En el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) se libra una batalla en la que el grupo político de Adán Augusto López Hernández está enfocado en derribar de la presidencia a Oswald Lara Borges. A todas luces quieren seguir controlando ese órgano jurisdiccional y qué mejor que enfrentarlo con una dama.
Pero no es cualquier dama la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, sino sobrina del Jaime Lastra Bastar y ahijada política de Enrique Priego Oropeza, ya con eso es decir bastante. Es ese grupo el que está detrás de la andanada contra Lara Borges.
Quieren recuperar a toda costa el control del TET que mantuvieron precisamente con ella hasta que su periodo se acabó y tuvieron que ceder la estafeta al actual magistrado presidente. Desde que lo propusieron a ese cargo hubo ataques en contra de Lara Borges y a pesar de esa negra campaña, alentada por este grupo político, el Senado lo eligió como magistrado electoral.
Ahora le armaron un expediente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo quite de ese cargo y lo coloque en la lista negra de violentadores.
Espinosa Armengol acusa a Lara Borges de ejercer en su contra violencia política en razón de género. Según la acusación de la magistrada electoral, el presidente ha ejercido “violencia institucional”, “trato discriminatorio”, “menoscabo de su investidura como Magistrada Electoral”.
Lo acusa también de obstruir sus “atribuciones jurisdiccionales y administrativas” y le ha impuesto una “restricción injustificada de la comunicación interna” y de manipular “la información institucional” en el TET.
Además, la ha “excluido” de manera “deliberada” de las “sesiones y toma de decisiones del pleno”. Según la magistrada, Oswald Lara ha “alterado actas de sesiones privadas, lo que en su opinión, pudiera ser constitutivo de algún supuesto de violencia institucional o violencia política contra la mujer en razón de género”.
Se antoja difícil de creer que el magistrado presidente cometa ese tipo de atropellos, máxime que ahora toda la actuación pública es vigilada con lupa por las distintas instancias de control interno y por tener encima los reflectores por ser una figura que genera controversia.
Son acusaciones que el TEPJF deberá investigar para aclarar este asunto, que a simple vista tiene más implicaciones políticas que legales.
En su informe circunstanciado, dirigido al presidente del órgano electoral federal, Gilberto de Guzmán Bátiz García, con fecha del 12 de diciembre de 2025, Lara Borges desmonta cada una de las acusaciones hechas en su contra por Espinosa Armengol.
Por ejemplo, la supuesta “alteración, manipulación y publicación irregular del Acta Privada número 20/2025 de fecha del 30 de junio de 2025”, demostró que fue aprobada “por unanimidad”, a pesar que Espinosa Armengol había anunciado que votaría en contra ¿Dónde está la exclusión?
A ella se le notificó por escrito a través del oficio número TET -PST-157/2025 con fecha del 25 de noviembre del año pasado, “el cual se recibió en esa misma fecha en la magistratura a su cargo, a las 15:45 horas.”
UNA DEFENSA CON BASES
En su argumentación, el magistrado presidente del TET sostiene que las acusaciones son “infundadas” y se refieren a “actos meramente administrativos, inherentes a la gestión interna del Tribunal Electoral de Tabasco, que no inciden de forma directa, ni inmediata en el ejercicio de un derecho político-electoral, ni afectan la posibilidad real y efectiva de integrar un órgano de autoridad electoral en los términos previstos por el artículo 79, párrafo 2, de la Ley General”.
Considera que “el juicio de la ciudadanía” no es la vía idónea para controvertir determinaciones relacionadas con la distribución de funciones administrativas, los canales institucionales de comunicación interna, la entrega de documentación, la vigencia de normas reglamentarias internas o la adopción de políticas institucionales de carácter preventivo.
Aclara también que a la magistrada “no se le ha excluido formal o materialmente de la toma de decisiones del órgano colegiado”.
Asegura que, jurídicamente, es “insostenible que los hechos narrados por la actora puedan configurar violencia política de género en su vertiente de obstrucción al ejercicio del cargo y/o violencia institucional”.
Según Lara Borges su acusadora no acreditó “una sola conducta sistemática o reiterada orientada a
limitar, menoscabar o anular el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”, y sostiene que “los actos señalados carecen de impacto real en el ejercicio del cargo, toda vez que se relacionan exclusivamente con dinámicas administrativas internas”.
En su informe circunstanciado, que consta de 52 páginas, el presidente del TET pide a la autoridad electoral federal que declare la improcedencia de la queja presentada en su contra, pero que sí decide dar entrada el caso para estudiarlo de fondo, “solicito que se declaren infundados los argumentos formulados por la actora, por las razones expuestas” en ese documento.
Los adversarios no descansan ni dan tregua. Traman todo el tiempo y buscan cualquier rendija para colarse y torpedear al proyecto del gobernador Javier May Rodríguez. Esto tiene que ver con las elecciones intermedias de 2027.
Quieren el control del TET para garantizar que no les quiten lo que en buena lid no ganarán en las urnas. Vienen con todo para recuperar lo que, según ellos, les pertenece, como si Tabasco estuviera escriturado a su nombre.
No les bastaron seis años de someter al estado al crimen y a la corrupción institucional. Esto apenas empieza y se pondrá peor en la medida que se acerquen los tiempos electorales. No todo es territorio, hay mucho que hacer también desde el escritorio.
