La oficialización de los señalamientos de la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano, ha desatado una polvareda que trasciende lo judicial para instalarse plenamente en el terreno político.
Mientras Washington presenta estas acciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, en la Ciudad de México y Culiacán se interpretan como un "misil teledirigido" con fines electorales.
El gobernador Rocha ha sido enfático: se trata de un intento por descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación de cara a los comicios de 2027.
Esta postura adquiere un matiz crítico al involucrar a una administración estatal estratégica. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ya había anticipado en Sinaloa el proceder de su gobierno: acusar, presuntamente sin pruebas, de vínculos con el narco al mandatario y a sus colaboradores, bajo el argumento de una campaña anticorrupción, como si allende las fronteras los funcionarios fueran impolutos.
La acusación se radicó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, célebre por juzgar a capos mexicanos que terminan convertidos en testigos protegidos. Entre los señalados figura también el senador Enrique Insunza Cázares, exsecretario de Gobierno.
Ante esta embestida, el Gobierno de México ha reaccionado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con una postura firme: "no se puede acusar sin pruebas".
Los informantes pueden declarar lo que la autoridad estadounidense desea escuchar, pero probarlo es un desafío distinto.
Un antecedente directo es el caso del general Cienfuegos. En aquel entonces, tras la revisión del expediente armado por la DEA, el presidente López Obrador ordenó su publicación para evidenciar la falta de pruebas contundentes.
Según la SRE, ocurre algo similar con Rocha: tras revisar la solicitud de extradición promovida por el gobierno de Donald Trump, se concluye que el proceso carece de sustento sólido.
No obstante, el vacío de información sobre el fondo de las indagatorias es aprovechado por la oposición para alimentar una narrativa incendiaria contra la 4T.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación paralela. Respecto a la solicitud de extradición, el vocero Ulises Lara aseveró que el documento no aporta evidencias contundentes.
LA MANO NEGRA DE LOS GRINGOS
En este sentido, el portal SinEmbargo.mx reportó que la principal "prueba" es una supuesta narconómina manuscrita; un recurso que evoca la invención del inexistente "Cártel de los Soles" en Venezuela, acusación que Estados Unidos tuvo que matizar posteriormente.
Este conflicto estalla poco después del escándalo por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos en territorio mexicano, situación que ha comprometido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Algunos analistas ven en la embestida contra Rocha una contraofensiva de Washington para proteger a la mandataria chihuahuense y acorralar al gobierno federal.
Históricamente, Estados Unidos ha utilizado su sistema judicial para enviar mensajes políticos. Al no poder intervenir abiertamente —como ha ocurrido en otros países de la región—, utiliza el tema del narcotráfico para golpear al movimiento, ignorando que este fenómeno es una herencia perniciosa de los gobiernos del PRI y el PAN, cuyo ejemplo máximo es Genaro García Luna.
Estamos ante un choque de trenes: la justicia estadounidense ignorando protocolos diplomáticos frente a un gobierno mexicano que cierra filas en defensa de su soberanía.
México cuenta con una presidenta de carácter firme que no permitirá injerencias. Es apenas el inicio de una escalada que busca apuntalar a la derecha en las elecciones intermedias, apoyada por sectores locales que, ante su incapacidad de ganar en las urnas, apelan a la intervención extranjera, olvidando que el pueblo mexicano rechaza cualquier tutela externa.
