Se acabó la tregua. Los medios nacionales han vuelto a enfocar los reflectores en el controvertido senador Adán Augusto López Hernández, no solo porque compró “miles” de ejemplares del último libro, “Grandeza”, de Andrés Manuel López Obrador para regalárselos a los senadores del Grupo Parlamentario de Morena y para que estos a su vez los obsequien a quienes ellos quieran, un acto de oportunismo político.
Y como todo es oscuro, opaco, en la vida pública del exgobernador tabasqueño, declaró que no sabe cuánto se gastó en adquirir esos ejemplares. Según el diario El Universal, López Hernández se abría gastado unos siete millones de pesos si resulta real el dato de que compró 17 mil libros.
Si algo ha caracterizado a Adán Augusto es su falta de transparencia y rendición de cuentas. Según él, el costo de los libros no se los cargó al Senado de la República, sino que salió de su propio bolsillo.
Con ese “gesto” quiso congraciarse con los integrantes de su bancada en la que no todos lo ven con buenos ojos por ser un tipo taimado y poco de fiar. Como dice un dicho muy tabasqueño: “no le den por bueno”.
No es la única noticia relacionada con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Han sido publicados trabajos de investigación periodística que contradicen la versión sostenida por Adán Augusto de que no “sabía” que Hernán Bermúdez Requena estaba vinculado a actividades delictivas desde la década de los 90.
Ese argumento no se sostiene, resulta ser falso: su notaría avaló la constitución de empresas de seguridad privada desde 1998, año en que Hernán y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, distribuían cocaína en bares y antros de Villahermosa, de acuerdo a informes de inteligencia militar.
Para esas fechas, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya era “persona de interés” para los órganos de inteligencia del ejército, principalmente de la 30 Zona Militar. Seguían de cerca sus movimientos, los cuales documentaron, muchos de ellos salieron a la luz pública cuando hackearon el servidor de la Sedena, las famosas filtraciones de Guacamaya Leaks.
La mentira ha sido una constante en la conducta de Adán Augusto. No es un hombre de palabra, mucho menos confiable. Quienes lo conocen lo describen como un hombre rencoroso, vengativo y ese comportamiento tiene que ver con sus malas experiencias vividas en su adolescencia. Pero esa es otra historia.
MODO DE OPERAR
El Universal recientemente publicó un trabajo de investigación sobre los vínculos entre Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, líder presunto del grupo criminal "La Barredora".
Bajo el título "Adán avaló empresas de seguridad del Líder de 'La Barredora'; todas siguen operando", el texto desentraña un entramado de posibles conflictos de interés que merece una reflexión profunda, no solo por sus implicaciones éticas, sino por lo que revela sobre la permeabilidad entre el poder público y los negocios privados en contextos de alta vulnerabilidad como la seguridad.
En esencia, el reportaje documenta cómo López Hernández, durante su etapa como notario público en Villahermosa, participó en la constitución o modificación de al menos dos empresas de seguridad privada ligadas a los hermanos Bermúdez Requena: SEVIPRO, fundada en 1998, y otras como Multicolores Integrados, Agentes de Protección y Servicios Logísticos en Seguridad Profesional.
Estas empresas, creadas entre 1995 y 2009, recibieron avales notariales de Adán Augusto y, pese a irregularidades detectadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —como licencias vencidas en 2020—, continúan operando sin figurar en la "lista negra" del SAT.
Lo más alarmante es que, ya como gobernador de Tabasco en 2019, López Hernández nombró a Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ignorando —o tal vez solapando— estos lazos empresariales que podrían constituir un claro conflicto de intereses.
UN MAL DE RAIZ
Esta historia no es solo un escándalo tabasqueño, sino un síntoma de un mal sistémico en México: la colusión entre funcionarios y redes criminales disfrazadas de legitimidad empresarial.
"La Barredora", un grupo señalado por extorsión, secuestro y asociación delictuosa, no surge de la nada; se nutre de conexiones como estas, donde un notario y senador de Morena firma documentos que habilitan operaciones dudosas.
Es particularmente perturbador que, incluso hoy, en diciembre de 2025, estas firmas —incluyendo Impacto Seguridad Profesional, donde un colaborador asesinado en 2002 aún aparece en los registros— siguen activas y con los mismos representantes legales.
Ese colaborador no es otro que Ramón Requeijo Abad, quien apareció muerto y encajuelado en un carro en el Estado de México en 2002, en ese tiempo Bermúdez Requena era socio del occiso y subsecretario de Prevención y Readaptación Social en el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
Esto plantea preguntas inevitables: ¿Cuántos contratos gubernamentales han fluido hacia estas entidades? ¿Cómo se garantiza la transparencia en un sector tan sensible como la seguridad privada, que a menudo roza con la impunidad?
Adán Augusto, hoy líder de Morena en el Senado, ha defendido públicamente su gestión, pero El Universal lo pone en una posición incómoda. No se trata de una acusación infundada —los documentos del Registro Público del Comercio son evidencia tangible—, sino de un llamado a la rendición de cuentas.
En un país donde la corrupción erosiona la confianza en las instituciones, publicaciones como la de El Universal son vitales para exigir investigaciones independientes, posiblemente por la Fiscalía General de la República (FGR) o la Auditoría Superior de la Federación.
Ignorarlas sería perpetuar un ciclo donde el "aval" notarial se convierte en puente hacia el crimen organizado.
