EN 3 AÑOS DOBLETEA PEÑA DESAPARICIONES
“Gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto. En muchos países las autoridades continúan sometiendo a hostigamiento e intimidación a quienes buscan a los desaparecidos. La lucha por la justicia no debe cesar”, declaró de forma contundente, Salil Chetty, Secretario General de Amnistía Internacional con motivo del reporte especial que la ONU remitió al gobierno federal a causa del alarmante incremento de personas desaparecidas o con paradero desconocido.
Según las cifras reportadas, de 2007 a 2015, se sabe que han desaparecido 27 mil personas en el país: de 2007 a finales del 2012, se habían acumulado cantidad cercana a 12 mil personas desaparecidas –en 6 años 12 mil-. Obviamente no se tienen datos conclusivos por la abultada cifra negra (se estima en el triple de casos que no se registran).
Pero para finales de septiembre de 2015 (en sólo 2 años 9 meses del gobierno priista de Peña) la cifra frisaba la cantidad de 16 mil, –es decir, más de 15 mil desaparecidos durante los dos años y medio de gobierno priista de Peña-. En los 6 años de FeCal, 12 mil desaparecidos reportados; en 2 años y 9 meses de Peña, más de 15 mil desaparecidos. Suma total: más de 27 mil personas desaparecidas.
¿Será acaso que no se quiere dimensionar el problema o que ya admite el gobierno federal –tácitamente- que el problema ya lo rebasó?
En México han desaparecido o están en paradero desconocido más de 27 mil personas. 15 mil, durante el actual gobierno priista de Peña Nieto, según refirieron tanto Amnistía Internacional como la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organismos que externaron todo su apoyo a las víctimas y sus familias.
Pareciera lógico, -no lo es- que el gobierno federal se haga omiso en este problemón ya que, este cúmulo de desaparecidos saca a flote y denota las preocupantes denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y de las fuerzas “del orden” de todos los niveles con quienes operan estas desapariciones, y han sacado a la luz la connivencia entre funcionarios federales, locales y bandas delictivas.
Pero el no admitir tal connivencia o el hacer omisión sobre el tema, no resuelve el asunto ni hace aparecer a los 27 mil desaparecidos, peor aún, no detiene el proceso decadente de más desapariciones.
Tampoco lo resuelve el emitir una Ley General; pero cuando menos, se contaría con un instrumento legal guía. Cuando menos la ley general sobre personas desaparecidas deberá atender las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación y debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias, de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado Mexicano.
No es tarea fácil crear el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y el mecanismo trasnacional, ni implementar la declaración de ausencia por desaparición; tampoco será fácil garantizar la protección de las personas que intervienen en las investigaciones y proveer de una reparación integral, adecuada, efectiva y rápida a las víctimas y apoyos e información relevante a las familias. Pero el Estado Mexicano está obligado a hacerlo si no quiere seguir siendo calificado como un Estado fallido.Urge crear el registro confiable de personas desaparecidas, fortalecer los servicios forenses, garantizar la realización de investigaciones efectivas, eficaces, rápidas, completas, independientes e imparciales.
Los testimonios sobre el problema son aterradores: «En México desaparecen personas y no pasa nada; lo peor es que ya no quieren que las busquemos»; “en la mayoría de los casos las autoridades están implicadas”, afirma Leticia Hidalgo, fundadora y presidenta de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundnl), quien además señala que ese Estado al igual que el Estado de México, es una de las cinco entidades que concentran la mayoría de casos, “particularmente porque los gobiernos priistas y sus procuradores o ex procuradores, se han negado a investigar las denuncias que involucran a agentes del Estado, y sólo se han concentrado en atender casos de organizaciones que reciben recursos económicos del gobierno neoleonés o mexiquense e involucran incluso a organismos internacionales que participan en la simulación”.
El llamado modelo Nuevo León del protocolo de búsqueda inmediata que aplica el gobierno, en coordinación con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), es una Alerta AMBER sin fuerza y sin alma dice: “es una mentira” desvergonzada, reitera.
“Es criminal que digan que hay resultados. Debería existir un protocolo de búsqueda. Esas “desapariciones” que han investigado no son en el contexto de un crimen de desaparición, sino de personas que voluntariamente se fueron de su casa y regresaron o los encuentran, o mujeres que se han ido de escapada con sus novios o amantes. Ese ‘modelo’ es pura simulación, producto de los millones de pesos que han invertido los gobernadores de esos estados en su imagen, nada más.” Concluye.
Ninguna entidad de la República puede llamarse ‘modelo’ a seguir para la búsqueda si las desapariciones aumentaron en este sexenio casi al doble y de cada 100 personas desaparecidas reportadas esporádicamente encuentran a una.
