La reforma al sistema de pensiones de 2020, una de las transformaciones estructurales más ambiciosas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, comienza a mostrar sus frutos de manera tangible, delineando un nuevo contrato social para la vejez en México.
Los datos presentados por la Consar no son solo cifras; representan una reversión parcial de una deuda histórica del Estado mexicano con sus trabajadores, heredada del modelo neoliberal de las AFORES instaurado en 1997.
El sistema anterior, basado en contribuciones definidas y sujeto a la volatilidad del mercado, condenaba a una mayoría a una tasa de reemplazo (el porcentaje del último salario que se recibe como pensión) que rondaba el 30% o 40%, muy por debajo del 70% recomendado por la OCDE para mantener un nivel de vida digno.
La reforma actuó sobre dos ejes críticos:
- El Principio de Universalidad: Al instituir el derecho a una pensión universal, el Estado reconoce su obligación de ser el último garante de la seguridad económica en la vejez, rompiendo con la lógica individualista del modelo anterior.
- La Solidaridad Intergeneracional y Patronal: La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y el incremento escalonado de las aportaciones patronales—del 6.5% al 15%—redistribuyen la responsabilidad. Ya no recae únicamente en el trabajador y su cuenta individual; ahora es una corresponsabilidad donde el empleador y el Estado contribuyen de manera significativa a asegurar un retiro digno.
Los números hablan de un sistema en transformación:
- 104,679 pensionados con una tasa superior al 70% no es solo una estadística; son miles de hogares con mayor estabilidad y capacidad de consumo, lo que a su vez dinamiza la economía local.
- Un ahorro acumulado de 7.5 billones de pesos (22% del PIB) convierte al SAR en uno de los fondos de inversión más grandes de América Latina, un capital nacional que financia infraestructura y desarrollo a través de proyectos públicos.
- La proyección de 11 billones de pesos para 2030 sugiere un crecimiento robusto que promete fortalecer aún más la red de seguridad para las futuras generaciones de retirees.
A pesar del éxito inicial, la reforma topa con un muro estructural que no puede derribar por sí sola: la informalidad laboral.
El dato crudo de que el 75% de los trabajadores que cumplen 65 años son rechazados para una pensión y solo pueden retirar su ahorro es un recordatorio potente de que la reforma beneficia, en primera instancia, a quienes han tenido acceso a la formalidad.
Este es el límite de la reforma. Puede garantizar una pensión digna para quienes cotizan, pero no puede obligar a la formalización.
La solución, como correctly señala la Consar, yace en políticas transversales: incentivos para la formalización de PyMEs, una inspección laboral más eficaz y el fortalecimiento de la economía de base que genere empleos de calidad con seguridad social.
La reforma pensionaria de AMLO ha logrado lo impensable hace una década: alejar el fantasma de la vejez en la pobreza para una generación creciente de mexicanos.
Ha marcado un cambio de paradigma al priorizar la seguridad y la dignidad humana sobre la ortodoxia financiera.
Sin embargo, su legado final estará determinado por la capacidad del Estado para resolver la paradoja que la envuelve: es una potentísima red de seguridad, pero aún hay millones que, por la naturaleza de la economía mexicana, no logran subirse a ella.
El desafío de la próxima década será ampliar la cobertura de la reforma mediante una batalla frontal contra la informalidad, asegurando que el derecho a un retiro digno sea, verdaderamente, universal.
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