Lo anunciado por el fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, se cumplió: otro exservidor público fue detenido por su presunta relación con la organización criminal “La Barredora”, cuya estructura delictiva continúa debilitándose, aunque su erradicación definitiva tomará tiempo.
Este miércoles, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca aprehendieron a Iván García Sánchez, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa durante la gestión de Alma Espadas Hernández, exesposa de Hiram Llergo.
Aunque Llergo fue liberado por un juez federal, enfrenta cargos por su presunta implicación en actividades ilícitas.
No es coincidencia que García Sánchez sea el segundo exfuncionario de ese gobierno municipal involucrado en actividades delictivas. El otro fue Maxi Pérez Alvarado, exdirector de Tránsito, asesinado por sicarios tras intentar formar su propia célula criminal, lo que llevó a los líderes de la región de la Sierra a ordenar su eliminación.
Uno de esos sicarios presuntamente implicó a Hiram Llergo, lo que derivó en su detención en junio pasado. Si el crimen organizado logró infiltrarse con facilidad en la estructura policial estatal, también pudo hacerlo en gobiernos y policías municipales, siendo Teapa un caso paradigmático.
La Barredora, uno de los principales retos para la seguridad en Tabasco, tiene un historial de infiltración en instituciones estatales. Surgida presuntamente en 2009 como una célula derivada de los Zetas, evolucionó hacia una estructura autónoma con alianzas tácticas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque enfrenta fracturas internas desde 2023.
Su liderazgo se atribuye a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, quien habría utilizado su cargo para reclutar exelementos policiales, proporcionar inteligencia y logística, y proteger operaciones ilícitas.
Las actividades de La Barredora incluyen extorsión, “cobro de piso” a comerciantes y transportistas, secuestros exprés, narcotráfico, robo de combustible y tráfico de migrantes, con fuerte presencia en municipios como Villahermosa (Centro), Cunduacán, Centla, Teapa, Huimanguillo, Cárdenas y Comalcalco, extendiéndose a Chiapas y Veracruz, según informes de inteligencia militar.
En octubre de 2025, la organización ha sufrido múltiples detenciones de mandos medios y altos en una ofensiva coordinada por la FIRT Olmeca, integrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y estatal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar).
Estas acciones forman parte de una estrategia de depuración institucional iniciada en febrero de 2025 bajo el gobierno de Javier May Rodríguez, que ha resultado en más de 500 detenciones vinculadas a La Barredora, de las cuales el 85% de las 179 aprehensiones por violencia en 2025 están directamente relacionadas con este grupo.
Entre las capturas destacadas de 2025 están Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto” o “El Mamado”, segundo al mando, detenido en julio en Jalisco y convertido en testigo protegido; Arturo “N”, alias “El Vampiro”, tercero al mando, capturado en agosto; Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”, arrestado en marzo; y Carlos Tomás “N”, alias “El Tomasín”, brazo derecho de Bermúdez, detenido en enero en Puebla.
La detención de Iván García Sánchez, exfuncionario de alto nivel en Teapa, confirma la infiltración de La Barredora en gobiernos locales durante el sexenio pasado. La FGR investiga al menos 14 exmandos más, con órdenes de aprehensión pendientes derivadas de la captura de Bermúdez.
Estas detenciones revelan una red de complicidades que abarca exservidores públicos, empresarios y notarios públicos.
UNA BANDA DESATADA
La infiltración no fue fortuita: Bermúdez Requena reclutó al menos 60 expolicías y mandos, cooptando jueces, ministerios públicos, guardias nacionales y notarios para validar despojos de bienes, cesiones forzadas de gasolineras y propiedades a favor del grupo, según declaraciones ministeriales.
Esto evidencia una corrupción sistémica durante el sexenio de López Hernández-Merino Campos, que permitió un récord de 900 homicidios en 2024.
La Barredora generaba ingresos mediante extorsión, robo de combustible, narcomenudeo, tráfico de migrantes, trata de personas y otros ilícitos, involucrando presuntamente a empresarios en cadenas de suministro ilícitas.
La red de Bermúdez abarca 28 empresas familiares, algunas vetadas en Tabasco por irregularidades fiscales, utilizadas para el lavado de dinero.
Los notarios públicos han sido clave en la formalización de despojos. La Notaría 28, a cargo de Guillermo Narváez Noverola, hijo del rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, fue señalada por el empresario Ramón Martínez Armengol por despojarlo de su gasolinera en 2021.
También se menciona a notarios como Manuel Pinto, Gonzalo Humberto Medina Pérez Nieto y Jesús Antonio Piña Gutiérrez, quienes habrían facilitado cambios societarios para prestanombres de La Barredora.
Aunque las detenciones debilitan la estructura operativa de La Barredora, revelan una corrupción sistémica que trasciende lo criminal y alcanza lo institucional y empresarial, potencialmente implicando a figuras de alto perfil como Adán Augusto López, mencionado por su rol como notario y exgobernador.
Esto podría derivar en más aprehensiones, fortaleciendo la depuración, pero requiere transparencia para evitar la impunidad política. Es crucial priorizar la inteligencia financiera para desmantelar el lavado de dinero a través de notarios y empresas.
