Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que busca frenar uno de los crímenes más frecuentes y dañinos para la población y el sector productivo.
La nueva legislación establece penas de 6 a 15 años de prisión y multas de hasta 500 veces la UMA (equivalente a unos 56,570 pesos). Estas sanciones aplicarán a quien obligue a otra persona a realizar o abstenerse de hacer algo mediante amenazas o coerción, con el fin de obtener un beneficio económico.
Además, la ley contempla 34 circunstancias agravantes, entre ellas el llamado “cobro de piso”, la participación de grupos o sindicatos, o cuando la víctima sea una persona con actividades comerciales, agrícolas o de servicios. En esos casos, la condena podrá aumentar hasta 20 años de cárcel.
Si la extorsión incluye violencia física o daños provocados para exigir pagos, como en el caso de los llamados “montachoques”, la pena puede elevarse hasta 25 años de prisión.
El dictamen también crea un marco nacional unificado, que permitirá coordinar a los tres niveles de gobierno para investigar y castigar la extorsión de forma más efectiva, eliminando diferencias entre códigos penales estatales.
“La nueva ley unifica el delito de extorsión en todo México y eleva las penas hasta 25 años de prisión en casos con violencia o cobro de piso.”
#TomaNota
Penas base: de 6 a 15 años de prisión y multas de hasta 56,570 pesos.
Agravantes por cobro de piso o violencia: hasta 25 años de cárcel.
La ley homologa el delito en todo el país.
Falta su aprobación final en el Senado para entrar en vigor.
