A medida que se conocen todas las arbitrariedades y atropellos cometidos durante el sexenio pasado en Tabasco, mayor indignación causa la impunidad con la que actuaron quienes, al amparo del poder, se asociaron para cometer toda clase de ilícitos. Pero ahora la decisión que espera el pueblo es que se ejecute la ley contra los maleantes, para sanar al país.
Lo más preocupante es que en esa asociación delictuosa hayan participado notarios públicos que aprovecharon su cercanía con Adán Augusto López y Carlos Merino, para transar y despojar del patrimonio a personas que lo construyeron con esfuerzo o lo heredaron de sus padres.
La historia contada por el empresario gasolinero Ramón Martínez Armengol, acerca del despojo del que fue víctima por parte del exjefe policiaco Hernán Bermúdez Requena —y para lo cual el llamado “Comandante H” utilizó los servicios del notario Guillermo Narváez Noverola, hijo del rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio—, es solo una de tantas.
Es vox pópuli que durante el sexenio pasado operó un denominado “cártel de los notarios”, entre los que figuran Jaime Lastra Bastar, Emilio Antonio Martínez Escobar, Enrique Priego Oropeza y Narciso Rovirosa Andrade, quienes se confabularon con delincuentes para despojar a ciudadanos de sus bienes o para crear empresas fachada que encubrieran operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En esa lista también estaba el notario público número 1, Jorge Armando González Vargas, cuya notaría se ubicaba en el municipio de Jalapa y que recientemente cayó en desgracia. El 28 de noviembre fue obligado a renunciar porque se pasó de la raya en eso de delinquir bajo el amparo del poder y del FIAT que en 1982 le otorgó el exgobernador Leandro Rovirosa Wade.
De sus actos delictivos, cometidos durante muchos años —y que en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez le costaron una suspensión—, se enteró quien tenía que enterarse. La orden fue fulminante: renuncia o cárcel.
La versión oficial, publicada en algunos medios, fue que renunció por su “avanzada edad” y por problemas de “salud”. Pero será de la salud pública.
Lo cierto es que era un notario voraz que creía gozar de la protección del jefe de los notarios tabasqueños: Adán Augusto, quien, por cierto, le había levantado la suspensión para que volviera a las andadas.
Sin embargo, en junio de 2022 la Secretaría de Gobierno —ya en el interinato de Carlos Manuel Merino Campos— lo sancionó de manera definitiva y lo separó del cargo de notario público número 1 en Jalapa. No podían seguir ocultando las triquiñuelas.
Esta medida se reportó públicamente como resultado de una investigación administrativa, aunque nunca se detallaron públicamente los motivos específicos, posiblemente relacionados con graves irregularidades en el ejercicio notarial.
González Vargas promovió un juicio de amparo (expediente 1455/2021-III) ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Tabasco en contra de actos del Juez de Control y Oralidad de la Región Tres de Jalapa. Finalmente obtuvo sentencia favorable y pudo seguir cometiendo sus fechorías.
Este fedatario se prestaba a los “negocios” que le proponían para despojar de propiedades —ranchos, casas, locales comerciales— a determinadas personas; por eso, en ese bajo mundo era conocido como “el 20 %”, la tajada que se llevaba por cada escritura falsa que certificaba.
Cuando Hernán Bermúdez era jefe de la policía estatal se cometieron innumerables atropellos y despojos de bienes muebles e inmuebles con total impunidad. El cártel de los notarios operó a sus anchas, se sintió intocable y dañó la vida y el bienestar de decenas de familias.
UN CALVARIO DE CRUCES
Socios y amigos de Adán Augusto se aprovecharon de esa circunstancia para cometer todo tipo de abusos. Uno de ellos es el empresario Sergio Cruces, a quien un banco le embargó y remató una plaza comercial por una deuda no saldada. Hay testimonios suficientes.
Un hombre de negocios la compró legítimamente. Al enterarse, Cruces recurrió a uno de esos notarios mafiosos para suscribir contratos de arrendamiento con rentas irrisorias (mil pesos) y así complicar al nuevo dueño el pleno usufructo de la propiedad.
Cuando Adán Augusto llegó al gobierno, Cruces aprovechó su amistad con el hoy senador para cometer una gran injusticia: metió a la cárcel al nuevo propietario y a su esposa. Esa privación ilegal de la libertad a la postre le costó la vida al señor. Hasta la fecha, los hijos no han podido recuperar la totalidad de la plaza comercial. Este empresario ladrón se ha salido con la suya.
No es el único notario que hace mal uso del FIAT. Está también un familiar de González Vargas, Joaquín Antonio González Valencia (notario número 16), cuya notaría se encuentra cerca del campus de la Universidad del Valle de México en la avenida México.
Una respetable dama tuvo la desgracia de haber sido su vecina y víctima: heredó de sus padres una casa en la colonia El Bosque, vivió allí muchos años, luego construyó otra vivienda en una zona residencial y dejó desocupada la primera sin prisa por venderla o alquilarla.
El notario González Valencia se dio cuenta y, como vil delincuente, maquinó para despojarla de su patrimonio. Al percatarse la señora, han simulado sucesivas operaciones de compra-venta para impedir que recupere la propiedad.
Uno se pregunta cómo es que la Secretaría de Gobierno permite que este cártel de notarios siga actuando con total impunidad. El gobernador Javier May Rodríguez ha reiterado infinitas veces que no hay impunidad para nadie, menos para los delincuentes.
Entonces, ¿cómo se toleran todos estos atropellos contra personas honorables y trabajadoras? Lo peor que le pudo haber pasado a Tabasco y a los tabasqueños es que Adán Augusto López Hernández haya llegado a ser gobernador: institucionalizó el crimen, la corrupción y otorgó licencia para delinquir a su grupo de notarios.
Creemos que es cuestión de tiempo para que se cumpla el mandato del pueblo: ningún pacto con el cartel de notarios, como ya aplica con los huachicoleros y las bandas criminales.
