Las quejas contra decenas de notarios públicos en Tabasco, vinculados a las administraciones de Adán Augusto López Hernández (gobernador de 2019 a 2021) y Carlos Manuel Merino Campos (interino de 2021 a 2024), refleja un patrón preocupante de sospecha de corrupción y abuso de poder en el sistema notarial mexicano.
No se trata solo de un "síntoma de análisis", sino de un problema estructural que pone en evidencia cómo las redes de influencia política pueden pervertir instituciones como las notarías, que deben garantizar la legalidad y la certeza jurídica en transacciones cotidianas como la compra de propiedades o la constitución de empresas.
Basado en informes periodísticos recientes, el número de notarios en Tabasco ronda los 80 en total, y las denuncias abarcan una porción significativa de ellos, con acusación que van desde irregularidades en nombramientos hasta el uso de notarías para facilitar negocios ilícitos.
Por ejemplo, durante el mandato de López Hernández, varios notarios cercanos a él —incluyendo familiares y aliados políticos— ocuparon cargos clave en el Poder Judicial y la Fiscalía estatal, lo que generó conflictos de interés y sospechas de favoritismo.
Jaime Lastra Bastar fue titular de la Fiscalía General del Estado y Enrique Priego Oropeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Emilio Contreras Martínez de Escobar, otro notario amigo y aliado de ese grupo, fue diputado local.
La propia notaría de Adán Augusto, la número 27, ha sido señalada en transacciones dudosas, como la venta sobrevaluada de un edificio con vicios ocultos a una institución electoral, o en la constitución de empresas ligadas a escándalos como "La Estafa Maestra" y presuntos lavados de dinero.
Además, hay vínculos documentados con figuras criminales, como Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel "La Barredora", a quien se le facilitó la creación de un emporio empresarial a través de notarías conectadas a López Hernández y su hermano.
El "cartel de los notarios" aparece en discusiones públicas y análisis locales como una metáfora para describir esta red de fedatarios que, supuestamente, operaron con impunidad para traficar influencias, apoderarse de propiedades o encubrir actividades delictivas, como el huachicol o contratos amañados.
Es positivo que salgan a la luz estas quejas, ya que podrían impulsar reformas, como mayor
escrutinio en los nombramientos de notarios o auditorías independientes. Pero sin investigaciones imparciales y sanciones efectivas por parte de autoridades como la Fiscalía Anticorrupción o el Colegio de Notarios, el riesgo es que queda en mera retórica.
Es cuestionable que algunos notarios públicos se presten a prácticas de simulación de actos jurídicos o participen, activa o pasivamente, en esquemas de despojo de propiedades.
Su rol como fedatarios públicos les confiere una enorme responsabilidad: deben garantizar la autenticidad, legalidad y certeza jurídica de los documentos que protocolizan. Cuando fallan en ello —ya sea por omisión, negligencia o complicidad deliberada—, no solo traicionan su función, sino que facilitan delitos graves como fraude, falsificación o incluso lavado de activos, afectando directamente el patrimonio de ciudadanos vulnerables.
En el caso específico de Tabasco, las más de 80 quejas y procedimientos administrativos en trámite anunciados recientemente por la Subsecretaría de Servicios Registrales, incluyen denuncias por omisiones en la entrega de escrituras, irregularidades en trámites y hasta posibles falsificaciones de documentos.
Aunque las autoridades estatales han aclarado que no todos los notarios activos están involucrados —algunos acumulan múltiples expedientes, mientras otros ninguno—, esto evidencia un problema real que erosiona la confianza en el sistema notarial.
Más allá de Tabasco, este fenómeno es estructural en México: investigaciones periodísticas y judiciales han documentado cómo notarias han sido usadas para constituir empresas fantasma (vinculadas, por ejemplo, a desvíos como "La Estafa Maestra"), legitimar transacciones dudosas o incluso encubrir redes de despojo inmobiliario organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente la participación de notarios en mafias inmobiliarias, y su gobierno ha impulsado revisión de expedientes y denuncias penales en casos detectados, aunque aún falta una reforma profunda para endurecer controles y sanciones.
Mientras la mayoría de los notarios cumplen éticamente su trabajo, los casos de abuso son inaceptables y deben perseguirse con rigor. No se trata de estigmatizar al gremio entero, sino de exigir transparencia, auditorías independientes y consecuencias efectivas —desde suspensiones hasta revocación de patentes— para quienes abusan de la fe pública. Solo así se restaurará la certeza jurídica que los ciudadanos merecen.
