El caso de Ysael Ramírez Trejo ilustra la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad de Tabasco, especialmente durante el periodo en que Hernán Bermúdez Requena fungía como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal (2019-2024).
Bermúdez Requena, capturado en 2025 y procesado como presunto líder de "La Barredora" —un grupo vinculado al CJNG dedicado a extorsión, huachicoleo, secuestros y desapariciones forzadas— representó el punto más alto de un diagnóstico que permitió que mandos policiales municipales operaran con impunidad al servicio de intereses criminales.
Ramírez Trejo ocupó cargos clave como director de Seguridad Pública en municipios como Macuspana, bajo la gestión de Roberto Villalpando Arias, Comalcalco, Centla y Paraíso. En este último, incluso rindió protesta directamente ante Bermúdez Requena.
Su búsqueda actual por la FGE, con recompensa de 100 mil pesos, por presunta desaparición forzada y nexos con La Barredora, forma parte de una serie de fichas emitidas contra al menos 10 exmandos policiales involucrados en casos similares.
Lo que se "echó a perder" en Tabasco fue la confianza en las corporaciones policiales municipales y estatales. Durante años, bajo la fachada de "baja delincuencia" que presumían las autoridades, grupos como La Barredora —integrados por policías— montaban retenes falsos para extorsionar, secuestrar y desaparecer personas.
Esto no fue un accidente: informes de inteligencia militar, filtrados en Guacamaya Leaks, y detenciones recientes señalan que la red se consolidó desde la cúpula de seguridad estatal, permitiendo que el CJNG avanzara en la entidad.
El hecho de que la FGE anterior, cuando la criminalidad gobernaba Tabasco, no haya avanzado visiblemente contra exalcaldes como Villalpando u otros superiores jerárquicos genera sospechas de protección selectiva, aunque las investigaciones actualmente continúan y se ha prometido que no habrá impunidad para nadie.
Tabasco vivió una "paz pactada" que en realidad era control criminal disfrazado de orden público, y el daño —desapariciones, miedo generalizado, impunidad— tardará años en repararse.
la detención reciente de un elemento activo de la Secretaría de Marina (Semar) en Paraíso, por su presunta participación en la desaparición forzada de tres personas, ocurrida en un caso de la carpeta CI-FEIDDP-BP-131/2021), es una evidencia contundente de cómo, durante el sexenio anterior (2018-2024), sectores de las fuerzas de seguridad no solo fallaron en combatir el crimen, sino que en algunos casos actuaron como parte de él.
Este marino, detenido hace apenas unos días en Dos Bocas, se suma a una serie de capturas que revelan una red que operaba con impunidad bajo la cúpula encabezada por Hernán Bermúdez Requena, extitular de la SSPC estatal.
La propia Marina lo entregó y advirtió a su personal que no tolerará ninguna acción al margen de la ley y quien lo haga será sancionado. Un mal elemento no puede manchar el honor ni la reputación de una institución seria y que se debe al pueblo como la Marina.
Informes periodísticos indican que, en 2022, policías estatales y elementos federales habrían interceptado a víctimas para entregarlas a grupos criminales en la zona costera, prácticas que encajan con el modus operandi de La Barredora.
Con esta detención, ya van al menos siete implicados capturados en ese caso específico, mientras nueve más, la mayoría de las exautoridades o policías, permanecen prófugos.
Esto confirma que, lejos de una "baja incidencia delictiva" como se presumía oficialmente, Tabasco vivió una etapa de control criminal disfrazado, donde elementos policiales y hasta de fuerzas federales colaboraban o toleraban actividades del CJNG a través de La Barredora.
Bermúdez, procesado actualmente por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, representaba la cabeza de esa estructura híbrida (policía-delincuencia).
Es positivo que ahora, con detenciones como la de Bermúdez y búsquedas activas, se esté desmantelando parte de esta estructura, pero queda claro que la corrupción en altos niveles de seguridad permitidos en el sexenio anterior y que convirtieron al estado en terreno fértil para el crimen organizado.
Sin embargo, queda pendiente investigar a fondo las cadenas de mando superiores y evitar que estos casos queden en impunidad selectiva. Tabasco merece una depuración real de sus instituciones para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las fuerzas de seguridad protejan, no desaparezcan, a la gente.
Ojalá esto marque un punto de inflexión real hacia la depuración y la justicia, sin carpetazos ni selectividades.
