El 5 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación contra Paul Campo, un exagente de alto rango de la DEA (Administración para el Control de Drogas) con 25 años de servicio, retirado en 2016 como subdirector de Operaciones Financieras, y su asociado Robert Sensi.
Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero, relacionados con una operación encubierta donde acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares en ganancias ilícitas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado en febrero pasado.
La operación involucró a un informante confidencial que se hizo pasar por miembro del CJNG, y los acusados no tuvieron contacto real con el cártel, según documentos judiciales.
Entre las actividades planeadas se incluían la conversión de 750 mil dólares en criptomonedas, el pago por 220 kilogramos de cocaína, valorados en 5 millones de dólares, asesoría en producción de fentanilo y la adquisición de drones comerciales, rifles AR-15, M4, M16, lanzagranadas y RPG para el CJNG.
Las fuentes no confirman que Sensi haya sido agente de la CIA; algunas publicaciones independientes lo describen como "presunto cómplice dentro de la CIA", pero los documentos oficiales lo identifican solo como asociado de Campo.
Obviamente, nunca lo van a admitir, se curan en salud. Hay antecedentes de que la CIA trabajó con Pablo Escobar, el emblemático líder del Cártel de Medellín, y con el Cártel de Guadalajara, comandado en esa época, años 80, por el jefe de jefes: Miguel Ángel Félix Gallardo.
El caso se basa en grabaciones, correos y geolocalizaciones de una investigación que comenzó en diciembre de 2024.
En México, este caso ha pasado casi de noche, no obstante que algunos medios nacionales le han dado cobertura, no ha sido significativa ni le han dedicado amplios reportajes como el seguimiento que han hecho de detenciones locales de narcos.
Sin embargo, en medios tradicionalmente ligados a la derecha o conservadores, como Reforma, El Universal o Milenio, la cobertura ha sido limitada o inexistente hasta el momento.
Búsquedas específicas en sus sitios no arrojan artículos directos sobre este caso; en cambio, priorizan noticias locales sobre detenciones de células del CJNG en México. Excélsior publicó una nota el 5 de diciembre, titulada "Infiltración en la DEA: acusan a exagerante de ayudar al CJNG en narcoterrorismo", pero es breve y no profundiza en implicaciones políticas.
Además, el gobierno mexicano solicitó información oficial a su par estadounidense el miércoles pasado, sabedor de la importancia y la trascendencia de este espinoso asunto.
Se pueden inferir razones basadas en patrones periodísticos observados en México, donde los medios responden a dinámicas políticas, económicas y de acceso a información, al sesgo ideológico y a la alineación con el gobierno del presidente Donald Trump.
Hay una razón muy evidente: el caso contradice —y de forma muy contundente— la narrativa oficial que el gobierno de Estados Unidos ha sostenido durante décadas sobre su lucha contra el narcotráfico, especialmente en tres puntos importantes:
La supuesta integridad moral y profesional de sus agencias; el discurso de México es el problema, EE.UU. es la solución y la designación del CJNG como “organización terrorista extranjera” (FTO por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca ha acusado repetidamente a México de tener instituciones “corruptas e infiltradas” por el crimen organizado. Este caso muestra que un subdirector de Operaciones Financieras de la DEA, uno de los puestos más altos y sensibles de la agencia, estuvo dispuesto, después de retirarse, a lavar millones de dólares, asesorar en producción de fentanilo y armar con lanzagranadas y rifles de asalto al cártel que Washington mismo designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Es el nivel más alto de corrupción documentada en la DEA en décadas.
La administración Trump y varios congresistas republicanos han insistido en que el problema del fentanilo y la violencia está del lado mexicano, y que su país solo aporta “buenos agentes” y cooperación técnica.
Este escándalo revela que, al menos en este caso, fueron exfuncionarios estadounidenses de élite los que ofrecieron activamente servicios criminales al CJNG, no al revés.
Apenas diez meses antes de la detención, el Departamento de Estado incluyó al CJNG en la lista de FTO, la misma donde están ISIS, Al Qaeda y Hezbollah.
SON “HONESTOS”, PERO DELINCUENTES
Que un ex número 3 de la DEA se ofrece a comprar RPG, lanzagranadas y drones para la misma organización que su propio gobierno califica de terrorista resulta, como mínimo, incoherente y profundamente incómodo para Washington.
El Departamento de Justicia lo presentó como un caso aislado de “dos individuos corruptos” que actuaron después de retirarse.
La DEA emitió un comunicado breve diciendo que “la inmensa mayoría de sus agentes son honestos” y que la investigación fue interna. Es decir, ellos mismos descubrieron y detuvieron a Campo.
Los medios estadounidenses de mayor alcance, como The New York Times y la cadena televisiva CNN, lo cubrieron, pero rápidamente pasó al interior y no se convirtió en escándalo nacional como sí ocurrió con casos mexicanos, como las detenciones de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, entre otros.
El caso contradice frontalmente la postura moralista y de superioridad institucional del gobierno estadounidense que ha usado contra México en materia de narcotráfico.
Es, objetivamente, el ejemplo más grave de corrupción de alto nivel en la DEA del que se tiene registro público, y ocurre justo cuando Washington más ha endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos.
Por eso resulta tan incómodo para ciertos sectores políticos y mediáticos, tanto en Estados Unidos como en México, que prefieren mirar para otro lado o minimizarlo. Definitivo, no miden con el mismo rasero.
Si el corrupto es mexicano es “prueba irrefutable de que México es un narco-Estado”, pero si el corrupto es un alto mando de la DEA, entonces es un “caso aislado de dos individuos, la institución es sana”.
Y por eso muchos en México, y en América Latina, ya no creen ni una palabra del discurso moralista de Washington sobre el narcotráfico.
