El posible involucramiento de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT) y la Asociación Ganadera Local de Balancán en la venta ilegal de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), así como los cateos realizados en sus instalaciones, representan un hecho extremadamente grave.
No solo cuestiona la integridad de dos entidades clave en el sector pecuario —que deben ser garantías de la legalidad y la sanidad animal—, sino que exponen una presunta red de corrupción que agrava problemas estructurales como el contrabando de ganado y la propagación de plagas como el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax).
El viernes pasado, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ejecutaron cateos simultáneos en las sedes de la UGRT, en Villahermosa, y de la Unión Ganadera de Balancán.
Estos operativos forman parte de una carpeta de investigación por delitos como venta ilegal de aretes, abigeato (robo de ganado) y posiblemente falsificación de documentos sanitarios. Según informes preliminares, se investiga la presunta comercialización irregular de al menos 300 mil identificadores oficiales en el mercado negro, con precios inflados que oscilan entre 400 y 700 pesos por arete, frente a los 50 pesos legales.
Los señalamientos apuntan directamente a líderes de estas organizaciones: en la UGRT, a figuras como Carlos Frías y Rodrigo Grajales, y en Balancán, a Alfonso Narciso López. Ganaderos locales, hartos de lo que descrito como un "robo millonario" disfrazado de apoyo sectorial, han impulsado denuncias que derivaron en estos allanamientos.
Hasta el momento, la FGE ha asegurado documentos, computadoras y posibles evidencias, pero solo hay "presuntos responsables", y el proceso judicial avanza con reserva para garantizar el debido proceso.
El asunto fue ventilado por el gobernador durante su conferencia matutina de este lunes. Prometió que no habrá impunidad si se comprueba la participación de directivos o personal de la UGRT y la Unión Ganadera de Balancán en esta ilícita actividad de permitir el ingreso de ganado procedente de Centroamérica de manera irregular.
"Vamos a llegar hasta donde tope, se va a esclarecer y quien tenga que rendir cuentas a la autoridad se va a hacer", afirmó el gobernador, subrayando su compromiso con la transparencia y el combate a estas prácticas.
Los aretes SINIIGA son obligatorios para la trazabilidad del ganado y su movilización legal en México, pero reportes históricos han señalado un mercado negro que facilita el contrabando, especialmente en estados como Tabasco y Chiapas.
Son esenciales para rastrear el origen de las reses y prevenir el ingreso de animales enfermos. Su venta ilegal "blanquea" el contrabando de hasta 800 mil cabezas anuales desde Guatemala, Honduras y Nicaragua —países donde el gusano barrenador es endémico—. Tabasco, con cientos de casos confirmados en 2025, es el segundo estado más afectado, ve cómo esta plaga resurgida devora tejido vivo en bovinos, causa pérdidas diarias de millones de dólares y amenaza exportaciones a Estados Unidos.
La investigación actual busca erradicar estas redes que, según productores, perjudican la economía local.
¿Son las únicas uniones ganaderas metidas en este negocio ilícito? Todo indica que no, que hay otras uniones involucradas, como la de Cárdenas, cuyo presidente José Eulalio Isidro Pérez, y la de Teapa, a cuya cabeza está Pedro Trinidad Cano Mollinedo. En esas uniones también se da la venta ilegal de aretes y se trafica con ganado centroamericano, la causa principal de la propagación del gusano barrenador en el estado, hecho de por sí grave, que merece ser sancionado con todo el peso de la ley.
En la UGRT reaccionaron a través de gacetilleros, como Antonio Caraveo Maldonado, en contra del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador. Mandaron a decir a través de este mercenario de la pluma que el cateo fue por tres razones: una “venganza” ordenada desde Cárdenas, por el líder ganadero “incondicional” de Morena, Isidro Pérez, por la demanda que interpuso en su contra un funcionario de SINIIGA a quien “encañonó” y “amenazó de muerte”.
Y porque el gobierno de May “trae el tema de desaparecer las actuales Asociaciones ganaderas, comenzando por el municipio de Huimanguillo, respaldadas desde la@SegobT del prominente ganadero “Pepín” López Obrador”.
“Y (por) la disputa de los aretes para seguir metiendo ganado clandestinamente tal ha sucedido desde hace muchos años.”
Toda esa pudrición data de muchos años, pero se recrudeció en el sexenio pasado en el que imperó la ley de la selva y gobernó la criminalidad en Tabasco, en el que todos quisieron su tajada de los negocios ilícitos con la seguridad de que sus acciones quedarían impunes, pero ya se dieron cuenta que no, que donde haya pruebas se actuará a fondo, como en este caso.
Todo lo que tocó el gobierno anterior lo echó a perder. Pero hay que hacer una precisión muy puntual. No fue Morena el que gobernó en el sexenio pasado, sino una pandilla de priistas de origen gurriista y madracista que tomaron el poder de la mano de Adán Augusto López Hernández. Y es a este gobierno actual al que le toca acabar con toda esa podredumbre heredada, para no contaminarse y padecer el mismo mal.
