La reforma electoral en San Luis Potosí (SLP), aprobada el domingo pasado, representa un claro ejemplo de cómo se puede distorsionar un principio positivo como la paridad de género para encubrir intereses personales y familiares.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, impulsó una modificación que obliga a todos los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027, lo que en la práctica allana el camino para su esposa, la senadora Ruth González Silva, conocida como la "Ley Esposa" o "Ley Ruth".
Esta medida no solo genera sospechas de nepotismo, sino que socava la equidad electoral al limitar la libre competencia y simular avances feministas mientras perpetúa dinastías políticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido revisar su constitucionalidad, y Morena nacional anunció que la impugnará ante la Suprema Corte, argumentando que viola principios de libertad de postulación y no es una verdadera paridad.
Es un mal ejemplo que prioriza el poder familiar sobre el interés público, y en un contexto donde la confianza en las instituciones ya es frágil, esto podría erosionar aún más la democracia mexicana.
Este patrón podría extenderse a otros estados, como Zacatecas, donde un hermano del gobernador actual, David Monreal Ávila, aspira a sucederlo, hay riesgos reales, pero también barreras que podrían contenerlo.
En Zacatecas, la familia Monreal ha dominado la escena política por años: David es gobernador desde 2021, su hermano Ricardo es senador y líder morenista, y Saúl, otro hermano, es alcalde de Fresnillo y ha expresado interés en la gubernatura para 2027.
Ricardo Monreal ha admitido públicamente que el apellido se ha "agotado" y que la gente no quiere "otro Monreal" en el poder, reconociendo el desgaste por críticas a la gestión familiar en temas como seguridad y migración.
Sin embargo, las tensiones internas en Morena local han acelerado las discusiones sobre la sucesión, con Saúl exigiendo cambios en la dirigencia estatal para posicionarse mejor.
El mal ejemplo de SLP podría inspirar maniobras similares en estados con dinastías fuertes, como intentos de reformas locales que disfrazan nepotismo bajo banderas de paridad o inclusión.
Por ejemplo, en Nuevo León, el gobernador Samuel García ha sido criticado por promover a su esposa Mariana Rodríguez en roles políticos, aunque no hay una reforma idéntica aún.
A nivel nacional, una reforma constitucional contra el nepotismo electoral y la reelección inmediata fue aprobada en febrero de 2025, pero entrará en vigor hasta 2030, dejando un vacío para las elecciones de 2027 en nueve estados, incluidos SLP y Zacatecas.
Esto se debió a un acuerdo cupular entre el senador Adán Augusto López Hernández con el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco. La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, establecía su entrada en vigor en las elecciones de 2027, y esa negociación en lo oscurito la difirió hasta el 203º, precisamente para favorecer a la esposa del gobernador de San Luis y al hermano de Ricardo Monreal.
Esto abre la puerta a abusos temporales, especialmente en congresos locales controlados por la mayoría de los oficialistas. Dicho eso, en Zacatecas es menos probable una réplica exacta por varias razones: Morena, como partido dominante, ha reiterado que no llevará familiares en boletas para 2027, alineado con su postura antinepotismo.
Además, el desgaste público del clan Monreal podría disuadir intentos flagrantes, y la vigilancia federal, como la impugnación a la ley de SLP, actúa como freno. Si se extiende, sería más por inercia de corrupción sistémica que por innovación, pero el riesgo existe en estados como Oaxaca o Puebla con historiales de dinastías.
Hay altas posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valide la impugnación y declare inconstitucional la llamada "Ley Esposa" en San Luis Potosí, echándola hacia atrás.
Aunque la SCJN apoya fuertemente la paridad, es probable que priorice aquí la proporcionalidad y rechace una exclusividad absoluta en un cargo único estatal si percibe motivaciones espurias.
El fallo podría llegar en 2026, antes de los procesos electorales de 2027, y sentaría precedente contra abusos similares en otros estados. Si se invalida, reforzaría que la paridad debe ser horizontal y nacional, no manipulada localmente.
El caso de SLP es un retroceso que normaliza el abuso de poder, y aunque podría contagiar a lugares como Zacatecas si no se judicializa rápidamente, la reforma federal de 2030 y la presión interna en Morena ofrecen esperanza de contención. Lo ideal sería que la Suprema Corte invalide estas triquiñuelas para priorizar candidaturas meritocráticas sobre lazos sanguíneos.
