Disidencias

 
Ayer se celebró el Día del periodista en nuestro país. Una de las profesiones más peligrosas para ejercer en México desde hace varios años.
    Datos públicos indican que del año 2000 al 2017 se han asesinado a 131 periodistas en todo el país. Tan solo en el anterior 12 perdieron la vida, y en la administración de Enrique Peña Nieto van 40 periodistas asesinados por el ejercicio de su trabajo.
    Esto a pesar de haberse implementado el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, al que se le ha destinado recursos millonarios con magros resultados. Muchos de los periodistas asesinados en este sexenio estaban bajo el cobijo de las acciones de este mecanismo, pero fueron insuficientes.
    El problema es estructural, y es la impunidad que rodea los asesinatos estos profesionales. No hay consecuencias contra los autores de los delitos cometidos contra periodistas.
    La situación se torna preocupante porque estos profesionales mueren por realizar su labor informativa, trabajo que en ocasiones no gusta a grupos de poder políticos o delincuenciales, provocando estas reacciones violentas en contra de ellos que van desde las amenazas, el secuestro o la muerte de ellos o incluso de sus familiares. No son pocos los que han buscado fuera de nuestro país la ayuda que no se les ha proporcionado en México, saliendo de forma temporal o definitiva.
    Esta situación existe bajo un velo de complicidad del estado mexicano, ya sea por omisión o por acción en estos asesinatos, pero sobre todo por su incapacidad para ofrecerles garantías a los periodistas mexicanos para realizar su trabajo de informar a la sociedad.
    Muchas de las muertes han quedado en la impunidad y no es coincidencia que el más del 50% de actos de violencia contra periodistas se han visto involucrados funcionarios públicos.
    La muerte de periodistas afecta doblemente a la sociedad, por un lado violenta su derecho a la información al callar una fuente de información y por el otro fortalece a los grupos de poder en México que se sienten con la capacidad de decidir quien vive y quien muere, al verse tocado sus intereses.
    Muchas tareas quedan pendiente en México. La actuación del gobierno federal, con toda la estructura para atender la violencia contra la libertad de expresión, ha quedado rebasado o se ha dejado rebasar.
    Resulta urgente medidas para garantizar el derecho a la información y la libertad de prensa a la sociedad mexicana, pero sobre todo el libre ejercicio de los trabajadores de los medios de comunicación que en un estado democrático deben tener garantizado poder realizarlo sin ningún problema. Qué nos falta.