REVOCACIÓN DE MANDATO ¡YA! I
La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Se fundamenta en el principio de soberanía popular.
La revocatoria de mandato es un instrumento de control popular. Converge a hacer efectiva la legitimidad de origen, como dependiente de la forma y manera en que los gobernantes y representantes populares acceden al poder, y permanecen en él, de acuerdo a la ley.
La revocatoria del mandato es un mecanismo de democracia directa orientado a consultar en un referéndum vinculante sobre la interrupción del mandato de una autoridad electa. Es directa, cuando la ciudadanía lo activa a través de la recolección de firmas; es indirecta, cuando lo activa un porcentaje del consejo deliberante o cuerpo legislativo.2
La elección de destitución, al igual que las prohibiciones y restricciones constitucionales a la reelección de los gobernantes, no implica proscripción ni impedimentos violatorios de tratados internacionales en materia política.
En la teoría política imperante en el ámbito hispanoamericano se consideran las siguientes circunstancias como causas que justifican la solicitud por el electorado de la convocatoria de una consulta popular de revocatoria: Voto programático; Actos de corrupción; Violación de derechos humanos; Pérdida de legitimidad.
Si ya se atrevieron a autorizar la aberrante figura de la reelección, entonces es obligatorio, es exigencia, la revocación de mandato.
Esta figura está dispersamente regulada a nivel local en algunos estados del país para la separación del cargo en los Ayuntamientos y únicamente en Chihuahua se preveía para la separación del cargo del Gobernador del Estado. Ahora se suma el Estado de Nuevo León, en cuyo Congreso -la LXXIV Legislatura-, por unanimidad (37 votos en lo general y con 31 votos en lo particular) se aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana que contempla las figuras de la revocación de mandato o consulta popular, para decidir si el gobernador, diputados y alcaldes se van o se quedan a la mitad de su administración.
Esa ley es un triunfo de los ciudadanos, que fueron persistentes en su demanda de poder incidir en la toma de decisiones de sus gobiernos y de poder quitarlos si éstos no responden a sus demandas o incurren en actos de corrupción. Otorga el poder de remover a gobernantes, alcaldes y diputados del Estado. En Nuevo León, se establecerá un presupuesto adicional en 2017 y en lo sucesivo a la Comisión Estatal Electoral, para aplicarse en caso de que se dé la revocación de mandato para alguno de los casos considerados en la legislación aprobada.
También se considera emplear el referéndum o la consulta popular, para aprobar o rechazar reformas a leyes estatales y reglamentos municipales, así como el plebiscito o la consulta popular para avalar o rechazar actos y obras públicas de especial trascendencia del Estado o municipios; la consulta ciudadana para aprobar o rechazar un acto o una decisión de interés colectivo en una circunscripción estatal o municipal, y la iniciativa popular para que la ciudadanía promueva proyectos de ley o de reforma sobre cualquier asunto estatal o municipal; la audiencia pública para que la ciudadanía proponga acuerdos y haga peticiones o quejas en forma directa al gobernador y a los alcaldes; y el presupuesto participativo, con el que los vecinos definan y asignen partidas para obras y programas a cargo del presupuesto municipal. Se crearán las contralorías sociales para fiscalizar los programas de gobierno estatal y municipal y, sobre todo, para prevenir abusos al erario y se conformarán consejos consultivos para asesorar, opinar, dar seguimiento y evaluar los proyectos y acciones de la administración estatal o municipal y las asambleas ciudadanas como órganos de representación, consulta, deliberación y decisión de asuntos de carácter social municipal.
Legislación innovadora al permitir al ciudadano estar a un lado de los gobernantes e indicarles las políticas a seguir y posibilita el fin de sancionar a “malos gobernantes”, Así que, si los ciudadanos pensaban que no podían vencer al poder, ya tienen un poderoso instrumento, y la autoridad debe entender que es una herramienta también para ellos, para ir de la mano, y a la par del ciudadano haciendo lo que mejor conviene para el Estado.
Un hecho histórico la Ley de Participación Ciudadana para Nuevo León que atiende el reclamo ciudadano que, por largo tiempo, ha exigido incansablemente se le dé el poder de participar en las decisiones de sancionar y remover a sus gobernantes, cuando estos no cumplan con aquello para lo que los hemos elegido y utilicen este poder en forma egoísta o con actos de corrupción e ineficiencia.
