El reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en México y Tabasco representa una crisis humanitaria y de seguridad que ha escalado en los últimos años, exacerbada por la violencia estructural, la impunidad y la expansión de cárteles en regiones vulnerables.
Según informes recientes, este fenómeno afecta a miles de niños y adolescentes, quienes son cooptados para roles como halcones (vigilantes), distribuidores de drogas, sicarios o incluso en actividades de extorsión y secuestro.
Según el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 60 menores han sido procesados ??y 50 en vías de serlo reflejan esa crisis. El crimen organizado los utiliza como carne de cañón, los enrola a sus filas con el espejismo de una mejor vida, seguridad económica.
Datos de organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indican tendencias alarmantes: en 2024, entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de libertad por delitos vinculados al crimen organizado, considerándolos víctimas probables de reclutamiento forzado.
Además, se estima que entre 145 mil y 250 niños niños y adolescentes están en riesgo inminente de ser captados, particularmente en estados como Sonora, Tabasco, Guerrero y Michoacán, donde el reclutamiento inicia desde los 8 años mediante "ofertas de trabajo" en redes sociales que prometen dinero fácil.
Esta situación no es aislada de América Latina, donde la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades impulsan a miles de menores hacia las redes criminales, con un aumento notable en el uso de plataformas como TikTok para el reclutamiento.
En México, el Estado ha fallado en proteger a estas poblaciones, dejando brechas que los grupos delictivos explotan.
Por ejemplo, en regiones como el norte y centro del país, el crimen organizado ofrece alternativas a la miseria, estatus social y protección, en un contexto donde la violencia ha desplazado familias y destruido comunidades.
La impunidad agrava el problema: muchos menores son utilizados porque, bajo la ley mexicana, enfrentan penas menores o rehabilitación en lugar de prisión para adultos, convirtiéndolos en una "inversión excelente" para los cárteles.
Esto genera un ciclo vicioso, donde el reclutamiento no solo perpetúa la violencia, sino que desintegra el tejido social, con impactos en la salud mental, la educación y el desarrollo de generaciones enteras.
Los menores se involucran en actividades delictivas por una combinación de factores estructurales, familiares, individuales y sociales, que los hacen vulnerables al reclutamiento.
La pobreza extrema y la falta de oportunidades educativas o laborales son motores clave. En México, regiones con altos índices de desigualdad, como las zonas rurales o urbanas marginadas, incluso a los menores como presas fáciles.
Los cárteles ofrecen remuneraciones atractivas, a veces superiores a salarios mínimos, a cambio de tareas iniciales simples, como vigilar o transportar paquetes, escalando a roles violentos.
La cultura del narcotráfico, glorificada en música, series y redes sociales, presenta el crimen como una vía rápida al poder y el respeto, especialmente en comunidades donde el Estado está ausente.
La violencia intrafamiliar, el abandono o la desintegración familiar impulsan a muchos menores a buscar "familias sustitutas" en pandillas o cárteles. Factores como el consumo de sustancias en el hogar, la ausencia de figuras parentales y la influencia de pares delincuentes facilitan el enganche.
En algunos casos, los menores son reclutados por familiares ya involucrados, o mediante coerción, como amenazas a sus seres queridos.
Trastornos de personalidad, adicciones tempranas y la búsqueda de identidad en la adolescencia juegan un rol. Los menores perciben el crimen como una forma de empoderamiento o supervivencia, especialmente en entornos donde la educación es deficiente y la exposición a la violencia es cotidiana.
El reclutamiento forzado, mediante engaños o violencia directa, es común, y una vez dentro, la salida es difícil debido a deudas, adicciones o miedo a represalias.
Los grupos criminales usan redes sociales para atraer con promesas de dinero, armas o estatus, explotando la inimputabilidad de los menores. Esto reduce los riesgos para los cárteles, ya que los menores son desechables y difíciles de procesar completamente.
Además, la corrupción en las instituciones y la falta de programas preventivos agravan el problema.
Uno de los casos más impactantes recientes es el de Derek Yair "N", alias "El Niño Sicario", un adolescente de 14 años detenido en octubre de 2025 en Tabasco. Arrestado junto a José Asunción "N", alias "El Chuncho", de 37 años, durante un operativo en la ranchería Corregidora Ortiz, Centro, el menor portaba una subametralladora Uzi y estaba vinculado a una célula criminal dedicada a secuestros, asesinatos, extorsiones y venta de drogas en las regiones de Centro y Paraíso.
En su teléfono se encontraron videos de secuestros y homicidios, incluyendo contra mujeres, lo que evidencia una frialdad y nivel de involucramiento alarmantes para su edad.
Vinculado a proceso por delitos contra la salud (narcotráfico) y portación de armas exclusivas del Ejército, el caso resalta cómo los menores lideran operaciones de alto impacto, aprovechando su estatus legal para operar con relativa impunidad inicial.
Autoridades locales lo vinculan a un aumento en el consumo de marihuana y narcomenudeo entre menores de 8 y 10 años en Tabasco, señalando la permisividad social como factor contribuyente.
Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han implementado estrategias preventivas, punitivas y de coordinación. Estas incluyen programas sociales, operativos de inteligencia, cierre de plataformas digitales de reclutamiento y reformas legislativas locales.
El gobierno federal, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha enfocado esfuerzos en la prevención a través de acciones sectoriales y operativos coordinados.
Las acciones combinan prevención social, represión delictiva y reformas legales, pero requieren mayor ejecución y recursos para ser efectivas.
