Tabasco se encamina hacia las elecciones intermedias de 2027 bajo una sombra inquietante. No es solo una disputa por cargos; es una confrontación abierta entre el grupo del actual gobernador y la facción del senador Adán Augusto López Hernández. En este tablero, la seguridad pública parece haberse convertido en una ficha de cambio, un escenario de contrastes donde la estabilidad política pende de un hilo.
Aunque las pruebas jurídicas suelen ser esquivas, el sentido común y la coyuntura apuntan a lo mismo: la ola de violencia que azota al estado no es casualidad. Huele a estrategia. Se percibe como un intento deliberado por desestabilizar al “Gobierno del Pueblo” con miras al próximo año.
Esta sospecha no nace del vacío, sino de los oscuros antecedentes asentados en informes de inteligencia militar: el presunto pacto entre el grupo de Adán Augusto y el crimen organizado a través de Hernán Bermúdez Requena.
La historia es conocida, pero no por ello menos cínica. Según reportes filtrados y declaraciones de testigos protegidos, se pactó con Trinidad Alberto de la Cruz, alias “El Pelón de Playas”, para garantizar una elección de 2018 “en paz”.
El pago por esa paz ficticia fue la entrega de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Bermúdez en 2019. Hoy, con Bermúdez tras las rejas en un penal de máxima seguridad, las investigaciones de la FGR sugieren que no solo fue un interlocutor, sino el presunto líder de “La Barredora” durante su encargo.
Por eso, no resulta extraño que el repunte de ejecuciones actual sea el eco de esos acuerdos rotos.
A RÍO REVUELTO
Es el sabotaje contra la administración de Javier May Rodríguez, un intento de manchar su imagen y hundir a sus candidatos mediante el terror. La verdadera guerra no es contra la oposición —esa figura hoy decorativa—, sino en las entrañas de Morena.
El grupo de Adán Augusto, formado en las peores mañas del viejo PRI, autoritario y facineroso, parece creer que el estado les pertenece por derecho notarial. Tras un sexenio de explotación, se resisten a la orfandad política.
Por el contrario, Javier May ha marcado una raya necesaria, denunciando la “política criminal” de su antecesor y rechazando cualquier pacto con el crimen. Ya no están los Lastra, los Bautista ni los Bermúdez para aceitar la maquinaria del pasado.
Sin embargo, el riesgo es latente. Bajo la máxima de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, estas redes de influencia —que aún respiran desde el Senado— buscan reactivarse. La violencia actual es la herencia de una colusión que dejó raíces profundas y una pugna sangrienta entre “La Barredora” y el CJNG por un territorio que ya no tiene un solo dueño oficial.
A pesar de que el gobierno reporta una reducción del 70% en homicidios dolosos en este arranque de 2026, la paz sigue siendo frágil. Los grupos criminales, heridos por el desmantelamiento de sus redes de protección oficial, intentarán influir en 2027 para recuperar sus privilegios. Es ahí donde el grupo político desplazado acecha, con el afán de retomar, a cualquier precio, lo que todavía consideran su feudo personal.
