El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, exgobernador de Tabasco (2019-2021), exsecretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial de su partido, ha sido objeto de escrutinio público y periodístico por las discrepancias en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Estas declaraciones, obligatorias para servidores públicos de alto nivel según la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), buscan rastrear la evolución de sus bienes, ingresos y posibles conflictos de intereses.
Sin embargo, un análisis de sus informes desde 2019 hasta 2025 revela un patrón de inconsistencias que, lejos de aclarar el origen de su riqueza, genera más interrogantes sobre su licitud.
En los últimos días, ese patrimonio ha sido objeto de escrutinio público por varios medios de comunicación, como Proceso, Milenio y el portal de noticias sinembargo.mx, entre otros, que han puesto la mirada en las inconsistencias halladas en sus declaraciones patrimoniales.
En su declaración inicial como gobernador en 2019, López Hernández reportó un patrimonio diverso que incluía casas, vehículos, locales comerciales y joyas valoradas en millones de pesos, de acuerdo a esos medios.
Para 2025, como senador, su informe se reduce drásticamente a solo dos terrenos heredados, sin explicación sobre la venta, depreciación o transferencia de los bienes anteriores.
Ejemplo concreto: Bienes como vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias aparecen en folios de 2019-2021, pero "desaparecen" en los de 2023-2025 sin justificación. Esto contrasta con ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que superan los 100 millones de pesos en el período, lo que sugiere una "metamorfosis patrimonial" inexplicable.
Esta volatilidad genera sospechas de subdeclaración para evadir escrutinio o posibles transferencias a terceros, familiares o empresas afines, común en casos de enriquecimiento ilícito.
Según documentos fiscales del SAT, López recibió al menos 80 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, incluyendo transferencias de Capital Cargo del Golfo, 19 millones en 2024, empresa contratista durante su gubernatura en Tabasco, y otras entidades presuntamente ligadas a redes de "empresas fantasma".
En contraste, sus declaraciones patrimoniales ante la SFP reportan ingresos netos mucho menores.
Adán Augusto ha justificado estos ingresos como "prestaciones legales como notario", alega ser "el notario más exitoso de Tabasco", herencias paternas en Estados Unidos, ventas de ganado y alquileres.
Sin embargo, no presenta evidencia documental en sus declaraciones públicas, y las cifras no cuadran: por ejemplo, en 2023 se declaró solo salario público, pese a transferencias millonarias registradas fiscalmente.
Varias transferencias provienen de compañías que obtuvieron contratos gubernamentales durante su gestión en Tabasco, lo que apunta a un posible "pago diferido" o dádivas por favores administrativos. Un reportaje de N+ Focus, difundido en septiembre pasado, detalla una "red empresarial" que canalizó 79 millones de pesos a través de intermediarios, algunos calificados como "fantasma" por el SAT.
Además, durante su precandidatura presidencial en 2024, gastó 12 millones en anuncios publicitarios, superando el tope de campaña de Morena, coincidiendo con ingresos no declarados de 20 millones de privados.
Estas inconsistencias no son errores aislados, sino un patrón que sugiere opacidad deliberada.
Periodistas independientes han calificado su fortuna como un "pantano escabroso", donde bienes "aparecen y desaparecen" sin rastro.
UN SISTEMA INCÓMODO, EL SNA
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través de su Comité de Participación Ciudadana (CPC), emitió un posicionamiento el 20 de octubre de 2025 solicitando investigaciones a la FGR, UIF, SAT y Órgano Interno de Control del Senado, argumentando "incongruencias patrimoniales, fiscales y eventuales conflictos de intereses".
La situación de López Hernández es legalmente vulnerable, aunque no implica una condena inmediata. Bajo la LGRA (artículos 7, 48 y 109), la omisión o falsedad en declaraciones patrimoniales es una falta grave que puede derivar en sanciones administrativas, multas de hasta 5 mil veces la UMA, alrededor de 500 mil pesos, o inhabilitación de 5 a 20 años para cargos públicos.
Si se demuestra enriquecimiento ilícito (Código Penal Federal, art. 224), podría enfrentar prisión de 3 a 14 años, más decomiso de bienes. La posible vinculación con empresas fantasma evoca delitos de defraudación fiscal (hasta 9 años) o lavado de dinero (5 a 15 años, Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
A la fecha, no hay denuncia formal de la FGR, pero las solicitudes del SNA activan mecanismos de fiscalización obligatorios. La UIF podría congelar cuentas si detecta flujos irregulares. Adán Augusto se defiende calificando las acusaciones como "campañita política" de la oposición, afirmando que "todo está en orden" y que presentó documentos privados al Senado, pero esto no exime la obligación de transparencia pública.
Estas inconsistencias arrojan más sombras que luces sobre el origen de su riqueza, posiblemente ligada a favores políticos y redes opacas, fortaleciendo sospechas de corrupción sistémica.
Una investigación profunda por el SNA o la FGR podría escalar a procesos formales, comprometiendo su carrera política y exponiendo vulnerabilidades en el sistema anticorrupción mexicano.
López Hernández insiste en su inocencia, pero la brecha entre lo declarado y lo fiscal sugiere que el tiempo de las explicaciones verbales se agota.
