INFORME: RENDICIÓN DE CUENTAS; ¿Y EL COMBATE A LOS CORRUPTOS?

Antes de que se pusieran en práctica en el país instrumentos serios de control, herramientas de rendición de cuentas, y eficientes medios de auditoría, el único momento en que la población tenía para enterarse del orden que guardan las cosas en México y en la administración del país, era el Informe Presidencial, y en cada Entidad el Informe Anual del Gobernador.
    A partir de 2009 los controles son mayores y la seriedad de las auditorias y supervisiones al uso y gasto de los recursos públicos dan más confiabilidad al ejercicio del erario. Pero falta mucho en el combate a la corrupción y encarcelamiento y castigo a los corruptos.
    Las instituciones tienen que generar incentivos que dificulten los actos de corrupción a través de la transparencia, la fiscalización y un código de integridad de los servidores públicos que vayan más allá del tiempo en que ocupan el cargo, considera Janos Bertok, titular de la División del Integridad en el Sector Público de la OCDE: “la corrupción anida en la opacidad, por lo que es importante abrir las distintas áreas del Gobierno”.
    No debe terminar allí la cadena: hay que castigar al corrupto. Resumamos el asunto: menos presos políticos, más políticos corruptos presos.
    Toco el tema dado que el Gobernador del Estado emite su mensaje de política pública con motivo del 3er Informe de Gobierno y en la PGR, se investigan, a una lentitud que provoca sueño y suspicacias, 55 denuncias o demandas por desvíos de fondos del erario público federal contra funcionarios de gobiernos estatales que entre 2008 y 2012 desviaron suma superior a los 8 mil millones de pesos.
    La falta de una fiscalización adecuada y de un esquema unificado de rendición de cuentas facilita que los Estados –y la Federación- desvíen o tengan un subejercicio de los presupuestos; y si a esto se suma que, una vez descubierto el desvío o el peculado, las autoridades responsables de encarcelar y enjuiciar al servidor público desleal y corrupto, los protegen en lugar de encarcelarles, el desastre se vuelve total.
    Hace meses la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente ante la PGR tales desvíos cometidos en los años 2008, 2009, 2010, y 2011. El monto global de los recursos desviados suma 8 mil 031 millones de pesos. Veracruz suma 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
    Los recursos federales que se desviaron y se simularon los reintegros, pertenecen a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) -entre otros-. En Tabasco, tales desvíos fueron operados por los ex Secretarios de Salud (Luis Felipe Graham Zapata), Educación (Rosa Beatriz Luque Green) y Seguridad Pública (Sergio López Uribe). Ninguno de ellos está en la cárcel.
    Estos recursos tienen una significativa importancia para las entidades federativas, ya que equivalen al 90% de sus ingresos totales; para los municipios representan el 74%.
    Ni Graham, Luque Green o López Uribe están en la cárcel, ni han devuelto lo que se carranzearon.
    ¿Cómo operaron los desvíos?: la ASF les realizó observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente; “reintegraban a una cuenta” la cantidad observada por la ASF; luego le mostraban a la ASF un comprobante de dicho “reintegro”.
    Una vez que la ASF daba por solventada la observación, sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados. A la fecha -2015- no se tiene conocimiento preciso sobre su destino final.
    ASF descubrió esta transa al realizar un seguimiento de observaciones hechas en las revisiones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011 y requerir a los estados para que informaran sobre la utilización de los recursos que habían reintegrado sin que los transas pudieron comprobar en qué efectivamente usaron los recursos.
    Las primeras denuncias -agosto de 2013- en contra del Gobierno de Tabasco de Andrés Granier y las últimas -noviembre de 2014- contra Veracruz (que acumula 15).
    Hasta la fecha, la PGR, no ha avanzado en nada sobre tales asuntos.
    Esa subcultura de la corrupción y el desvío de fondos la impuso por 72 años el pri; estableció leyes para proteger a los desfalcadores y defraudadores afines a sus gobiernos y partido. Pese a las irregularidades documentadas, la ASF alertó que la legislación obsoleta y laxa que hay en cada entidad –aprobada por gobiernos priistas- hace casi imposible la aplicación de responsabilidades a los servidores públicos corruptos locales.
    “Las disposiciones legales en materia de responsabilidad de los servidores públicos ocasionan que, en un 18.8%, las responsabilidades administrativas que la ASF promueve se encuentren prescritas en el momento de la auditoría. Inclusive, dicho porcentaje, al cabo de un año, alcanza el 43.8%”.
     La ASF detectó que 8 mil 031 millones de pesos se aplicaron a obras, acciones y conceptos que no corresponden con los fines de los fondos de participaciones ni con programas públicos, que se registró la cantidad de 4 mil 330 millones de pesos en el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.
    La ASF reportó que las entidades que concentraron la mayor proporción del monto observado fueron Veracruz, con 17.3%; Michoacán, con 9.9%; Jalisco, con el 8.6%; y Estado de México, con el 5.6%, gobernadas por el PRI, y Chiapas, donde gobierna el PVEM, con el 5.2% de observaciones.