No causa extrañeza que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados haya reprobado las cuentas públicas de los exalcaldes de Cunduacán, Jesús Abraham Cano González; de Jalpa de Méndez, Nuris López Sánchez, y de Paraíso, Ana Luisa Castellanos Hernández.
Desde el año pasado se sospechaba de malos manejos en la administración de los recursos públicos, sobre todo, la expresidenta municipal de Jalpa de Méndez, que hace un año, cuando concluyó su gestión, dejó prácticamente sin ni un quinto a su sucesor, José del Carmen Olán.
López Sánchez, quien se dio vida de reina durante su mandato, habría desviado, según el actual presidente municipal de Jalpa de Méndez, por lo menos 60 millones de pesos. Hace un año, el edil acudió al Congreso a acusar a su antecesora de malos manejos, por lo que pidió a los diputados le practicaran una auditoria a la cuenta pública de 2024.
Solo que, en esa fecha, esa cuenta pública no podía ser auditada porque la que se iba a dictaminar era la correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Es hasta ahora que se pudo revisar y, por lo visto, se comprobó lo denunciado por Olán porque fue dictaminada en la comisión en sentido reprobatorio.
Del “Chelo” Cano también había sospechas de enriquecimiento inexplicable. En redes sociales y medios de comunicación se publicaron durante y después de que concluyera su encargo, denuncias sobre presuntos actos de corrupción y adquisiciones de bienes inmuebles, que ninguna autoridad investigó en su momento.
De la exalcaldesa de Paraíso sucedió lo mismo. Fue muy cuestionada su labor como edil por la ciudadanía, que nunca vio mejoría del municipio y sí prosperidad de la familia de la exservidora pública, principalmente de los cónyuges de sus hijas, que fueron, según denuncias públicas, los ganones del presupuesto.
Eso no es nada nuevo. Ha sucedido a lo largo de los años. Cada trienio surge una camada de nuevos ricos a costa del presupuesto municipal. Por lo general, son familiares de los gobernantes los que más le meten mano al dinero público.
No creo que sean los únicos exalcaldes o exalcaldesas que no pudieron, según el lenguaje técnico del OSFE, “solventar” las observaciones a sus estados financieros, supuestamente revisados con lupa por el órgano fiscalizador.
Estamos hablando de dinero público administrado por quienes tuvieron la responsabilidad de estar al frente de los gobiernos municipales, y deben rendir cuentas claras. Hasta ahora, no se puede decir que el OSFE ha hecho un trabajo impecable y ha fiscalizado con rigor las cuentas públicas de los entes fiscalizables: los tres poderes del estado, los 17 ayuntamientos y los órganos autónomos, como el IEPCT.
En agosto, cuando se entregaron los informes de resultados de las auditorías practicadas a esos entes fiscalizables, el OSFE salió con el cuento de que no podía revelar el contenido de esa documentación por la “secrecía” que debía guardar ese procedimiento.
Fue la primera vez que el Órgano Superior de Fiscalización ocultó esa información a la opinión pública y a los medios de comunicación. En años anteriores se difundían esos informes de resultados, que de por sí es parcial no total de los recursos administrados por esos entes públicos.
Se trató, sin duda, de un acto de opacidad. Se suponía que el fiscal superior, Juan José Peralta Fócil, se había comprometido con hacer más pública la vida pública, en consonancia con la postura mostrada por el gobernador, Javier May Rodríguez.
Sin embargo, a todos sorprendió con la decisión muy cuestionable de no revelar los informes de resultados de las auditorías practicadas, lo que sentó un mal precedente, con la excusa de que es respetuoso de la ley.
En nombre de la ley, hay que decirlo, se han cometido cualquier cantidad de atropellos y acciones contrarias al espíritu de lo que dicen respetar y defender.
El pueblo tiene que saber qué hacen los gobernantes con el dinero público, cómo lo gastan, cuánto ganan y a quiénes entregan contratos para la prestación de servicios y realización de obras públicas, sobre todo porque en este último renglón es donde más sospecha hay de malos manejos o sobornos para adjudicar tal o cual contrato a cierto contratista.
Durante meses, el titular del OSFE se dedicó a hacer recorridos por los municipios para decirles a los alcaldes y alcaldesas casi casi el ABC de la administración de los recursos para no tener problemas con el órgano fiscalizador cuando se trate de rendir cuentas.
Dentro de poco veremos si realmente hay transparencia y rendición de cuentas. No se trata de que haya cacería de brujas, pero tampoco simulación, principalmente en estos tiempos en que la transparencia y rendición de cuentas ha sido una asignatura pendiente o muy cuestionado por declaraciones patrimoniales y fiscales que generan sospecha, cuando es uno de los pilares de los principios de la 4T, por lo que no es un asunto menor sino de vital importancia.
