POSTAL DE CRONOS

En el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de junio de 2015 se anuló la diputación del Distrito XVI y la elección del alcalde en el municipio de Centro, aunque en el primer caso el fallo fue revocado por la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el segundo, el mandato de las autoridades fue que se tenía que convocar a nuevas elecciones.
     A raíz de lo sucedido en el pasado proceso electivo, donde la causa principal de anulación fueron los errores, omisiones y responsabilidades de los funcionarios electorales, el diputado local, Marcos Rosendo Medina Filigrana, propuso una iniciativa de ley donde se sancione claramente al o los funcionarios que por diferentes motivos influyan en el resultado de una elección a un puesto público, es decir, que ´si un funcionario incurre en negligencia, omisión, parcialidad o dolo, y no cumple adecuadamente con su función debe comparecer ante autoridades superiores correspondientes´, y cumplir con el correctivo que señalen las leyes en este contexto.
     Según las consideraciones propuestas en esta iniciativa del diputado Medina Filigrana, los funcionarios deben ser inhabilitados para que nunca más vuelvan a ocasionar un daño de esta naturaleza, pero que además se notifique de esta sanción al Instituto Nacional Electoral (INE), y otros organismos públicos electorales para que esta persona no incurra en tales acciones en otras entidades federativas, ya que, como en el caso de las elecciones extraordinarias de Centro, un nuevo proceso implicó que se tuvieron que erogar nuevamente más de 36 mdp del erario público, recursos que pudieran ser utilizados en la reparación de calles, caminos vecinales, escuelas, hospitales y otras necesidades básicas.
     Debemos reconocer que esta iniciativa es necesaria y apremiante, pues la actuación y la actitud de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), en las contiendas pasadas evidenciaron una falta de conocimiento, tanto de los métodos, así como de la aplicación correcta de las normatividades que avalan y sancionan un proceso de esta naturaleza; y aunque fueron severamente cuestionados por los ciudadanos, recordará el respetable lector que los consejeros se enfrascaron en la polémica donde aseguraban tener el derecho a un bono de 100 mil pesos por actividades extraordinarias. Actividades que tuvieron origen en su propia incapacidad, y que no fue objeto de ningún correctivo en alguno de los funcionarios electorales implicados, y que sólo anuló la elección de alcalde en detrimento de las arcas públicas del Estado.
     Los consejeros del IEPCT son en buena parte responsables de la desconfianza ciudadana, no sólo es el hastío, cansancio y rechazo hacia una clase política que evidencia la ambición de llegar al poder a como dé lugar, sino la incertidumbre y la opacidad con que se conducen las autoridades electorales que arrastran con el desprestigio de un Luis Carlos Ugalde al servicio de los poderes facticos que empañan la supuesta autonomía de un organismo electoral.
     Por ello la iniciativa de ley que propone el diputado Marcos Rosendo Medina contribuiría a que la ciudadanía recuperara algo de esa confianza perdida hacia los árbitros electorales y el respeto hacia las instituciones a través de las certezas legales que dicha norma implica; si en Tabasco se hubiera actuado en consecuencia al mal desempeño de los consejeros responsables de la anulación de una elección, en el presente la gente tendría un mejor concepto acerca de una nueva contienda electoral o al menos la certidumbre de que sus votos no serán carne de cañón de disputas post-electorales y parálisis gubernamentales.