La nueva Ley de Amparo no limita derechos, sino que moderniza el acceso a la justicia y evita el uso indebido de este recurso, afirma la presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República, tiene como propósito fortalecer la protección de la ciudadanía frente a actos injustos de la autoridad y hacer más eficiente el acceso a la justicia.
Durante su conferencia “La mañanera del pueblo”, Sheinbaum enfatizó que los derechos constitucionales, incluida la retroactividad de la ley, permanecen intactos. Rechazó las críticas que señalan lo contrario, asegurando que la reforma busca mayor claridad y eficacia en la aplicación del amparo.
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisó que la nueva ley no es regresiva, sino que pretende simplificar trámites, reducir tiempos procesales y fortalecer la justicia digital. “Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible”, destacó.
Entre los cambios relevantes, la reforma limita el uso del amparo para evitar su empleo indebido en casos de lavado de dinero o evasión fiscal. Zaldívar explicó que quienes acrediten el origen lícito de sus recursos seguirán protegidos, pero se busca impedir que delincuentes utilicen el amparo como escudo.
En materia fiscal, las nuevas disposiciones establecen que los créditos firmes no podrán impugnarse en cada etapa del cobro, sino únicamente al final del proceso. Según el Gobierno federal, esto no afecta el derecho de defensa de los contribuyentes, sino que ordena el procedimiento.
Respecto a la retroactividad, Zaldívar aclaró que no aplica en materia procesal, por lo que los juicios concluidos no se modificarán. En cambio, los procedimientos en curso y los futuros se regirán bajo las nuevas reglas.
“El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad.”
#TomaNota
La reforma fue aprobada por el Senado el 15 de octubre de 2025.
Objetivo: agilizar procesos y fortalecer justicia digital.
Los juicios concluidos no se verán afectados.
Los cambios aplican en procedimientos vigentes y futuros.
