El gobernador Javier May Rodríguez ha planteado recientemente a Pemex una reorientación de sus apoyos hacia Tabasco, priorizando inversiones sociales en comunidades petroleras en lugar de donativos en especie como vehículos, que suelen entregarse en respuesta a incidentes.
Esta propuesta busca abordar el rezago social en zonas afectadas por la actividad extractiva, enfocándose en obras y acciones directas que benefician a las poblaciones locales.
Pemex ha respondido positivamente, comprometiéndose a coadyuvar en esta atención al rezago.
Esta iniciativa es un paso sensato y necesario en el contexto de la relación histórica entre Pemex y los estados productores de petróleo como Tabasco. Tradicionalmente, los apoyos de Pemex han sido reactivos y limitados, como donaciones puntuales tras percances, lo que no resuelve problemas estructurales como la pobreza, la falta de infraestructura o el impacto ambiental en comunidades cercanas a pozos y ductos.
Reorientar hacia inversiones sociales sostenibles —como obras de agua potable, salud, educación o remediación ambiental— podría generar un impacto más duradero y equitativo, alineándose con principios de responsabilidad social corporativa.
Esto no solo beneficiaría a las comunidades, sino que podría mejorar la imagen de Pemex y reducir tensiones locales, como protestas por contaminación o desigualdades. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación transparente, con métricas claras de impacto y participación comunitaria, para evitar que se convierta en otra promesa incumplida en un sector plagado de deudas y burocracia.
Es una idea pragmática que prioriza el bienestar humano sobre los gestos simbólicos, y podría servir de modelo para otras regiones petroleras en México.
La relación entre Pemex y Tabasco ha sido compleja, marcada por una dependencia económica fuerte —dado que Tabasco es uno de los principales productores de hidrocarburos en México—, pero también por desafíos como deudas pendientes, impactos ambientales y demandas por mayor inversión social.
Pemex ha invertido significativamente en exploración y producción en Tabasco. Por ejemplo, en 2021 anunció un nuevo complejo petrolero tras descubrimientos en la región, con potencial para incrementar la producción de crudo y gas.
Para 2023, se destinaron 184 mil millones de pesos en actividades como perforación y búsqueda de más yacimientos, lo que impulsó empleos y actividad económica local.
Además, se reportaron nuevos yacimientos, contribuyendo a un aumento en la producción de hidrocarburos.
En este periodo, se fortalecieron lazos a través de proyectos regionales con instituciones como Nafinsa, enfocados en proveedores y contratistas.
Bajo la administración federal anterior, se promovió una "nueva relación" que tradujo en beneficios comunitarios, como obras y confianza mutua. En 2024, Pemex reforzó su vínculo con Tabasco, preparando el terreno para transiciones directivas y manteniendo inversiones.
A pesar de las inversiones, persisten problemas. Pemex acumula deudas superiores a 3 mil millones de pesos con proveedores tabasqueños, lo que ha provocado el cierre de más de 100 empresas, despidos masivos, alrededor de 5 mil, y una crisis económica en el estado.
Incidentes ambientales, como fugas de gas en Centla ocurrida hace unos días, que causaron dos muertes, han generado demandas de claridad y responsabilidad por parte del gobernador May.
Históricamente, hay exigencias para que Pemex incida más en desarrollo social y ambiental, ya que la extracción ha dejado rezagos en comunidades.
En general, la relación ha evolucionado de una dependencia extractiva hacia intentos de mayor equidad, pero las deudas e incidentes ambientales siguen siendo puntos de fricción. La propuesta actual de May podría ayudar a equilibrar esto, siempre que se ejecute con transparencia.
