Este lunes, el Congreso del Estado de Tabasco clausura el primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 65 Legislatura.
Lo hará más con pena que con gloria, ya que su actuación ha sido decepcionante. Sus actuales integrantes no se distinguen de sus antecesores y no han marcado ninguna diferencia.
Hace ya muchas legislaturas que el debate y la discusión de temas estatales de mayor trascendencia han estado ausentes. Se extrañan aquellos acalorados debates que se protagonizaban desde la tribuna, como el enfrentamiento público entre José Antonio de la Vega Asmita (PAN) y Jesús Alí de la Torre (PRI).
O cuando el PRD era una verdadera oposición y, si bien no ganaba las votaciones —porque el PRI imponía su mayoría—, al menos en el debate les daba una revolcada a los diputados priistas.
Eso ya es historia lejana, que las nuevas generaciones desconocen por completo, porque sus actuales representantes populares ni discuten ni defienden sus posturas. No pasa nada en el Congreso: es un elefante blanco, mudo y sordo.
En parte, esta parálisis legislativa se debe a la falta de experiencia y capacidad de la mayoría de los integrantes de la 65 Legislatura. Si bien presentan iniciativas y exhortos de todo tipo —incluso ocurrencias— y aprueban reformas constitucionales necesarias, el Congreso no se ha convertido en un verdadero contrapeso ni en el escenario de las grandes discusiones sobre asuntos de la vida pública del estado.
Cada martes y jueves, hacen lo que tanto se ha criticado a quienes los antecedieron: calentar la curul. Nadie se salva, sea de la bancada que sea. En Morena, varios han sido una decepción; ni qué decir de sus aliados, PVEM y PT, pero también dan pena ajena los del Movimiento Ciudadano, PRD y PRI.
No discuten, no debaten. El pleno simplemente cumple con aprobar o rechazar iniciativas, puntos de acuerdo o lo que les presenta la Mesa Directiva. Ni siquiera destacar los que ya han sido legisladores locales y federales. Son iguales de grises que los de menor experiencia legislativa.
Presumen sus antecedentes y su hoja curricular, pero en la actual legislatura —que hoy clausura su primer período ordinario de sesiones— no hay nada digno de resaltar y sí mucho que criticarles por esa pasividad e indolencia con la que han accionado.
Por algo no son bien vistos por los ciudadanos cuando se les pregunta su opinión sobre el trabajo legislativo.
La baja percepción ciudadana hacia los diputados, tanto locales como federales, en México es un fenómeno persistente, reflejado en diversas encuestas nacionales e internacionales.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, las Cámaras de Diputados y Senadores se ubican consistentemente entre las instituciones con menor confianza y mayor percepción de corrupción, solo por detrás de los partidos políticos y la policía.
Muchos mexicanos sienten que los diputados no representan sus intereses ni toman en cuenta sus opiniones. Las encuestas del CESOP (Cámara de Diputados) y la ENCIG muestran que una mayoría percibe que “las personas como yo no tienen voz” en las decisiones legislativas, y que los legisladores priorizan intereses partidistas o personales sobre los públicos.
El Congreso es visto como ineficaz en la resolución de problemas nacionales (seguridad, economía, corrupción.
Latinobarómetro 2024 indica solo un 24% de confianza en el Congreso a nivel regional, con niveles históricamente bajos en México, (alrededor del 20-30% en décadas anteriores).
Esto se agrava por la polarización, los bloqueos legislativos y la percepción de privilegios, como el fuero o los altos salarios.
Los diputados están estrechamente ligados a los partidos, que tienen la peor imagen de confianza por debajo del 30% en múltiples sondeos. La desconfianza en los partidos se traslada directamente a los legisladores.
En Tabasco, la percepción ciudadana hacia los diputados —tanto locales como federales— sigue el patrón nacional de desconfianza y alta percepción de corrupción en el Poder Legislativo.
Tabasco se ubica consistentemente entre los estados con alta percepción de corrupción en partidos políticos, más del 90% de los ciudadanos lo consideran frecuente o muy frecuente, según datos históricos de la ENCIG y reportes hasta 2023.
En suma, la percepción ciudadana hacia los diputados es predominantemente negativa, alineada con la tendencia nacional: alta asociación con corrupción y baja confianza. Esto representa un reto persistente, aunque el enfoque en seguridad y gobernabilidad ha mejorado la imagen del Ejecutivo estatal en la actual administración.
La Legislatura 65 no ha logrado revertir esa tendencia negativa. Tiene ese reto por delante, pero si sigue actuando de la manera que lo ha hecho, difícilmente podrá cambiar la percepción negativa que la ciudadanía tiene de los llamados representantes populares.
