En el tablero político mexicano, las diputaciones plurinominales son, al mismo tiempo, el salvavidas de la democracia y el refugio de las élites. Cada vez que asoma una reforma electoral, este concepto (que para muchos suena a tecnicismo aburrido) se convierte en el centro de una batalla por el control del Congreso. Y ahí está el punto: no es un pleito entre partidos por deporte. Es una pelea por las reglas que deciden cuánto vale tu voto cuando se convierte en curul.
Para entender por qué arde tanto este tema, hay que mirar a los años setentas. En ese entonces, México vivía bajo la lógica del “carro completo”: una fuerza política se llevaba casi todo y las minorías quedaban fuera, aunque tuvieran votos. Las plurinominales nacieron como una válvula de escape para que el país no se quedara sin pluralidad. Su función era simple: si un partido obtenía votos pero no ganaba distritos, aun así podía tener representación. Gracias a eso, la oposición (de izquierda y de derecha) entró al Congreso y se abrió camino a la transición democrática.
Por eso, cuando hoy alguien propone reducir o desaparecer plurinominales, la pregunta no es si “caen bien o caen mal”. La pregunta de fondo es qué se pone en su lugar y con qué garantías. Porque eliminar un mecanismo sin explicar con precisión su sustituto puede empujarnos, sin querer, a una versión moderna del “carro completo”. No es que “gane un partido”: es que se silencien voces reales del país, minorías que también existen, votan y deben contar.
Quienes defienden mantener este sistema dicen algo que vale la pena entender: sin plurinominales, el voto se “licua”. Si un partido obtiene, por ejemplo, el 20 por ciento de la votación nacional pero no gana distritos, podría terminar con cero diputados. Eso no es solo un problema “de partidos”; es un problema tuyo, porque un Congreso menos plural suele revisar menos y corregir menos. Y cuando se revisa menos, el error se vuelve caro: presupuestos que pasan con menos contraste, prioridades que se deciden con menos freno, y consecuencias que aterrizan donde más duele (salud, seguridad, servicios, medicinas, carreteras, trámites).
Del otro lado está el hartazgo social, que no es invento ni “ruido de redes”. Mucha gente no rechaza la idea de representación proporcional; rechaza el uso que los partidos han hecho de ella. La crítica más común es esta: en listas cerradas la ciudadanía no elige personas, elige siglas, y eso permite que figuras políticas “eternas” salten de una curul a otra sin pasar por el filtro del voto directo. Aquí aparece una paradoja incómoda: si la reforma se vende como “limpieza” del sistema, pero no trae candados verificables, podría ocurrir lo contrario. Menos espacios pueden significar más control de la cúpula sobre quién entra y quién no. En vez de sacar a los “eternos”, se les puede blindar con menos competencia interna y menos exposición pública. Y ese control cupular, cuando se aprieta, termina por tensionar alianzas y romper acuerdos: lo que hoy se negocia como lista o cuota mañana explota como conflicto territorial.
Ahí entra Oaxaca como una señal política útil (aunque no sea el ejemplo técnico perfecto). Lo que estalló allá fue el conflicto por la revocación de mandato, no una fórmula de asignación de plurinominales. La propia ley local pone un candado: para que el resultado sea vinculante se requiere 40 por ciento de participación. En la práctica, la jornada terminó interpretándose más como medición de fuerzas que como mecanismo real de remoción: participación cercana a 30 por ciento y un resultado que, más allá de números, exhibió tensiones internas.
¿Por qué importa aquí? Porque muestra cómo, cuando se mueven reglas electorales (revocación, coaliciones, incentivos, reparto de posiciones), el debate público se puede contaminar: deja de ser “qué le conviene a la representación” y se vuelve “qué le conviene al reparto”. Oaxaca retrata el riesgo político que hoy las rodea: que la reforma se trate como moneda de cambio para renegociar lealtades, controlar listas y redistribuir poder dentro de las alianzas, en lugar de diseñarse pensando en el ciudadano.
Ahora sí: te preguntarás, ¿y a mí qué? Porque esto no es un ajedrez para iniciados; toca tres fibras muy concretas.
1. Tu representación. Define si el Congreso será un espejo razonable de la diversidad del país o si se parecerá más a una mayoría sobredimensionada que habla por todos, aunque no haya recibido todos los votos.
2. Tu bolsillo. Aquí la factura a tu voto es literal. Menos contrapesos pueden significar decisiones presupuestales más rápidas, sí, pero menos vigiladas. Y cuando el gasto se decide con poca revisión, el costo aparece donde más duele: salud, seguridad, medicinas, carreteras, servicios que fallan, trámites que se vuelven laberinto. Lo pagas tú, no el discurso.
3. Tu confianza. Y aquí entra un punto psicológico que explica por qué este tema enciende sospecha incluso en gente que no sigue la política diario: la aversión a la pérdida. Nuestro cerebro tolera mal los cambios que no entiende, porque ante la duda asume que algo se le está quitando. Por eso, cuando no hay un borrador público claro o cuando las propuestas se describen con frases bonitas pero sin números, el vacío se llena de sospecha. La manera más limpia de desactivar esa reacción no es pedir fe: es ofrecer verificabilidad. Un simulador público simple que diga “con X votos, así quedaría el Congreso”. Si no puedes ver tu voto convertido en curules, el cambio se siente como pérdida, aunque te lo vendan como mejora.
La discusión no debería reducirse a un simplista “pluris sí o no”. El estándar de exigencia ciudadana debe ser la verificabilidad. Si la reforma es para ahorrar y democratizar, debe poder explicarse con un simulador público: “Con X votos, así quedaría el Congreso”.
Para el gobernante, la reforma suele venderse como “eficiencia”. Para el político, es “supervivencia”. Para ti, debe ser “claridad”. Si la propuesta no resiste la luz de la transparencia y el análisis de datos reales, lo más probable es que no sea una reforma, sino un nuevo reparto del botín.
La historia nos dice que las minorías de ayer son las mayorías de hoy, y las mayorías de hoy serán las minorías de mañana. Al final, las reglas del juego deben proteger al ciudadano, no solo al jugador que lleva la ventaja en este turno.
Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia.
