¿QUIEN POSEE AHORA ESOS BIENES?

Hay centenas de personas reales que las autoridades federales reportan a la prensa y medios de difusión que han sido detenidos y encarcelados; y con ellos, miles de nombres falsos o seudónimos inventados por los delincuentes a los que ponen sus propiedades, bienes inmuebles, muebles y dinero en efectivo o joyas, resultando entonces que los dueños o propietarios legales no existen en realidad. O testaferros y “prestanombres”, a los que si se corre el velo se les puede vincular con los verdaderos dueños de esos bienes.
    Pero ¿para qué? Si todo ese cúmulo de riquezas se pierde en el limbo o en manos de autoridades tan o más venales que los delincuentes detenidos. Aquello de “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”, es la consigna; otros hablan de “botín de guerra”. Ministerios Públicos, Jueces de Distrito, Magistrados Colegiados, todos sacan raja de esos bienes y del desorden de su administración.
    Quizá una de las situaciones que mejor ilustra el despelote de los bienes incautados o secuestraos a narcos es que en él figuran 605 bienes de todo tipo a nombre de Jaime ADELMO “n”. Una persona que nadie sabe quién es, ni dónde se localiza. Según estos registros, tiene a su cargo centenares de fincas por todo el país, apartamentos, joyas y hasta hipopótamos -como los que había en la mítica hacienda Nápoles de Pablo Escobar, en Colombia-.
    Según explicaron funcionarios, por un error en el traslado de información de un sistema a otro, los bienes que estaban a cargo de la entidad quedaron registrados a nombre del señor Adelmo “n”, que «es un ser virtual».     
    La realidad es que hoy no se sabe quién los tiene. Algo similar pasa con centenares de registros que figuran aún a nombre de la PGR, años después de los operativos de incautación.
    Corregir estas inconsistencias era uno de los principales retos de la administración del SAE; se sugirió contratar una firma privada pagándole millones de pesos para resolver este y centenas de errores e inconsistencias, pero se demostró que los alcances del proyecto son vagos y que por la forma en que se estaba llevando a cabo, al terminar el contrato el sistema iba a estar nuevamente desactualizado.
    Otro punto sin resolver es la escogencia de los administradores de esos bienes, o depositarios. No se hace por concurso: los nombramientos en muchos casos dependieron de la discrecionalidad; escogencias de depositarios similares, sin parámetro y a dedo, fueron en gran medida. Los riesgos de irregularidades en esta selección son enormes. En esas ‹referencias› de personas se puede colar más de un testaferro de los mismos narcos a los que se les quitó el bien. Tampoco se descarta que en esa discrecionalidad se cuele el pago de favores políticos. Se duda de que las personas designadas por esta vía sean las más idóneas para administrar esas empresas o propiedades. También han sido polémicos los nombramientos de los depositarios de los bienes más rentables, donde se tienen inquietud de que pueda ser un espacio para la corrupción.
    Para buscar atajar estos problemas se pudieron firmar convenios con las empresas de bienes o Finca Raíz para que se encargaran de administrar los inmuebles urbanos. Pero persiste la duda de si todos los inmuebles se arriendan al precio que es y si detrás de algunas inmobiliarias hay otros intereses.
    Otro gran dolor de cabeza son los inmuebles rurales que por todo el país, suman más de 200.000 hectáreas. Sin embargo, las entidades agrarias no tienen la capacidad administrativa para atender tal volumen –además hubo denuncias de irregularidades con el destino final de algunas de esas tierras-.
    Muchas fincas fueron trasladadas sin resolverse sus líos jurídicos y en el peor de los casos, con gente de la mafia aún dentro de ellas. Y AHÍ Magistrados Colegiados y Jueces de Distrito fincan sus dientes y hacen su agosto.
    A esta variedad de problemas, se suma el ganado (vacuno, caballar, porcino y ovino), los vehículos, las joyas y obras de arte incautadas entre cientos de bienes más que aún no aparecen. O las fallas en la administración de sociedades que desde que fueron incautadas, acumulan deudas en impuestos de IVA y retención en la fuente. También hubo controversia por las negociaciones con esos bienes.
    Esto ha seguido igual o peor que cuando estaba Salinas y su hermano Raúl o Ernesto y su hermano Rodolfo, o Fox y su rancho en San Francisco del Rincón.