Nicasio Arias, periodista especializado en temas de transparencia, publicó hace unos días en el portal de El Heraldo de Tabasco una investigación sobre el modus operandi del exgobernador Carlos Manuel Merino Campos y varios de sus excolaboradores —quienes también lo fueron de Adán Augusto López Hernández durante su gubernatura— para simular donaciones de bienes adquiridos con recursos de dudosa procedencia.
En este entramado de simulación participaron varios notarios públicos que, al dar fe oficial de la maniobra, avalaron legalmente una ilegalidad, en lugar de una donación genuina. Se trata de la misma estrategia que López Hernández utilizó para justificar parte de los 79 millones de pesos que el SAT le detectó de acuerdo a informes publicados.
El texto periodístico denuncia un patrón sistemático de recepción de herencias y donaciones por parte de exgobernadores y funcionarios de Tabasco, vinculados principalmente a Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Estas operaciones podrían servir para legalizar bienes de origen dudoso, en un contexto de escrutinio sobre el patrimonio no declarado de varios funcionarios aprovechando la investidura de las notarías.
La investigación expone al menos nueve casos de funcionarios tabasqueños, incluidos los dos exgobernadores, que declararon herencias o donaciones durante o cerca de su gestión pública.
El timing es clave: muchos ocurrieron justo antes o después de asumir cargos, lo que genera sospechas de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. El valor total estimado de estos bienes supera los 25 millones de pesos, pero se destaca que López Hernández enfrenta cuestionamientos por decenas de millones adicionales no declarados, justificados como "herencia y actividades paralelas".
No es coincidencia; es un patrón común para "dar por bueno" dinero de origen injustificado, especialmente entre colaboradores cercanos del líder del Senado. Estos patrones coinciden con prácticas documentadas en casos de corrupción en México, según informes de la Secretaría de la Función Pública —hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde donaciones "familiares" ocultan flujos ilícitos.
Unos días después de asumir la senaduría, el 5 de septiembre de 2024, López Hernández recibió dos terrenos en "herencia": uno de mil 673 metros cuadrados, valuado en 2 millones 761 mil pesos; el otro, de apenas 433 metros cuadrados, con un valor de mercado de 777 mil 726 pesos.
EL MISMO RECURSO
Merino Campos, su colaborador de toda la vida, no se quedó atrás. Unas semanas antes de rendir protesta como gobernador sustituto, el 12 de junio de 2021, recibió casualmente una "donación" de 100 novillos valorados en 980 mil pesos; días después, el 7 de julio de ese mismo año, otra "donación" de 70 novillonas (590 mil pesos en el mercado).
Nicasio Arias reportó que Merino Campos "en tres meses gastó 4 millones de pesos en la compra de dos propiedades adquiridas a crédito", según su última declaración patrimonial.
De acuerdo con ese documento oficial, el 15 de agosto de 2024 adquirió un terreno de 200 hectáreas —con una construcción de 110 metros cuadrados— por 1 millón 300 mil pesos. En ese mismo año, el 7 de noviembre, compró un departamento de 56 metros cuadrados por 2 millones 700 mil pesos.
A José Antonio de la Vega Asmitia, exsecretario de Gobierno, le "donaron" un rancho valorado en 8 millones de pesos, una casa por 3 millones 118 mil pesos, obras de arte por 3 millones de pesos y un departamento por 1 millón de pesos. Estas "donaciones" se realizaron en diferentes años. De acuerdo a la investigación citada.
Son los casos más llamativos, aunque otros colaboradores utilizaron el mismo mecanismo para justificar bienes adquiridos con dinero de origen incierto. De este modo, evitarán explicar el origen de millones en cuentas y bienes no declarados.
Cumplen formalmente con las declaraciones patrimoniales, pero no prueban su legitimidad. Se trata, a todas luces, de una simulación que, en su momento, la Secretaría de la Función Pública no investigó, sino que se hizo cómplice.
Es un mecanismo probable de ocultamiento, no mera casualidad; legalmente, requiere prueba judicial para confirmarlo al 100%. Sin embargo, es un patrón tan evidente y repetitivo que trasciende la "coincidencia" razonable, alineándose con prácticas probadas de lavado vía donaciones ficticias en México.
El gobierno anterior no solo permitió que su jefe policiaco se aliara con delincuentes y pusiera en riesgo la seguridad de los tabasqueños, sino que además institucionalizó la corrupción: todo el mundo metió mano al presupuesto, convirtiendo las finanzas públicas en caja chica y sirviéndose con la cuchara grande.
En el sexenio pasado no gobernó Morena. El partido solo sirvió de trampolín para que los priistas asaltaran el poder e hicieran lo que siempre han hecho —desde Manuel Gurría hasta Andrés Granier: saquear las arcas públicas.
