos jamás cumplieron su palabra, o lo hicieron en una escala totalmente insuficiente.
Justamente debido a esta falta flagrante de eficiencia y voluntad gubernamentales para erradicar la injusticia social en este terreno, los necesitados de un lugar donde reposar y guarecer a la familia idearon y pusieron en práctica su propia solución. Ésta consistió en luchar organizadamente por conseguir un terreno, un lote apropiado, y luego, con esfuerzo y privaciones de otras cosas elementales, ir construyendo su vivienda poco a poco, sin adornos ni lujos de ninguna clase, pero eso sí, a la medida de sus recursos y necesidades. La lucha por lotes y por materiales de construcción fue, y es, una de las expresiones más claras y acabadas de la organización y de la lucha populares, y una prueba rotunda de la capacidad de las masas para encontrar soluciones creativas allí donde la autoridad se muestra remisa o incompetente.
Muchos gobernantes y funcionarios de todos los niveles han iniciado una verdadera batida, una verdadera guerra de exterminio en contra de los solicitantes de vivienda y de su método para enfrentar y resolver su necesidad. En efecto, con el pretexto de que ello crea colonias de mal aspecto y que se convierten en fuente inagotable de problemas al estar exigiendo permanentemente la introducción de servicios; con el argumento de que no quieren nuevos cinturones de miseria, los gobernantes se niegan en redondo a vender lotes a los pobres a precios accesibles y a conceder permiso para el asentamiento de nuevas colonias populares. Han elevado a categoría de política de Estado el prohibir la formación de nuevos asentamientos y se han puesto a perseguir, acusándolos de delitos prefabricados, a los líderes de los precaristas y demandantes.
Y el ejemplo pronto ha cundido. Los panistas, perredistas y aún los priistas, quienes se declaran enemigos de los cinturones de miseria y prohíben y atacan la lucha de los pobres por tener una vivienda, por conseguir un lugar en donde poder realizar, como todo ser humano, sus necesidades vitales.
Podemos estar de acuerdo en que las colonias de pobres no son un dechado de belleza urbana; podemos aceptar que los cinturones de miseria afean las ciudades y ahuyentan al turismo. Pero la pregunta es: ¿Y qué opción se deja a quienes carecen de un hogar, al prohibirles que luchen y resuelvan su necesidad como saben y pueden hacerlo? ¿Qué proponen esos gobernantes pulcros y atildados, cuya exquisita sensibilidad se siente ofendida ante la fealdad de la miseria, para resolver el tremendo drama de quienes carecen hasta de lo más elemental? A estas alturas deberían tener claro que ni los pobres ni sus problemas se acaban por decreto; y que negarles una salida, cualquiera que sea siempre que resulte eficaz, es, simple y sencillamente, estar alimentando una bomba de tiempo que, tarde o temprano, les estallará en las manos.
