Recién nos acabamos de enterar del nuevo revés sufrido por el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena. La justicia federal le negó la suspensión provisional que buscaba el exjefe policiaco para desbloquear sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 25 de julio pasado, días después de que se revelara que desde enero se había librado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, imputados por la Fiscalía General del Estado.
Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en esta ciudad, rechazó ordenar a la UIF la liberación de los activos bancarios de Bermúdez Requena y de su familia. En su solicitud de amparo, el extitular de la SSPC, identificado por las autoridades como el líder de la organización criminal “La Barredora”, se declaró víctima de una “persecución política”.
Sin embargo, dio entrada a la demanda de garantías en acato a una resolución dictada por un Tribunal Colegiado. El dos de enero Carbajal Díaz deberá resolver a fondo el asunto, si concede o no la suspensión definitiva solicitada por el denominado “Comandante H”.
No es la primera vez que dice que su familia y él son víctimas de una “persecución política” ante jueces federales. El primer registro público data del 14 de agosto último, cuando interpuso un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF.
En ese escrito, Bermúdez afirmó que él y su familia se han visto "injustamente envueltos en una persecución política" como consecuencia de las acusaciones en su contra.
Un alegato similar aparece en un amparo anterior contra el aseguramiento de su casa que fue cateada el primero de agosto, reportado en septiembre.
Lo hizo nuevamente en la demanda de garantías. Repitió la misma frase, pero además Bermúdez Requena dice que “injustamente he sido relacionado con un grupo criminal denominado ‘La Barredora’.”
Dice también que la orden de aprehensión librada en su contra es “ilegal” por “la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por las autoridades judiciales de administración de justicia en el estado de Tabasco".
Ese es su argumento para sustentar su acusación en contra de las autoridades que lo detuvieron en septiembre pasado.
Se queja de que “el suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política, al grado que el pasado 25 de julio de 2025 tuve conocimiento cierto que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había ordenado el bloqueo de mis cuentas bancarias y mi incorporación a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano".
Su reclamo de "persecución política" es una defensa común en casos de alto perfil en México, de acuerdo con especialistas en el tema, especialmente cuando involucran figuras cercanas al poder, como es el caso de Adán Augusto López, actual senador de Morena y quien lo nombró en diciembre de 2019 titular de la SSPC, a pesar de todas las alertas emitida por los órganos de inteligencia federales que le advirtieron de sus actividades ilícitas.
Las evidencias de sus vínculos criminales datan de años atrás, alertas en 2006 y reportes de inteligencia militar entre 2019 y 2022. Aunque hay otros reportes desde 1998 y 1999, que daban cuenta de sus actividades ilícitas.
Las investigaciones lo señalan como fundador de estructuras delictivas en Tabasco, como “La Barredora”, involucradas en extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y alianza con el CJNG contra el Cártel del Golfo.
El bloqueo de las cuentas bancarias de su familia y de él, ocurrió en julio como parte de una investigación federal por lavado y operaciones ilícitas.
La decisión de la jueza de negar la suspensión provisional sugiere que, por ahora, no hay elementos suficientes para considerar la medida arbitraria o políticamente motivada.
La estrategia de Bermúdez de alegar persecución busca deslegitimar el proceso, pero las acusaciones están sustentadas en inteligencia y pruebas acumuladas. No le funcionó antes, no le funcionará ahora.
Casos como este exponen la grave corrupción en la seguridad pública durante administraciones previas, y es positivo que el sistema judicial, al menos en esta etapa, no ceda a presiones para liberar recursos potencialmente ilícitos.
Habrá que seguir la audiencia de enero y el juicio principal para ver si las pruebas sostienen las graves imputaciones.
