El sábado pasado, El Universal publicó una nota titulada "Exsecretario de Seguridad en Tabasco ordenaba a 'La Barredora' desechar cuerpos en otros estados: Sedena", basada en informes de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según el informe, durante su gestión como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco (2019-2024), Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal "La Barredora", instruía a sus subordinados a ejecutar a rivales del cártel, pero con la directriz específica de transportar y abandonar los cuerpos en estados limítrofes como Veracruz, Chiapas o Campeche.
El objetivo era evitar que los homicidios se registraran en las estadísticas oficiales de Tabasco, lo que permitiría presentar cifras artificialmente bajas de incidencia delictiva y proyectar una imagen de control y paz social en la entidad.
Estos detalles provienen de documentos de inteligencia militar, filtrados por el grupo de Hackers conocido como Guacamaya y entregados a la prensa nacional y extranjera en 2022, que detallan operaciones de "La Barredora", vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG) en actividades como extorsión, huachicol, secuestro, trata de personas, trasiego de drogas y tráfico y acopio de armas.
Bermúdez, apodado "Comandante H" o "El Abuelo", fue designado en el cargo por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena.
El reporte de El Universal se basa en declaraciones previas del general Miguel Ángel López Martínez, excomandante de la 30 Zona Militar en Tabasco, quien en julio de 2025 confirmó los vínculos de Bermúdez con "La Barredora" y el recrudecimiento de la violencia tras su salida del cargo en enero de 2024.
Esta revelación reviste gravedad significativa, ya que exponen no solo colusión entre un alto funcionario público y el crimen organizado, sino un esquema deliberado de manipulación estadística para encubrir la inseguridad real en Tabasco.
Directamente pone en entredicho las cifras de "baja incidencia delictiva" que Adán Augusto López Hernández promocionó durante su gubernatura (2019-2021), cuando afirmaba que su administración había reducido los homicidios en más del 50% gracias a estrategias de "paz y reconciliación".
En 2019, Tabasco reportó alrededor de 250 homicidios, cifras que Augusto López destacó como "históricamente bajas".
Sin embargo, datos posteriores de la Sedena y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un triplicamiento: 271 homicidios en 2023, 919 en 2024, el año más violento en 30 años, y al menos 435 en el primer semestre de 2025.
La práctica de "tirar cuerpos" a otros estados explica por qué las estadísticas locales parecían controladas: los cuerpos no se contaban en Tabasco, distorsionando los indicadores nacionales y permitiendo a la administración de Augusto López —ya su sucesor interino Carlos Merino— sostener narrativas de éxito en seguridad.
Esto no solo socava la credibilidad de esas métricas, sino que implica responsabilidad política en el exgobernador, quien designó a Bermúdez pese a alertas de inteligencia desde 2021, según filtraciones de Guacamaya, y también de Merino Campos, quien lo sostuvo en el cargo, pese a todos esos antecedentes criminales.
La Fiscalía General de la República (FGR)no ha anunciado que investigará posibles nexos de Augusto López, hasta ahora solo ha citado a declarar a testigos periféricos.
UNA TRAGEDIA NACIONAL
El reporte de El Universal no es una anécdota menor, sino evidencia de corrupción sistémica en el gobierno anterior que contribuyó a la espiral de violencia actual con "La Barredora" en guerra abierta contra el CJNG desde diciembre de 2023.
La revelación sobre la manipulación de estadísticas delictivas, al ordenar el traslado de cuerpos a otros estados, agrava la ya de por sí grave situación de Bermúdez Requena al proporcionar evidencia de un esquema sistemático de encubrimiento, lo que podría configurarse como un delito agravado de falsedad en declaraciones ante autoridades o como parte de la asociación delictuosa.
Esta práctica no está tipificada como un delito autónomo en el Código Penal Federal o de Tabasco, pero se interpreta como falsedad en declaraciones públicas (artículo 243 del CPF) o encubrimiento (artículo 232), agravado por abuso de autoridad (artículo 215 del Código Penal de Tabasco).
Podría configurarse una obstrucción a la justicia si se demuestra que alteró evidencia para evadir investigaciones de la Sedena o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La FGR podría incorporar estos elementos en la carpeta federal, potencialmente sumando 5 a 10 años más.
Como exgobernador de Tabasco y responsable de designar a Bermúdez Requena al frente de la SSPC, Adán Augusto se enfrenta por lo menos al escrutinio político y a potenciales ramificaciones legales, aunque hasta hoy no ha sido formalmente imputado.
De las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República se podrían derivar acusaciones por negligencia o complicidad implícita, aunque el senador jure y perjure que no sabía nada de lo que hacia su subalterno, lo que ya de por sí es un hecho gravoso.
