En el debate político mexicano sobre equidad de género en las elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la necesidad de reformas legislativas estatales como la llamada "Ley Esposa" —aprobada recientemente en San Luis Potosí (SLP) y en proceso de avance en Nuevo León (NL)— argumentando que el marco existente del Instituto Nacional Electoral (INE) ya garantiza la paridad de género en las candidaturas.
Morena ha decidido impugnar estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando críticas por posibles favoritismos familiares.
La "Ley Esposa" —un término peyorativo acuñado por críticos— se refiere a reformas electorales estatales que obligan a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en las elecciones de 2027 en SLP y NL, bajo el pretexto de promover la alternancia de género y la paridad.
En SLP, la reforma fue aprobada el 14 de diciembre de 2025 por el Congreso local, incorporando parámetros para postular candidaturas paritarias en gubernaturas y presidencias municipales.
De manera similar, en NL, se ha revivido y avanzado en una iniciativa equivalente, aunque aún no ha sido aprobado formalmente.
Estas han generado controversia porque podrían beneficiar directamente a figuras como Ruth González, esposa del gobernador de SLP, Ricardo Gallardo Cardona, y Mariana Rodríguez, compañera del mandatario de NL, Samuel García, lo que ha llevado a apodos como "Ley Ruth" o "Ley Mariana".
El debate nacional se enciende entre la promoción de la paridad de género —un avance constitucional en México desde 2014— y la acusación de nepotismo o manipulación electoral para perpetuar dinastías políticas.
México ha logrado avances significativos en representación femenina, con paridad obligatoria en candidaturas federales y estatales, resultando en un aumento de gobernadoras, actualmente 13 de 32 entidades.
Sin embargo, reformas locales como estas plantean preguntas sobre si van más allá de la equidad o si distorsionan la democracia al limitar las opciones electorales. La presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura firme de rechazo por ser modificaciones legislativas innecesarias.
Ha argumentado que no es necesario legislar para establecer como obligatoria la postulación de hombre o mujer en la sucesión de cargos, porque el acuerdo del INE ya impone que los partidos postulen al menos 50% de candidatas mujeres en elecciones a gubernaturas, complementado por acciones afirmativas como cuotas para grupos vulnerables.
"Con el acuerdo que tomó el INE [...] se cumple", ha dicho la mandataria y enfatiza que esto asegura "suficientes mujeres gobernadoras" sin intervenciones adicionales que podrían ser inconstitucionales.
Sheinbaum resalta el éxito práctico de la paridad existente, señalando que "las gobernadoras lo hacen muy bien", lo que valida el impacto positivo de estas políticas en la gobernanza.
Esto alinea con datos históricos: sin cuotas, la representación femenina era mínima; hoy, México es líder en América Latina en paridad legislativa. Además, su llamado a revisar la constitucionalidad, "vamos a ver si es constitucional", muestra cautela, evitando confrontaciones prematuras y priorizando el marco federal sobre iniciativas locales.
Críticos argumentan que, sin alternancia obligatoria, los partidos podrían concentrar candidaturas femeninas en distritos perdedores, perpetuando desigualdades. Sheinbaum parece priorizar la libertad de elección ("para evitar [...] que se está impidiendo que una persona participe"), pero esto podría ignorar cómo reformas locales buscan forzar un cambio más radical en entidades con historial de dominancia masculina. Su tono es conciliador, reconociendo el valor de la paridad mientras cuestiona excesos, lo que refleja la ideología de la Cuarta Transformación (4T) de Morena: enfocada en reformas federales eficientes sin "excesos" estatales.
María Luisa Alcalde, dirigente de Morena, anunció el 17 de diciembre de 2025 una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas, argumentando que vulneran el derecho a elegir libremente y distorsionan la equidad.
Morena ve estas leyes como un vehículo para el nepotismo, permitiendo que esposas de gobernadores en turno, de partidos opositores como el Partido Verde en SLP y Movimiento Ciudadano en NL, hereden poder sin competencia mixta.
La SCJN será clave; precedentes como fallos sobre paridad sugieren que podría avalar alternancia si no viola derechos individuales, pero la puede rechazar si se percibe como discriminatoria.
Estas reformas destacan un dilema: ¿la paridad justifica limitar candidaturas por género para corregir desigualdades históricas? Apoyan el artículo 41 constitucional (paridad en candidaturas), pero podrían chocar con el 35 (derecho a votar y ser votado sin discriminación). Si se invalidan, podría frenar los avances; si se mantienen, arriesgan precedentes para "leyes a modo".
La SCJN podría sentar jurisprudencia para futuras elecciones, priorizando la paridad sin sacrificar la libertad electoral. Este caso ejemplifica cómo los avances progresistas pueden ser cooptados por intereses políticos, urgiendo vigilancia ciudadana.
