La investigación abierta contra la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT) por presuntos delitos de abigeato y venta ilegal de aretes del SINIIGA parece estar bien sustentada en denuncias concretas y evidencias recolectadas, según informes recientes.
El gobernador Javier May Rodríguez ha confirmado que los cateos realizados en las instalaciones de la UGRT y en la Asociación Ganadera de Balancán derivan de carpetas de investigación iniciadas a partir de quejas recibidas directamente de productores durante sus jornadas de atención ciudadana.
Estas denuncias apuntan a un esquema de venta en el “mercado negro” de más de 300 mil aretes, asignados de forma irregular —incluso a personas no dedicadas a la ganadería— para “legalizar” ganado robado o introducido ilegalmente desde Centroamérica.
Este tipo de prácticas no es nuevo en la región: documentos oficiales y reportes periodísticos de años anteriores señalan que el tráfico ilegal de aretes SINIIGA facilita el abigeato y el contrabando de ganado en estados como Tabasco, Chiapas y Oaxaca, elevando el precio de los identificadores de 50 hasta mil 500 pesos y generando ganancias ilícitas millonarias.
Por su parte, los representantes de la UGRT —como su apoderado legal Saúl Córdova y el delegado Juan Gustavo León Angles— han insistido en que colaborarán plenamente con las autoridades, pero minimizan el alcance al señalar que el cateo se limitó a la ventanilla SINIIGA (un programa federal) y que no existe responsabilidad directa de la dirección actual.
Exigen una investigación “clara, seria y transparente” y sanciones solo a los responsables individuales.
Es comprensible que defiendan su institución, pero el hecho de que las autoridades hayan accionado con cateos autorizados por un juez, incautando computadoras, expedientes y posiblemente dinero, sugiere que hay elementos sólidos que van más allá de simples empleados menores.
La UGRT arrastra una historia complicada de problemas financieros y acusaciones de corrupción en administraciones pasadas, incluyendo quiebras, deudas millonarias y casos judiciales resueltos mediante condonaciones irregulares.
Esto no implica que la dirigencia actual sea culpable, pero sí genera una desconfianza legítima en un sector clave para la economía tabasqueña.
En este contexto, no resulta muy creíble que los dirigentes ganaderos estén completamente ajenos a estos ilícitos, aunque hasta ahora no existen acusaciones directas ni evidencias públicas que los señalen personalmente.
La investigación se centra en irregularidades en la ventanilla del SINIIGA —operada dentro de las instalaciones de la UGRT y la Asociación de Balancán—, como la asignación y venta ilegal de cientos de miles de aretes a personas no ganaderas.
Dado que esta ventanilla funciona bajo el paraguas de la UGRT, resulta difícil imaginar un esquema de esta magnitud —con ganancias ilícitas de millones de pesos— sin algún nivel de conocimiento, tolerancia o complicidad por parte de la dirigencia. Es posible que los responsables directores sean solo operadores de nivel bajo, pero la escalada del problema genera escepticismo respecto a que los líderes no supieran nada.
Esta pesquisa no parece una “venganza política” ni una invención, sino un esfuerzo necesario para combatir la impunidad en un delito que afecta directamente a los ganaderos honestos y a la trazabilidad sanitaria del ganado.
El gobernador May ha enfatizado la política de “cero impunidad” en materia de abigeato, y acciones como esta —junto con programas como Crédito Ganadero a la Palabra— podrían contribuir a limpiar y fortalecer el sector.
Lo ideal sería que la Fiscalía avance con transparencia, llegue hasta las últimas consecuencias y, si hay responsables —sean líderes o empleados—, se les sancione ejemplarmente.
La investigación está en curso; si surgen elementos sólidos contra la dirigencia, saldrán a la luz. Por ahora, la versión de que se trata solo de “empleados menores” parece un intento de contener el daño institucional.
En cualquier caso, lo más prudente es esperar los resultados oficiales de la Fiscalía para emitir juicios definitivos basados en hechos.
