El jueves 7 de mayo, la Secretaría de Educación Pública difundió el Boletín 161, titulado: “SEP y autoridades estatales acuerdan por unanimidad cambios al calendario escolar 2025-2026 por calor y Mundial de Futbol”. El planteamiento era que el ciclo escolar terminara el 5 de junio y no el 15 de julio, como estaba previsto en el calendario oficial publicado desde 2025 en el Diario Oficial de la Federación. El 5 de junio, más de un mes antes.
Es decir, el análisis sobre las altas temperaturas y el Mundial no nace de una interpretación periodística ni de una lectura maliciosa. Se desprende de una comunicación oficial de la propia autoridad educativa. Por eso vale la pena discutirlo con seriedad.
Al día siguiente, la Presidenta aclaró que la medida todavía era una propuesta. Después vinieron dudas, críticas, estados que empezaron a desmarcarse y familias que no sabían si tenían que reorganizar su vida en cuestión de semanas. El lunes 11 de mayo, la SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar vigente. Es decir, el ciclo concluirá el 15 de julio, como originalmente estaba previsto.
Cinco días. Una decisión anunciada, defendida, matizada y finalmente retirada. Y una pregunta que no debería perderse entre el ruido: ¿Quién pensó que era buena idea mover el calendario escolar de millones de niñas, niños y adolescentes sin explicar primero el sustento técnico, el impacto familiar y las alternativas reales?
No se trataba solo de si las vacaciones empezaban en junio o en julio. Se trataba de alterar el calendario de la educación básica, donde estudian 23.3 millones de alumnas y alumnos, según las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025 de la SEP.
Y eso importa porque México no está en condiciones de tratar el tiempo escolar como si le sobraran aprendizajes. En la medición internacional más reciente disponible, PISA 2022, México quedó por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. En matemáticas, solo 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia; dicho de otra manera, dos de cada tres no llegaron a ese nivel. Además, México se ubicó en el lugar 35 de 37 países de la OCDE evaluados.
PISA no mide si un estudiante memorizó una lección. Mide si puede usar lo que aprende para razonar, resolver problemas y comprender el mundo. Por eso el dato importa. Porque no estamos hablando de una discusión burocrática sobre fechas, sino de tiempo escolar en un país donde los aprendizajes ya vienen lastimados.
La propuesta original habría reducido el ciclo de 185 días efectivos a cerca de 157. No es un ajuste menor. Era casi un mes de clases menos. Y aunque finalmente no ocurrió, el solo hecho de haberlo planteado mostró algo preocupante: una decisión educativa nacional puede anunciarse sin suficiente explicación técnica, sin medición clara del impacto familiar y sin una política real para enfrentar el calor en las escuelas.
El argumento del calor era real. La solución, no. Nadie puede negar que hay escuelas donde estudiar a 40 grados es inhumano. Hay salones sin ventilación adecuada, planteles con problemas de electricidad, patios sin sombra, baños deficientes y comunidades escolares que enfrentan temperaturas extremas sin infraestructura suficiente. Pero la respuesta a una escuela que no puede operar por calor no debería ser cerrar antes, debería ser mejorar sus condiciones.
Ahí está el problema de fondo. El calor no se resuelve con calendario. Se resuelve con infraestructura: agua potable, ventilación, electricidad, sombra, mantenimiento, horarios flexibles cuando sea necesario y protocolos claros por región. La propia estadística oficial muestra que, en educación básica pública, solo 69.9% de las escuelas cuenta con agua potable. Dicho de otro modo: 3 de cada 10 escuelas públicas de nivel básico ni siquiera tienen conexión a la red de agua potable para enfrentar jornadas de calor. Además, solo 35.5% cuenta con conexión a internet. Es decir, antes de mover el calendario nacional, habría que preguntarse por qué tantos planteles siguen operando con carencias elementales.
Porque si la escuela no tiene condiciones para resistir el calor, el problema no es julio, el problema es el abandono material de la escuela.
Y esto debe decirse precisamente hoy, Día del Maestro: no se puede reconocer de verdad a maestras y maestros solo con discursos, si muchas veces les pedimos enseñar en aulas sin agua suficiente, sin ventilación adecuada y sin condiciones materiales dignas. La vocación docente merece respeto, pero también infraestructura.
El Mundial pudo haber sido un factor logístico en algunas sedes, pero no podía convertirse en criterio nacional de política educativa. Y si apareció en el encuadre oficial del Boletín 161, entonces también debía analizarse. No como el único motivo, sino como parte de la explicación pública con la que se comunicó una propuesta que afectaba a millones de familias.
México será sede de partidos en tres entidades: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Pero la modificación habría impactado a estudiantes de todo el país. La pregunta es simple: ¿por qué una medida asociada a un evento deportivo en sedes específicas debía alterar la vida escolar de millones de familias en 32 entidades?
México ya organizó mundiales en 1970 y 1986. Pelé y Maradona paralizaron televisores, plazas y conversaciones, pero no justificaron cerrar escuelas más de un mes antes. El fútbol puede emocionar a un país. Lo que no puede hacer es sustituir la planeación educativa.
Cuando la escuela se adapta al espectáculo y no el espectáculo a la vida pública, el mensaje es preocupante: parece que el calendario educativo se vuelve una variable de ajuste, no una prioridad nacional.
Y luego está el costo que casi nadie calcula en voz alta, aquí viene el porqué te interesa este tema y es que detrás de cada estudiante hay una familia. Hay horarios de trabajo, traslados, comidas, cuidados, gastos, abuelas que apoyan, madres que reorganizan su jornada, padres que buscan quién cuide, negocios que modifican rutinas y hogares donde la escuela no solo enseña: también ordena el día.
Según el INEGI, en México las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los hombres dedican 18.2 horas. La brecha es de 21.5 horas por semana. Si millones de niñas y niños salen antes de la escuela sin una política de cuidados detrás, la carga no cae en abstracto: cae, principalmente, sobre las mujeres. Por eso no era solo “adelantar vacaciones”. Era mover de golpe la vida de millones de hogares.
Una decisión así no puede anunciarse como si fuera ajuste de agenda. Necesita diagnóstico, consulta, calendario alternativo, medición de impacto, coordinación con estados, previsión laboral, comunicación clara y, sobre todo, respeto por quienes sostienen la vida cotidiana cuando la autoridad improvisa.
La marcha atrás fue correcta, pero no cierra el tema. Que la SEP haya mantenido el calendario oficial evita un daño mayor. Eso debe reconocerse. Rectificar es mejor que sostener una mala decisión por orgullo. Pero la rectificación no borra las preguntas que quedaron abiertas.
¿Con qué sustento técnico se planteó terminar el ciclo el 5 de junio? ¿Qué estudios se usaron para calcular el impacto en aprendizajes? ¿Qué análisis se hizo sobre cuidados familiares? ¿Qué estados pidieron realmente el ajuste? ¿Por qué se comunicó una medida de ese tamaño antes de cerrar el consenso? ¿Qué plan existe para enfrentar el calor extremo sin sacrificar clases?
La pregunta no es menor: si el calor extremo ya afecta a escuelas del norte, del sureste y de zonas urbanas pobres, el país necesita una política seria de adaptación escolar al clima. No una ocurrencia anual cuando sube la temperatura.
México sí necesita hablar de calendarios escolares flexibles ante el calor extremo, pero no como ocurrencia nacional. Necesita criterios regionales, diagnósticos por entidad, protocolos de temperatura, horarios adaptables, inversión en agua y ventilación, y reglas claras para que los estados ajusten sin sacrificar aprendizajes.
De hecho, el acuerdo posterior de la SEP reconoció que, ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, pueden realizarse ajustes al calendario escolar conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio. Ahí está la diferencia: una cosa es flexibilidad regional con reglas; otra, mover el calendario nacional con una explicación insuficiente.
Pero esa flexibilidad también requiere cuidado. Si cada entidad ajusta días sin criterios públicos, sin diagnóstico y sin mecanismos de recuperación de aprendizajes, el remedio puede convertirse en fragmentación educativa: un país donde unos estudiantes pierden más tiempo escolar que otros dependiendo de la capacidad institucional de su estado.
Eso implicaría mapear planteles vulnerables, invertir en ventilación y agua, revisar horarios en zonas de calor extremo, fortalecer mantenimiento, prever protocolos por entidad y distinguir entre regiones. No es lo mismo una escuela en Sonora que una en la Ciudad de México. No es lo mismo una primaria con sombra, agua y electricidad que una escuela rural sin condiciones básicas.
La educación no puede administrarse como si todo el país viviera el mismo clima, tuviera la misma infraestructura y enfrentara los mismos problemas.
Y aquí está el punto ciudadano: cuando una autoridad cambia el calendario escolar, no mueve solo una fecha. Mueve la economía familiar, mueve el trabajo de cuidados, mueve el aprendizaje, mueve la organización de los hogares y mueve la vida de millones.
Por eso una política educativa no puede anunciarse primero y explicarse después. Tiene que pensarse antes de comunicarse, tiene que medirse antes de defenderse, tiene que escuchar antes de imponerse y tiene que corregir el problema real, no esconderlo detrás de una fecha.
El calor existe, el Mundial también. Pero ninguno de los dos justifica quitarle al país semanas de aprendizaje sin una razón pedagógica de fondo. México no necesita menos escuela, necesita mejores escuelas.
Escuelas donde el calor no vuelva imposible aprender. Escuelas con agua, sombra, ventilación y condiciones dignas. Escuelas que no dependan del aguante de maestras, maestros, niñas y niños. Escuelas que no tengan que cerrar antes porque el Estado no llegó antes con infraestructura.
Porque si el problema es el calor, la respuesta es inversión, si el problema es el Mundial, la respuesta es planeación, si el problema es el rezago educativo, la respuesta jamás puede ser menos tiempo en la escuela.
La SEP rectificó. Bien. Pero el episodio dejó una advertencia: la educación no puede depender de anuncios apresurados, presiones coyunturales ni cálculos de evento. La escuela es demasiado importante para tratarla como si fuera una agenda flexible.
Una política educativa que se anuncia, se defiende, se matiza y se cancela en cinco días no es una política sólida: es una improvisación que, esta vez, no prosperó. La siguiente vez, ojalá la pregunta llegue antes del anuncio, no después.
Aquí termina el texto, pero empieza una pregunta que hoy, Día del Maestro, debería incomodarnos: ¿cuánto tiempo más vamos a celebrar la vocación docente mientras dejamos que la escuela pública dependa del aguante?
