Seguramente lo viste en tu celular mientras revisabas tus redes sociales: una investigación basada en datos oficiales revela que existen funcionarios en cargos estratégicos ganando más de 50 mil pesos mensuales contando únicamente con estudios de secundaria o bachillerato. Paradójicamente, es gracias a las herramientas de transparencia del propio Gobierno Federal que hoy podemos conocer estos rostros y cifras. Sin embargo, más allá de la noticia viral, surge una pregunta que golpea la realidad de cualquier ciudadano, sin importar si tiene un título universitario o si trabaja en el comercio, el campo o la industria: ¿Y a mí qué?
Esta interrogante es vital porque no se trata de una crítica al origen de las personas, sino a la seguridad de nuestro patrimonio común. Cuando nos enteramos de estos casos, la sensación de injusticia no es solo por el sueldo alto, sino por la responsabilidad que conlleva. En cualquier oficio, desde manejar un transporte público hasta realizar una cirugía, la sociedad exige una "licencia" que garantice que la persona sabe lo que hace. En el servicio público, el título y la cédula profesional son esa licencia; son la garantía mínima de que quien administra tus impuestos tiene la capacidad técnica para que el dinero no se pierda en errores de cálculo o trámites que nunca terminan.
Para quienes buscan construir el "segundo piso" de la vida pública en México, el reto es demostrar que la honestidad no está peleada con la preparación. Existe el riesgo de mandar un mensaje equivocado a las nuevas generaciones: que para ascender en la vida es más importante "ser amigo de alguien" que dedicar años al estudio o al perfeccionamiento de un oficio. Si permitimos que la lealtad política sustituya al mérito profesional, corremos el riesgo de institucionalizar la improvisación. Esto nos afecta a todos en el día a día, porque un directivo sin formación técnica es más propenso a tomar decisiones que terminan en obras mal planeadas, falta de medicamentos o servicios públicos ineficientes que tú y tu familia terminan padeciendo.
La ciencia detrás del trabajo respalda este malestar ciudadano. Diversos estudios sobre psicología organizacional explican que cuando el esfuerzo de los trabajadores no se ve correspondido con recompensas justas, (o cuando ven que otros llegan a la cima sin haber hecho el mismo camino de preparación) se produce un fenómeno llamado desequilibrio entre esfuerzo y recompensa. Esto no solo desmotiva a quienes sí estudiaron, sino que genera un cansancio social crónico. Es el agotamiento de sentir que las reglas no son iguales para todos, lo que a la larga debilita la productividad y la salud mental de toda una comunidad laboral.
Al final del día, el servicio público no es un espacio para el aprendizaje experimental pagado por el contribuyente, sino un compromiso que exige el cumplimiento de la ley. La Ley del Servicio Profesional de Carrera no es un capricho académico, es una protección para que el Estado funcione bien sin importar quién esté en el poder. Defender el mérito y la preparación es defender la calidad de vida de tu familia. La próxima vez que platiques de esto en casa o en el trabajo, recuerda que el título de un funcionario no es un lujo decorativo, es la obligación de estar a la altura de la responsabilidad que nos debe a todos.
“Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia.”
