La semana pasada fue nota de ocho columnas el descenso hasta 3 de 10 puntos posibles el ranking de México en el Indice de Percepción de la Corrupción. Ni reforma constitucional ni 41 leyes, federal y locales, en la materia y otros tantos órganos garantes han podido detener la caída, según el informe citado. La transparencia universitaria tampoco es la excepción a la regla. La UNAM, mi universidad, que tiene muchas medallas en distintos rubros, tiene amplias oportunidades de mejora en su transparencia interna y en sus mecanismos de combate a la corrupción. Vayamos a las pruebas que sustentan mis afirmaciones.
Primero. En la Facultad de Derecho de la UNAM se localiza una situación que no es modelo de ética pública. La existencia de una “comercializadora” de las funciones sustantivas de docencia e investigación de esa Facultad se antoja incluso incompatible con su naturaleza jurídica Con número de escritura 70342, de fecha 3 de noviembre de 1994 se creó la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil con objeto de “auspiciar la unidad del gremio de abogados egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM y realizar actividades culturales, sociales, académicas y de investigación de las ciencias jurídicas”, dejando en claro que no tendría patrimonio propio. Como presidente honorario fue registrado Miguel de la Madrid y como presidente, el director de la propia Facultad, Máximo Carvajal Contreras. La finalidad loable de “unir al gremio jurídico” se transformó para atender necesidades de pesos y centavos de sus integrantes. Para tal efecto reformaron sus estatutos a fin de contar con patrimonio propio “no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente a ninguna persona física”. Aparentemente hay un espíritu filantrópico en esos cambios. Una mirada atenta desvanece esa idea. Lo que no se dijo es que sus propios miembros habrían de encargarse de que no hubiera remanentes al incluirse “gastos de operación” y generosos sueldos.
Segundo. El modus operandi de la Fundación hace difícil pensar que se trate de una iniciativa al servicio de la Universidad. Todo convenio entre la Facultad de Derecho de la UNAM con un tercero (generalmente instituciones públicas) para impartir estudios de posgrados, diplomados y todo tipo de cursos se suscribe a través de la Fundación quien “acepta” los donativos, pero es la Facultad de Derecho de la UNAM la que presta su infraestructura, su personal académico y administrativo y además es la que otorga los grados académicos, en su caso, para que la Fundación pueda cumplir el objeto de sus convenios. Con fecha 19 de octubre de 2010 oficialmente la UNAM a través de una respuesta de información, firmada por el actuario Oscar Barreiro, titular de la Unidad de Enlace, respondió que: “La Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, no está facultada para celebrar convenios a nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM”. Si ello es así extraña por qué no se aplica ningún tipo de procedimiento sancionatorio. ¿Por qué la Fundación ha firmado convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico comprometiéndose a “impartir la especialización en derecho administrativo que ofrece la Facultad de Derecho de la UNAM”, como el celebrado el 15 de febrero del 2002? ¿Por qué el 31 de enero del 2003 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un “convenio con la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A. C., en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la impartición de la Maestría en Derecho”? Es muy ilustrativo el convenio celebrado entre la Fundación y Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 19 de octubre del 2007 el cual firma Fernando Serrano Migallón como presidente ejecutivo de la Fundación y no como director de la Facultad de Derecho, institución a la que, empero, compromete a desarrollar cursos donde aparece como enlace operativo la coordinadora académica de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho y como asistente el Director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Ese instrumento legal ¿No es por sí mismo prueba suficiente de cómo se violenta la legislación universitaria y los mínimos de la ética política? Es como si el Procurador General de la República firmara un convenio con las empresas informativas donde se compromete a que la PGR actúe conforme a derecho para resolver delitos en agravio de periodistas, pero lo hiciera como presidente de una Asociación Civil suya y a cambio de un “donativo”. ¿No sería eso un delito grave que implicaría una seria investigación?
Tercero. Por si todo lo anterior fuera poco, la Facultad de Derecho tiene desde hace tiempo un Bufete Jurídico que debe prestar servicios gratuitos a las personas de escasos recursos, el cual se sufraga del erario. Ahora esa gratuidad es sólo aparente. La persona interesada en que se atienda su caso efectivamente no debe pagar a la UNAM, pero sí debe hacer un “donativo” a la Fundación, según el resultado de un “estudio socioeconómico”, donde el más pobre debe aportar al menos 6 mil pesos para empezar y después debe pagar todos los gastos derivados de su caso. En síntesis, la Fundación llegó para privatizar la educación gratuita y los servicios universitarios en perjuicio de casi todos y en beneficio de casi nadie. Estoy convencido que deben destinarse recursos suficientes a la educación pública superior. Rechazo, sin embargo, que no se discuta el cómo y el para qué. La autonomía no debe ser sinónimo de corrupción e impunidad. La Cámara de Diputados tiene una excelente oportunidad para incluir en el Presupuesto de Egresos candados mínimos sobre cómo deben ejercerse los recursos públicos de la sociedad atendiendo pautas de transparencia y de rendición de cuentas reales.
Evillanueva99@yahoo.com
Primero. En la Facultad de Derecho de la UNAM se localiza una situación que no es modelo de ética pública. La existencia de una “comercializadora” de las funciones sustantivas de docencia e investigación de esa Facultad se antoja incluso incompatible con su naturaleza jurídica Con número de escritura 70342, de fecha 3 de noviembre de 1994 se creó la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil con objeto de “auspiciar la unidad del gremio de abogados egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM y realizar actividades culturales, sociales, académicas y de investigación de las ciencias jurídicas”, dejando en claro que no tendría patrimonio propio. Como presidente honorario fue registrado Miguel de la Madrid y como presidente, el director de la propia Facultad, Máximo Carvajal Contreras. La finalidad loable de “unir al gremio jurídico” se transformó para atender necesidades de pesos y centavos de sus integrantes. Para tal efecto reformaron sus estatutos a fin de contar con patrimonio propio “no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente a ninguna persona física”. Aparentemente hay un espíritu filantrópico en esos cambios. Una mirada atenta desvanece esa idea. Lo que no se dijo es que sus propios miembros habrían de encargarse de que no hubiera remanentes al incluirse “gastos de operación” y generosos sueldos.
Segundo. El modus operandi de la Fundación hace difícil pensar que se trate de una iniciativa al servicio de la Universidad. Todo convenio entre la Facultad de Derecho de la UNAM con un tercero (generalmente instituciones públicas) para impartir estudios de posgrados, diplomados y todo tipo de cursos se suscribe a través de la Fundación quien “acepta” los donativos, pero es la Facultad de Derecho de la UNAM la que presta su infraestructura, su personal académico y administrativo y además es la que otorga los grados académicos, en su caso, para que la Fundación pueda cumplir el objeto de sus convenios. Con fecha 19 de octubre de 2010 oficialmente la UNAM a través de una respuesta de información, firmada por el actuario Oscar Barreiro, titular de la Unidad de Enlace, respondió que: “La Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, no está facultada para celebrar convenios a nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM”. Si ello es así extraña por qué no se aplica ningún tipo de procedimiento sancionatorio. ¿Por qué la Fundación ha firmado convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico comprometiéndose a “impartir la especialización en derecho administrativo que ofrece la Facultad de Derecho de la UNAM”, como el celebrado el 15 de febrero del 2002? ¿Por qué el 31 de enero del 2003 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un “convenio con la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A. C., en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la impartición de la Maestría en Derecho”? Es muy ilustrativo el convenio celebrado entre la Fundación y Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 19 de octubre del 2007 el cual firma Fernando Serrano Migallón como presidente ejecutivo de la Fundación y no como director de la Facultad de Derecho, institución a la que, empero, compromete a desarrollar cursos donde aparece como enlace operativo la coordinadora académica de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho y como asistente el Director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Ese instrumento legal ¿No es por sí mismo prueba suficiente de cómo se violenta la legislación universitaria y los mínimos de la ética política? Es como si el Procurador General de la República firmara un convenio con las empresas informativas donde se compromete a que la PGR actúe conforme a derecho para resolver delitos en agravio de periodistas, pero lo hiciera como presidente de una Asociación Civil suya y a cambio de un “donativo”. ¿No sería eso un delito grave que implicaría una seria investigación?
Tercero. Por si todo lo anterior fuera poco, la Facultad de Derecho tiene desde hace tiempo un Bufete Jurídico que debe prestar servicios gratuitos a las personas de escasos recursos, el cual se sufraga del erario. Ahora esa gratuidad es sólo aparente. La persona interesada en que se atienda su caso efectivamente no debe pagar a la UNAM, pero sí debe hacer un “donativo” a la Fundación, según el resultado de un “estudio socioeconómico”, donde el más pobre debe aportar al menos 6 mil pesos para empezar y después debe pagar todos los gastos derivados de su caso. En síntesis, la Fundación llegó para privatizar la educación gratuita y los servicios universitarios en perjuicio de casi todos y en beneficio de casi nadie. Estoy convencido que deben destinarse recursos suficientes a la educación pública superior. Rechazo, sin embargo, que no se discuta el cómo y el para qué. La autonomía no debe ser sinónimo de corrupción e impunidad. La Cámara de Diputados tiene una excelente oportunidad para incluir en el Presupuesto de Egresos candados mínimos sobre cómo deben ejercerse los recursos públicos de la sociedad atendiendo pautas de transparencia y de rendición de cuentas reales.
Evillanueva99@yahoo.com
