El Uppsala Data Program de la Universidad sueca del mismo nombre es un proyecto académico que brinda seguimiento al origen, la evolución y el seguimiento del crimen organizado en el mundo entero. De acuerdo a los conceptos del programa referido existe un “conflicto armado” en aquella porción territorial donde suceden al menos 25 muertes en combate donde una parte de los caídos pertenecen al gobierno en un año calendario. Si nos atenemos a esa definición buena parte del territorio nacional vive un “conflicto armado”.
Al menos en esa hipótesis se encontrarían Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, de acuerdo a los datos oficiales y aquellos reportados por los medios. El asunto no es menor. Por lo menos, la tercera parte del país vive condiciones de fragilidad institucional.
En ese contexto podría ser explicable el amplísimo editorial de casa del Diario de Juárez publicado ayer domingo intitulado “¿Qué quieren de nosotros?” el cual, de plano, no tiene desperdicio, razón por la cual me permito reproducir partes centrales: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable… queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos…. Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar. Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas …hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas. En ese encuentro…respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes. Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”. A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías”.
Lo anterior es producto de la desesperación de lo que se comenta en privado y ahora se empieza a discutir en público. Distintos medios viven en carne propia la presión de los poderes de hecho. Así, por ejemplo, en Sonora el diario El Imparcial y en Sinaloa El Debate han sufrido represalias por cumplir con su misión de informar con veracidad y es el caso de muchos otros más. La creación de las fiscalías especiales para la atención a agravios cometidos en perjuicio de periodistas ha resultado infructuosa.
Habría que recordar una y mil veces que lo más grave al perder la vida un reportero no sólo es el dolor familiar, sino las restricciones por aproximaciones sucesivas al derecho a la información de los gobernados.
Evillanueva99@yahoo.com
Al menos en esa hipótesis se encontrarían Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, de acuerdo a los datos oficiales y aquellos reportados por los medios. El asunto no es menor. Por lo menos, la tercera parte del país vive condiciones de fragilidad institucional.
En ese contexto podría ser explicable el amplísimo editorial de casa del Diario de Juárez publicado ayer domingo intitulado “¿Qué quieren de nosotros?” el cual, de plano, no tiene desperdicio, razón por la cual me permito reproducir partes centrales: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable… queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos…. Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar. Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas …hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas. En ese encuentro…respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes. Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”. A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías”.
Lo anterior es producto de la desesperación de lo que se comenta en privado y ahora se empieza a discutir en público. Distintos medios viven en carne propia la presión de los poderes de hecho. Así, por ejemplo, en Sonora el diario El Imparcial y en Sinaloa El Debate han sufrido represalias por cumplir con su misión de informar con veracidad y es el caso de muchos otros más. La creación de las fiscalías especiales para la atención a agravios cometidos en perjuicio de periodistas ha resultado infructuosa.
Habría que recordar una y mil veces que lo más grave al perder la vida un reportero no sólo es el dolor familiar, sino las restricciones por aproximaciones sucesivas al derecho a la información de los gobernados.
Evillanueva99@yahoo.com
