Si en política social no existe comparación alguna entre los gobiernos de Adán Augusto/Marino Campos con el de Javier May Rodríguez, en materia de seguridad menos. Hay un mundo de diferencia.
Si en el sexenio pasado se simuló el combate al crimen organizado, en el actual no ha habido consideración alguna contra la delincuencia, se combate frontalmente. Las cifras de detenidos, decomisos de drogas, armas y huachicol no tienen parangón.
En el pasado se pactó con criminales y permitieron que operaran con toda impunidad, además de que ellos controlaban la plaza y solo combatían a sus rivales; en el presente ese pacto no existe y hay una persecución del delito sin tregua alguna.
De acuerdo con las declaraciones y expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) alimentados por informes de inteligencia militar y testimonios de testigos protegidos, Hernán Bermúdez Requena pactó directamente una tregua con el líder criminal apodado "El Pelón de Playa" días antes de las elecciones de 2018 para garantizar que la jornada electoral transcurriera en paz y no se empañara el triunfo de Adán Augusto López Hernández.
El informe se apoya en la declaración de un testigo colaborador de la FGR (identificado bajo las siglas CTD), quien formaba parte de la logística de campaña y era subordinado de Bermúdez.
Según el testimonio, Bermúdez Requena, conocido en el ámbito criminal como "El Comandante H" o "El Abuelo", se reunió con la delincuencia organizada en Tabasco justo antes de los comicios de ese año.
Los reportes de inteligencia asientan que, tras consumarse la tregua y el posterior triunfo electoral, Adán Augusto posicionó inmediatamente a Bermúdez en la estructura de seguridad del estado.
Primero fue impulsado como director de la Policía de Investigación en la Fiscalía Estatal y, finalmente, el 11 de diciembre de 2019, López Hernández lo nombró oficialmente secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.
Los informes militares, revelados inicialmente por el hackeo de Guacamaya Leaks, apuntan a que, una vez instalado en el poder institucional, Bermúdez utilizó su posición para cobrar cuotas, se mencionan pagos de 25 mil pesos del grupo de "El Pelón de Playa", y, posteriormente, traicionar a las células locales para consolidar a su propia organización, "La Barredora", tomando el control total del narcotráfico, el huachicoleo y el tráfico de migrantes en la entidad.
La diferencia principal entre Javier May y Adán Augusto radica en el deslinde total y la confrontación directa del actual gobernador contra la estructura policial del sexenio anterior, y que hoy enfrenta órdenes de aprehensión y severos señalamientos de complicidad con el crimen organizado.
Adán Augusto nombró a Bermúdez Requena como titular de la SSPC, y Carlos Manuel Merino Campos lo ratificó en el cargo. Durante este periodo, reportes de inteligencia militar alertaron repetidamente sobre presuntos vínculos de Bermúdez con el grupo criminal "La Barredora" y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pese a ello, se mantuvo en su puesto hasta su renuncia a inicios de 2024 tras una inédita ola de violencia.
Desde que asumió la gubernatura, May rompió por completo con la administración pasada al acusar públicamente a Bermúdez Requena de ser el cabecilla de "La Barredora" y exigir que Adán Augusto y Merino expliquen si existió un pacto institucional con la delincuencia.
Para mediados de 2025, las autoridades militares confirmaron la existencia de una orden de aprehensión contra el exsecretario, quien para ese entonces se había fugado al extranjero y andaba a salto de mata, hasta que fue detenido en septiembre de ese año en Paraguay y deportado a México por haber ingresado ilegalmente a ese país sudamericano.
Desde entonces permanece recluido en una prisión de alta seguridad federal en el Estado de México, y sujeto a varios procesos judiciales por los presuntos delitos de asociación delictuosa, secuestro, extorsión, peculado y desaparición forzada de personas en el ámbito del fuero común.
Con estas y otras acciones contra la delincuencia, el gobierno de Javier May marcó una línea de "cero impunidad" respecto al equipo de sus antecesores.
La estrategia de seguridad en el binomio Adán Agusto/Merino Campos se caracterizó por una política de contención reactiva.
UN CAMBIO RADICAL
A finales de 2023 y principios de 2024, la seguridad del estado se vio desbordada, lo que obligó al envío masivo de tropas federales de emergencia para mitigar las disputas internas de las células delictivas que operaban a la sombra del aparato de justicia local. Las cifras de personas desaparecidas aumentaron significativamente hacia el final de este ciclo.
En cambio, el actual gobierno implementó un modelo basado en el uso de inteligencia por encima de la fuerza bruta, creando la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, impulsó tiros de precisión en detenciones y el fortalecimiento tecnológico interno, logrando además la certificación local del Centro de Control de Confianza (C-3) para evaluar rigurosamente a sus propios policías.
El estado finalizó el sexenio pasado con una profunda crisis de percepción. La capital, Villahermosa, llegó a registrar un 90.6% de percepción de inseguridad en los indicadores del INEGI (marzo de 2024), posicionándose entre los focos rojos del país.
Los balances oficiales de la administración de May reportan disminuciones drásticas en la incidencia delictiva, destacando una reducción del 40% en homicidios dolosos, más del 42% en feminicidios y reducciones que rondan el 36% en robo de vehículos.
A nivel de percepción pública, encuestas nacionales colocan a Tabasco dentro de los estados con mejor valoración en materia de seguridad pública, posicionando a May entre los gobernadores mejor evaluados en este rubro por la ciudadanía.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI para el primer trimestre de 2026, la percepción de inseguridad en la capital, Villahermosa, y en el estado en general, ha registrado una disminución significativa, revirtiendo la tendencia crítica que presentaba a inicios de 2025.
La principal diferencia entre ambos mandatarios radica en el origen y el manejo político-institucional de la policía estatal: mientras Adán Augusto López heredó y empoderó una estructura policial vinculada con el crimen organizado, Javier May rompió públicamente con esa cúpula, la purgó y denunció judicialmente a sus exmandos.
