La decisión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de no declarar ante las autoridades judiciales que lo acusan de asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada, podría complicar aún más su ya delicada situación legal.
Según las autoridades federales, Bermúdez, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), optó por guardar silencio en su reciente audiencia inicial, un derecho garantizado por el artículo 20 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esta negativa parece responder a una estrategia de su defensa para evitar la autoincriminación, dado que las acusaciones en su contra se sustentan en testimonios de antiguos colaboradores cercanos.
Carlos Tomás Díaz Rodríguez, su mano derecha en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Ulises Pinto Madera, quien se acogió al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), han proporcionado detalles sobre las actividades ilícitas que se le imputan.
Estas declaraciones, junto con informes de inteligencia militar y denuncias de víctimas, fortalecen el caso de la fiscalía, limitando las opciones de defensa jurídica.
Además, se sospecha que Bermúdez evita colaborar para no comprometer a figuras superiores en la estructura criminal que, según las autoridades, consolidó tras asumir la titularidad de la SSPC en 2019.
En particular, su silencio podría buscar proteger a Jaime Lastra Bastar, quien lo nombró director de la Policía de Investigación cuando era el fiscal general de Estado, y a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado, quien lo designó secretario de Seguridad.
Hasta el momento, ningún detenido ha implicado directamente a Lastra Bastar ni a López Hernández en las actividades delictivas de Bermúdez, aunque existen indicios de su responsabilidad moral y política por haber nombrado a un presunto criminal en tareas de seguridad pública.
La postura de Bermúdez, conocido como “Comandante H”, evoca el código de omertá , la ley de silencio de la mafia italiana, como la Cosa Nostra siciliana.
Este código exige lealtad absoluta a la organización, prohibiendo a sus miembros cooperar con las autoridades, incluso bajo amenaza de prisión o muerte.
En casos extremos, se prefería el suicidio antes que traicionar a los líderes, a cambio de la promesa de que la mafia protegería económicamente a la familia del miembro encarcelado o fallecido. Este pacto reforzaba el control mediante una cultura de miedo y lealtad inquebrantable.
Una escena icónica de El Padrino: Parte II (1974), dirigida por Francis Ford Coppola, ilustra este código. En ella, Tom Hagen, consigliere de la familia Corleone, visita a Frank Pentangeli, un capo bajo custodia en una base militar tras retractarse de testificar contra Michael Corleone ante un comité del Senado.
Hagen le sugiere que el suicidio, como en la antigua Roma, es una salida “honorable” para evitar traicionar a la familia, asegurándole que sus seres queridos estarán protegidos.
Aunque en el caso de Bermúdez no se habla de suicidio, su silencio podría reflejar una dinámica similar: la elección de enfrentar una posible condena de hasta 158 años de prisión antes de que delatar a la estructura criminal, por temor a represalias contra él o su familia, o como parte de una estrategia legal.
LA INVESTIGACIÓN NO SE DETIENE
En el sistema penal acusatorio mexicano, la negativa de Bermúdez a declarar protege su defensa al evitar que sus palabras se usen en su contra. Sin embargo, no detiene la investigación ni la vinculación a proceso.
La Fiscalía de Tabasco y la FGR avanzan con diligencias, como la audiencia intermedia pendiente, respaldadas por pruebas independientes.
El fiscal Alejandro Gertz Manero ha afirmado que el caso “va por muy buen camino”, destacando “vínculos claros” con el crimen organizado.
La defensa de Bermúdez podría centrarse en impugnar la legalidad de la detención, las pruebas o los procedimientos mediante amparos, lo que podría prolongar el proceso, aunque no lo frena. Si se demuestra su culpabilidad, su falta de colaboración podría descartar atenuantes, agravando su situación.
La negativa de Bermúdez recuerda las dinámicas de los cárteles mexicanos, como el CJNG, que operan con códigos similares a la omertá, donde la traición se castiga severamente, y el silencio puede garantizar protección para los allegados.
Aunque no hay evidencia pública de un pacto explícito para proteger a su familia, su decisión sugiere un dilema entre la lealtad a la estructura criminal, el temor a represalias y la estrategia legal.
Expertos en derecho penal advierten que este silencio podría debilitar su defensa, obligando a su equipo legal a asumir la carga de respuesta por él en las próximas etapas del proceso.
