La CNTE no está ocupando solo avenidas, oficinas o plazas. Está ocupando la vida diaria de miles de personas que no están sentadas en ninguna mesa de negociación, pero terminan pagando el costo del conflicto.
El trabajador que no llega. El comerciante que no vende. El paciente que pierde una consulta. El estudiante que vuelve a quedarse sin clase. El ciudadano que no tiene nada que ver con la Ley del ISSSTE, con las mesas de Gobernación ni con los cálculos políticos del gobierno, pero que acaba convertido en daño colateral.
Esta vez ya hay una factura concreta: la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reportó pérdidas superiores a 405 millones de pesos por las movilizaciones de la CNTE en el corredor Reforma-Centro Histórico, con afectaciones a más de cuatro mil establecimientos. El número puede discutirse, como toda estimación empresarial, pero sirve para ponerle dimensión económica a algo que suele tratarse como simple “caos vial”. No es solo tráfico. Es dinero que no entra, ventas que se pierden, jornadas que se rompen y negocios que cargan con un conflicto que no provocaron.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene demandas concretas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, incremento salarial, cambios en el sistema de ingreso y promoción docente, pensiones públicas y una reunión directa con la presidenta. El gobierno ha ofrecido mesas, incrementos salariales y propuestas sobre pensiones. Aun así, el conflicto sigue abierto y la CNTE mantiene la presión en las calles.
Hasta ahí, el debate pertenece al terreno laboral y político. Un sindicato tiene derecho a exigir. Los maestros tienen derecho a organizarse. La protesta social no es una concesión graciosa del gobierno: es parte de una democracia.
Pero el derecho a protestar no borra los derechos de los demás. Cuando una movilización bloquea avenidas, toma casetas, irrumpe en edificios públicos, daña oficinas o amenaza con alterar eventos masivos, la presión deja de dirigirse solamente al gobierno y empieza a caer sobre la gente. Ya no hablamos solo de protesta: hablamos de costo público.
En los últimos días, las protestas de la CNTE se han extendido en al menos 15 estados, con huelga indefinida y movilizaciones crecientes. En la Ciudad de México hubo bloqueos, toma de espacios, daños a figuras alusivas al Mundial y tensión a pocos días del arranque del torneo. También se reportó la irrupción en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, con destrozos, pintas, pequeños incendios y una policía lesionada por intoxicación. El Mundial no es un detalle decorativo. Es la ventana de oportunidad política.
La CNTE sabe que el gobierno no quiere una crisis social bajo reflectores internacionales. Con prensa extranjera, visitantes, FIFA, diplomáticos y cámaras encima, cada bloqueo pesa más. No es lo mismo marchar en cualquier semana que hacerlo a días de un evento global. La presión aumenta porque el costo reputacional del gobierno también aumenta.
México tiene una deuda vieja con su sistema educativo, con la dignidad docente, con las pensiones, con escuelas precarias y con comunidades donde enseñar sigue siendo un acto de resistencia cotidiana. Reducir todo a “maestros revoltosos” sería injusto. Pero romantizar cualquier forma de protesta, aunque dañe a terceros, también es una forma de irresponsabilidad. Una causa puede ser legítima y sus métodos pueden volverse abusivos.
Aquí está lo que te importa: cuando un conflicto sindical se instala en la calle, el ciudadano se queda sin voz. No negocia. No decide. No firma acuerdos. No recibe compensación. Solo absorbe el impacto.
Si el gobierno cede, fue por la presión. Si no cede, siguen los bloqueos. Si hay choque con la policía, se politiza la represión. Si no hay contención, se normaliza el desorden. En todos los escenarios, la gente común queda a mitad de camino, pagando una factura que no generó.
El problema no es únicamente la CNTE. También es el gobierno.
El conflicto con la CNTE no nació ayer. Es una estructura sindical con historia, capacidad de movilización, redes territoriales y una lógica de presión construida durante décadas. Precisamente por eso, administrarla como si fuera un incendio pasajero es un error. Un conflicto recurrente no se resuelve con improvisación anual, vallas, mesas de emergencia y comunicados de última hora.
La salida no puede reducirse a “mano dura” ni a “déjenlos pasar”. Esa falsa alternativa empobrece la discusión. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse, pero también tiene obligación de proteger movilidad, seguridad, patrimonio público y actividad económica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara: exigir autorización previa para protestar es inconstitucional, porque permitiría a la autoridad condicionar un derecho. Pero eso no equivale a decir que cualquier método quede protegido. Una cosa es manifestarse; otra muy distinta es bloquear servicios estratégicos, destruir bienes públicos, incendiar oficinas o convertir la movilidad de una ciudad en instrumento de presión.
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México reconoce la movilidad como derecho de toda persona y de la colectividad para desplazarse de manera efectiva. Ahí está la tensión: protesta sí, permiso previo no; afectación ilimitada a terceros, tampoco.
La salida democrática exige un modelo de corresponsabilidad obligatoria: mesas con plazos públicos; demandas, avances y respuestas visibles; notificación de rutas cuando sea posible, sin convertirla en permiso; corredores intocables para emergencias, hospitales, transporte público y actividad económica esencial; protocolos para proteger bienes públicos; y consecuencias legales cuando la protesta cruce hacia vandalismo, incendio, agresión o bloqueo absoluto de servicios estratégicos.
Pero esa corresponsabilidad necesita una autoridad verificadora, no solo buenos deseos. La Ciudad de México podría crear una instancia técnica de mediación y verificación integrada por gobierno, organismos de derechos humanos, autoridad de movilidad, protección civil, jueces cívicos, mediadores certificados y personal con fe pública administrativa para certificar rutas, documentar incumplimientos y generar constancias públicas cuando se vulneren corredores esenciales o se dañen bienes públicos. No se trataría de pedir permiso para protestar, sino de dejar evidencia institucional de cuándo una protesta ejerció un derecho y cuándo cruzó hacia la afectación deliberada de terceros.
Ese registro permitiría actuar sin improvisación. Las constancias tendrían valor administrativo y probatorio para que los comercios afectados acrediten causa de fuerza mayor, justifiquen prórrogas de cumplimiento fiscal, sustenten reclamaciones ante aseguradoras o respalden denuncias cuando exista afectación patrimonial. También podrían servir como soporte documental en eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando pudiera acreditarse que una actividad administrativa irregular permitió o prolongó daños económicos evitables. Y, en materia penal, funcionarían como insumo técnico para que la Fiscalía integre expedientes con mayor rapidez cuando se bloqueen vías estratégicas, se dañen bienes públicos o se ponga en riesgo la seguridad de terceros.
El uso de la fuerza pública tendría que quedar como último recurso, bajo protocolos claros, proporcionalidad, videograbación, supervisión de derechos humanos y rendición de cuentas posterior. No se trata de reprimir para ordenar. Se trata de que el Estado deje de escoger entre permitirlo todo o reaccionar tarde.
Cuando el Estado solo reacciona después del daño, la protesta aprende que romper la normalidad funciona. Ese es el incentivo que habría que cortar.
México no necesita repetir el mismo ciclo: bloquear hasta que escuchen, aguantar hasta que se cansen, prometer hasta que se dispersen, reprimir si se desborda y volver a empezar el año siguiente. Ese modelo no resuelve el fondo. Solo reparte costos.
La CNTE tiene derecho a exigir. El gobierno tiene obligación de escuchar. Pero el ciudadano también tiene derecho a no ser rehén de una negociación que no eligió.
Una democracia no se mide solo por permitir protestas. También se mide por su capacidad de procesarlas sin entregar la calle, sin romper la ciudad y sin obligar a la gente común a pagar la factura de todos.
Aquí termina el texto, pero queda una pregunta concreta: si el conflicto es entre la CNTE y el gobierno, ¿cuándo van a existir reglas para que la presión política no se cobre en la vida diaria del ciudadano, convirtiendo nuestro escaparate global en la vitrina de nuestra propia incapacidad institucional?
