La aprehensión del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por sus nexos con el crimen organizado, es una seria advertencia de que no habrá impunidad para nadie, mucho menos con gobernantes emanados de las filas de Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy tajante en este tema. No se tolerarán actos de corrupción o ligas con delincuentes, sea quien sea, principalmente los que tienen altas responsabilidades administrativas y políticas.
No importa si sean modestos servidores públicos o funcionarios de primer nivel. Piso parejo para todos. A nadie se le encubrirá por ninguna razón, mucho menos por conveniencia política, como se estilaba en los tiempos del PRIAN.
Rivera Navarro pensó que por ser presidente municipal sus fechorías quedarían impunes, que la autoridad federal miraría para otro lado para no darse cuenta de sus vínculos con el crimen organizado que, en Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) domina y controla a su antojo esa entidad gobernada por Movimiento Ciudadano.
Fue la misma presidenta la que recibió quejas de empresarios tequileros y de ciudadanos del comportamiento delincuencial del edil de Tequila. Ordenó una investigación, el Gabinete de Seguridad hizo su trabajo y el resultado fue su captura el jueves pasado.
En la mañanera de este viernes, desde Morelia, Michoacán, la mandataria abordó el asunto. Fue muy clara al respecto:
"Es muy importante que sepan, porque además este presidente municipal es de Morena. Ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país".
Ser servidor público del nivel que sea o representante popular, no los exime de responsabilidades. Tampoco les otorga licencia para robar o delinquir. Ese no es el propósito de la función pública. Si en los tiempos del PRI o del PAN alcaldes, gobernadores o funcionarios gozaban de la protección del poder, que no piensen que con la doctora Sheinbaum no se les pedirá ni rendirán cuentas si andan en malos pasos.
Le peor que le pudo pasar a Rivera Navarro es que los empresarios y ciudadanos se quejaron directamente con ella. La presidenta misma lo dijo: no había una investigación al alcalde y directores municipales hasta que las denuncias le llegaron de viva voz.
“A partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención ayer (jueves)", según explicó la jefa del Ejecutivo federal.
A la presidenta no le tiembla la mano para actuar contra los corruptos o delincuentes. Su gobierno está comprometido con la cero impunidad y toda denuncia ciudadana se investigará. Así que muchos deben poner sus barbas a remojo.
Aquí en Tabasco esa advertencia debe ser tomada en cuenta por varios alcaldes señalados de corruptos y de tener ligas con delincuentes.
BASTA DE DELINCUENTES EN EL PODER
Si en el pasado reciente, presidentes municipales y funcionarios gozaron de impunidad, pues los actuales que lo piensen dos veces antes de dar ese mal paso.
Y, por supuesto, hay de políticos a políticos. Cuando Adán Augusto López Hernández supo de las transas del alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias, y de la alcaldesa de Jalapa, María Asunción Silván Pérez, por corrupción y desvío de recursos, en 2020, les perdonó la vida.
Solo ordenó desaparecer los poderes en esos municipios y se instaló un Concejo Municipal al que llegaron personas igual o peor de corruptas que los despuestos. Jamás se les enjuició. Nadie les exigió cuentas ni pisaron la cárcel. No corrieron la misma suerte que Rivera Navarro.
Historias de corrupción se cuentan por montones, tanto en la era priista como en la actualidad. La corrupción no distingue partidos. El que es corrupto lo será donde quiere que milite o el cargo que ocupe, aunque es necesario precisar que en Morena hay mucho priista arrepentido o que dio el salto al partido oficial por conveniencia política.
Muchos de ellos llegaron de la mano de Adán Augusto a Morena y, casualmente, son los que más se han visto envueltos en corruptelas y relaciones peligrosas e indeseables. La función y la vida pública de Tabasco se degradaron de tal manera que no se podía distinguir, a ciencia cierta, entre un servidor público y un delincuente. La corrupción fue el sello distintivo de ese gobierno.
Cuando la presidenta conoció a detalle el historial criminal de Hernán Bermúdez Requena, el jefe de la policía estatal nombrado por López Hernández, dio luz verde a su arresto. No podía quedar impune. Ha costado mucho sanear toda esa pudrición, recuperar la paz y la tranquilidad de los tabasqueños, aún falta trabajo por hacer.
Antes, solo un alcalde o exalcalde, funcionario o exfuncionario era procesado penalmente si caía de la gracia del gobernante en tuno o se trataba de una venganza política. Hoy, si ceden a la corrupción o se ligan a la delincuencia es a cuenta y riesgo de esa ambición. Que se miren en ese espejo.
Muchos de los que ocuparon cargos relevantes en el sexenio pasado deberían estar tras las rejas, robaron a manos llenas y algunos hasta han tenido el descaro de exhibir esa riqueza mal habida. A ellos también se les debería pedir cuentas. Es un clamor ciudadano.
