El domingo pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se sometió a la revocación de mandato. Se puede decir que salió bien librado de ese ejercicio ciudadano. Ganó la consulta con el 58.05% de los votos emitidos. Sin embargo, el 39.5% votó porque se fuera del gobierno por “pérdida de confianza”.
Este mecanismo de democracia participativa no fue vinculante debido a que se requería una participación del 40% establecida en la ley para hacer efectiva la revocación de mandato y a las urnas solo acudió el 29.9% de la lista nominal, alrededor de 876 mil 885 votos.
Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en aplicar esta medida establecida en la Constitución mexicana a iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el primer gobernante en someterse a la voluntad ciudadana el 10 de abril de 2022.
Este procedimiento fue posible gracias a la reforma constitucional al artículo 35 publicada el 20 de diciembre de 2019 y la posterior expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato en septiembre de 2021.
Aunque la ley federal solo aplica el presidente o presidenta en funciones, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diciembre de 2019 incluyó un artículo transitorio que obligaba a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones para incluir la revocación de mandato para gobernadores.
A pesar de esa obligación constitucional de "armonización", para enero de 2026 el avance es desigual: Solo 16 de las 32 entidades federativas han reglamentado esta figura en sus leyes locales, entre ellas, Tabasco.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró recientemente que, si bien es un derecho ciudadano, la implementación operativa a nivel estatal depende de la voluntad y legislación de cada entidad, reafirmando que no hay un mecanismo que fuerce a los estados que aún no la tienen.
Los estados que ya cuentan con este mecanismo, como Oaxaca o Tabasco, han creado su propia
Ley de Revocación de Mandato estatal, que puede tener requisitos de firmas y porcentajes de participación distintos a los de la ley federal. En Tabasco el porcentaje es similar al de Oaxaca, 40% de la lista nominal para que se haga efectiva.
Salomón Jara estuvo cerca de ser también el primer gobernador al que le revocan su mandato. No es que sea un gobernador impopular o que lo repudie la ciudadanía. Él lo atribuye a una operación política orquestada por el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles.
En una entrevista en el programa “Los periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, contó que el dirigente petista operó en su contra antes y durante la jornada para que perdiera la consulta.
Aseguró que no es la primera vez que el PT traiciona al movimiento. Lo hizo en contra de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2012. Lo hizo también cuando en 2016 Salomón Jara, ya bajo las siglas de Morena, buscó ser gobernador en 2016. En ese proceso electoral ganó el priista Alejandro Murat Hinojosa, hoy subido al tren de la transformación con un cargo diplomático.
UNA VIEJA COSTUMBRE: TRAICIONAR
“La traición del PT ha sido constante. En 2012, el señor Benjamín Robles traicionó al licenciado Andrés Manuel López Obrador en un proceso que fue la elección para la Presidencia de la República. Luego, en 2016, cuando participé por primera vez como candidato de Morena, también tuvimos otra traición porque se fue por separado. Hicimos una encuesta para ver quién estaba mejor posicionado. En aquel entonces, él era Senador de la República y yo seguía construyendo a
Morena en nuestro estado y en el país; le gané la encuesta y no la respetó”, relató durante la entrevista.
Robles no solo operó contra Salomón, sino que además votó a favor de que le revocaran el mandato. El día de la jornada electoral, subió a sus cuentas oficiales una fotografía de la papeleta marcada en el recuadro donde se podía leer claramente: “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”.
No es la primera vez que el PT le juega sucio a Morena. Lo hizo recientemente en las elecciones constitucionales en Veracruz, Coahuila y Durango. Benjamín Robles no se diferencia en nada de Martín Palacios Calderón, dirigente petista en Tabasco. Son tal para cual: chantajistas, deshonestos y desleales.
Lo que sucedió en Oaxaca es un llamado de alerta de lo que puede pasar en Tabasco, donde el gobernador Javier May Rodríguez habrá de someterse al veredicto de las urnas una vez que cumpla tres años en el cargo de gobernador que, según la ley, deberá ser en 2028.
Sin embargo, hay una propuesta para que se incluya la revocación de mandato en las elecciones intermedias de 2027 a fin de que se haga un solo gasto en ese proceso, en la que de igual modo estarán en juego cargos judiciales, aparte de las diputaciones federales y locales y las alcaldías. Esto incluye desde luego a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La oposición, bien se sabe, hará su trabajo para May pierda la consulta, es lo menos que se espera de ella. De los que sí hay que tener cuidado son de los que se dicen aliados. En Tabasco las historias de traiciones y chantajes han marcado a las dirigencias del PVEM y PT.
En 2015, el PVEM se prestó al juego sucio de Adán Augusto en contra de Octavio Romero Oropeza, al aceptar postular a Rosalinda López Hernández su candidata a la alcaldía de Centro, para restarle votos al morenista.
En los comicios de 2024, el PT postuló a adancistas para arrebatarles posiciones al equipo de Javier May. Son mercenarios de la política que se venden al mejor postor. A ellos no los mueven los principios ni las convicciones, sino la ambición y el dinero.
El gobernador debe desde ya debe poner las barbas a remojar, hacer los ajustes necesarios y cambiar lo que no funciona, si no es que se quiere llevar un susto cuando se convoque a la revocación de mandato.
