A la oposición le molesta que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya decidido condonar la pesada deuda que trabajadores tenían con el Infonavit por créditos de viviendas que se encarecieron hasta volverse impagables.
Esta decisión ha beneficiado a cinco millones de familias en todo el país, porque se trataba prácticamente de un robo consentido por patrones y líderes sindicales charros aliados al gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Y les molestó más que en Emiliano Zapata, Morelos, la presidenta haya declarado en un evento de vivienda, que la 4T seguirá gobernando México. En esta localidad morelense, la quita de deuda ha beneficiado a 828 familias.
"El día de hoy estamos celebrando un cambio sustantivo que es realidad, ya no deben, ya no. Es justo que se le quitaran de las deudas. Así, cinco millones de familias. Así vamos a seguir gobernando. Pésele a quien el pese vamos a seguir gobernando para el Pueblo de México", expuso la mandataria.
El principal esquema irregular en el Infonavit durante el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) se centró en la gestión de la cartera vencida de créditos hipotecarios, que creció de unos 59 mil millones de pesos en 2012 a más de 106 mil millones en 2018.
No fue un solo caso, sino varios negocios y prácticas cuestionadas que involucraron contratos millonarios con empresas privadas, despachos de abogados y remates de viviendas.
El gobierno de Sheinbaum los ha calificado como corrupción sistemática que generó pérdidas al instituto y afectó a cientos de miles de derechohabientes.
En 2014, bajo la gestión Alejandro Murat, el Infonavit firmó un convenio de exclusividad con TELRA Realty, empresa de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, vinculados al grupo E-Group para el “Programa de Movilidad Hipotecaria”.
El objetivo era recuperar y revender o alquilar viviendas abandonadas, se estimaban entre 500 mil y 1 millón en el país. TELRA tuvo acceso a bases de datos de derechohabientes y recibió comisiones altas de hasta el 40% de las ventas.
En 2017, bajo la gestión de David Penchyna, se detectaron irregularidades, como la violación de protección de datos, incumplimiento de plazos, encarecimiento artificial. Se terminó el contrato y se pagó una indemnización de más de 5 mil millones de pesos a TELRA.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas por fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada. Hubo detenciones, como la de Rafael Zaga en 2021, y un acuerdo reparatorio con el grupo El Mann por 2 mil millones de pesos que regresaron al Infonavit en ese año.
El caso se reabrió en 2024 y sigue en proceso; no hay sentencia final reportada contra los principales involucrados. Nueve despachos, entre otros, GABSSA, CPC, Zaragoza Rocha y Asociados, Desnor, fueron contratados para cobrar la cartera vencida.
Recibieron 4 mil 760 millones de pesos entre 2014 y 2023; el 72%, unos 3 mil 427 millones de pesos, se pagó durante el sexenio de Peña Nieto, con pico en 2018 de mil 234 millones de pesos.
Operaban demandando en juzgados lejanos a miles de trabajadores, incluso a quienes estaban al corriente o no debían. Esto permitía embargos y desahucios rápidos de casas habitadas, que luego se revendían.
Los informes varían entre 63 mil y más de 300 mil derechohabientes. Muchas familias fueron desalojadas ilegalmente y las viviendas se revendían, en algunos casos la misma casa múltiples veces.
Se remataron unas 87 mil casas recuperadas a precios muy bajos, generando pérdidas estimadas en 7 mil 500 millones de pesos .
La misma vivienda se vendía o el crédito se otorgaba hasta 4 veces al año. Se detectaron 12 mil créditos sobre solo mil 400 casas, especialmente en el Estado de México, Jalisco, Baja California.
Estas acciones ilegales involucraban a empleados del Infonavit, notarios, peritos valuadores y despachos coludidos. El daño superó los mil 200 millones de pesos en cobros indebidos.
¿Qué pasó después? Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el Infonavit canceló o redujo los contratos con estos despachos. Los pagos cayeron a niveles mínimos, 106 millones de pesos en 2019.
Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, ha presentado 150 denuncias penales ante la FGR, dado de baja a 22 empleados y denunciado el esquema en conferencias mañaneras.
Se habla de afectación a millones de familias con “créditos impagables”. La FGR ha recuperado parte del dinero, al menos 2 mil millones de pesos del caso TELRA, y hay órdenes de aprehensión vigentes o reabiertas, pero las investigaciones avanzan lento y no hay condenas definitivas de alto nivel reportadas hasta 2026.
Durante el gobierno de Peña Nieto se externalizó agresivamente la recuperación de cartera a privados, lo que generó negocios millonarios para despachos y empresas , pérdidas millonarias para el Infonavit y despojos a trabajadores.
La 4T lo califica como uno de los grandes fraudes del periodo neoliberal y lo está investigando, aunque los procesos judiciales siguen abiertos y en espera de resoluciones finales contundentes.
No fue un robo directo de un solo funcionario, sino un sistema de contratos y prácticas que favoreció a terceros a la costa del ahorro de los trabajadores. Eso es lo que la oposición desea que vuelva a ocurrir, por eso está empeñada en volver al poder.
Solo que del dicho al hecho hay mucho trecho. La gente ya no quiere más robo a la nación ni al pueblo. Como dice la consigna: se cansó de tanta ...inche transa.
