Los personeros del grupo político que fue desplazado del poder en Tabasco, andan diciendo que el gobernador Javier May Rodríguez, en sus afanes de venganza contra esa agrupación, ha metido en un embrollo a la presidenta Claudia Sheinbaum con el caso Hernán Bermúdez Requena el cual quieren hacer creer que se trata de un asunto político para dañar la imagen de su jefe político, el senador Adán Augusto López Hernández.
Nada más falso. Eso quisieran, que fuera un asunto político, pero se trata de un asunto de justicia, legal, que la misma presidenta ha dicho y reiterado, cada vez que es preguntada en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, que en este caso se llegará hasta el fondo.
No dejaremos de insistir, desde este espacio, que lo que sucedió fue un hecho gravísimo que debe ser duramente sancionado porque se puso en riesgo la tranquilidad e integridad de los tabasqueños al permitir que delincuentes dirigieran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por eso insisten en que se trata de un asunto político, para quitarle presión a su jefe político que permitió y toleró esta aberración y además es señalado, acusado de estar implicado con las actividades ilícitas reportadas en informes de inteligencia militar y multicitados por la prensa nacional que no ha quitado el dedo del renglón sobre este tema que todavía dará mucho más que hablar.
Cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, hizo pública la orden de aprehensión de Bermúdez Requena, en una entrevista radiofónica, no lo hizo mutuo propio sino con la autorización presidencial, ni siquiera de su superior jerárquico por las implicaciones políticas que esa revelación tendría.
Ni Jaime Lastra ni Nicolás Bautista, cuando estuvieron al frente de la FGE en el sexenio del horror, movieron un solo dedo para investigar a Bermúdez Requena por la sencilla razón que era uno de los suyos, la cabeza visible de la organización criminal que se creó al amparo del poder: “La Barredora”.
Eso lo dijo el general López Martínez en la entrevista con otras palabras. Jamás hubo una carpeta de investigación contra nadie de los señalados por los informes de inteligencia militar y que integraban la estructura criminal de esa célula delictiva adherida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esa fue la razón por la que, en noviembre de 2024, desde la Presidencia de la República, se dio luz verde para abrir una indagatoria en contra del llamado “Comandante H”. La orden siempre ha provenido desde el más alto nivel y por una razón fundamental: nada que ligue a su mandato con el crimen organizado ni en su trato con gobernadores sean del signo político que sean.
Para febrero, la carpeta de investigación estaba más que completa y por eso se le solicitó a un juez de control que obsequiara la orden de captura, lo cual ocurrió el 14 de febrero, irónicamente el día del amor y la amistad.
Y como la fiscalía estaba infiltrada por gente que desde esa representación social servían a “La Barredora” le dieron el pitazo y por eso tuvo tiempo de huir a Panamá. Uno se pregunta por qué decidió irse a ese país centroamericano. La explicación es sencilla: es un paraíso fiscal donde el crimen organizado oculta y lava el dinero mal habido, que se hizo conocido con el escándalo de los “Papales de Panamá”, la infiltración de millones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, en la que se supo que políticos, narcos, escritores, gobernantes y figuras del espectáculo mundial ocultaban sus bienes y patrimonio.
Seguramente ahí tiene o tenía oculta parte de sus ilícitas ganancias generadas con el huachicol, la extorsión, el secuestro, que son los delitos que se le imputan, pero también del tráfico de migrantes y de armas, la trata de blancas y cualquier otra ilícita actividad, porque el “Comandante H” lo controlaba todo y por eso se dio la fractura, según se dice, por la disputa del enorme botín.
Que las instituciones de seguridad del estado hayan sido infiltradas por el crimen organizado y que unos de sus miembros las encabezaran es lo que llevaron a la pérdida de la confianza ciudadana, la gente quedó expuesta al capricho y voluntad de estos individuos que no se tentaban el corazón para eliminar rivales o a personas que les estorbaban.
OJOS, OREJAS, FILTRACIONES
No me imagino cómo serían las reuniones en la Mesa de Seguridad si los principales participantes estaban ligados a la delincuencia organizada. No había ninguna seguridad de que lo que ahí se informaba, si es que en verdad se informaba, no llegara al oído de los malandros, pues Bermúdez y compañía eran los ojos y oídos de “La Barredora”.
Hasta ahora el “Comandante H” es el único perseguido, pero no creo que hasta ahí se quede la investigación. Como ya lo ha dicho el secretario de Gobierno, caerán otros, porque el daño que le causaron a Tabasco es imperdonable.
Es estrictamente un asunto de justicia, que sin duda tiene implicaciones políticas, dada la gravedad del hecho, porque desde el poder se permitió que Tabasco se sumergiera en un baño de sangre y la ciudad capital fuera percibida por la ciudadanía como la más peligrosa del país.
Una de las estrategias de los grupos criminales es infligir temor, miedo en la población, para tenerla sometida, paralizada, y así poder ejercer todo su poder y tener controlada la plaza a sus anchas, se sentían impunes, intocables si la autoridad que debía perseguirlos estaba de su lado, era parte de ese modelo criminal que prevaleció en el sexenio pasado.
Por más que quieran alegar que no sabían lo que hacía Bermúdez Requena no podrán quitarse el estigma de haber sido copartícipes, así sea por omisión, de la captura del estado por un grupo criminal al que encumbraron al nombrar a un delincuente como jefe de la policía estatal.
Creyeron que porque Javier May es del mismo partido no se haría nada, se taparía el asunto y ellos quedarían impunes. Se equivocaron rotundamente porque ni la presidenta ni el gobernador pactan con delincuentes. Y el que la hizo la tendrá que pagar. Así de claro.
>