CUANDO SE PENSABA QUE ESTE CONGRESO marcaría la diferencia en la calificación de las cuentas públicas, no fue así: volvieron a aplicar el fast track, ahora anticipadamente. Revisaron 26 cuentas públicas a la velocidad del rayo: la de los tres poderes, los 17 ayuntamientos y de los órganos autónomos en tiempo récord. Por lo menos en las legislaturas anteriores le hacían al cuento con este proceso y alargaban ese trabajo legislativo hasta diciembre, casi al límite del cierre del primer periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de ese mes.
EN ESTA OCASIÓN “AVANZARON” MÁS RÁPIDO y, según diputados de oposición, sin que se realizara una revisión exhaustiva de los dictámenes que en la comisión de auditoría gubernamental y cuenta pública se aprobaron en su gran mayoría sin mayores problemas o discusión entre integrantes de esa instancia. El hecho de que reprobaran las cuentas de los municipios de Jalpa de Méndez, Cunduacán y Paraíso, no significa que los diputados hayan cumplido con su labor. Fueron opacos, junto con el OSFE, de transparentar ese ejercicio de rendición de cuentas, pues desde el principio ocultaron los informes de resultados que el ente fiscalizador entregó al congreso a finales de agosto, como lo marca la ley, y por primera vez, no los dieron a conocer públicamente, dizque para no “violentar” la ley.
DESDE AHÍ YA SE SEMBRÓ LA DUDA de que haya sido un trabajo escrupuloso, por lo que no hay diferencia notable entre esta y la anterior legislatura dominada por morena, cuando uno de los principios fundamentales de ese partido es la rendición de cuentas y la transparencia. Esta legislatura ha quedado a deber, porque no hay certeza sino serias dudas de que hayan realizado un verdadero ejercicio de evitar a toda costa actos de corrupción y desvío de recursos públicos. lo que ha prevalecido es la opacidad, no han sido consecuentes con el planteamiento del gobernador, Javier May Rodríguez, en el sentido de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
Y YA QUE HABLAMOS DE CUENTAS PÚBLICAS, se armó la polémica con el diputado del PRD, Javier Cabrera Sandoval, secretario de la comisión de auditoría gubernamental y cuenta pública, y quien manifestó su inconformidad por lo “apresurado” de la calificación de las cuentas públicas, porque no se realizó una revisión exhaustiva de los estados financieros de los entes fiscalizables. La controversia surgió cuando protestó por la reprobación de la cuenta pública de la exalcaldesa de paraíso, Ana Luisa Castellanos Hernández, excorreligionaria suya, pues abandonó el PRD casi al final de su gestión municipal.
SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, José Medel Córdova Pérez, Cabrera Sandoval reprobó esa cuenta pública. ya veremos qué dice el legislador perredista al respecto. Por otro lado, Medel Córdova negó que hayan calificado vía fast track las cuentas públicas, y se justificó diciendo que el anterior titular del OSFE, Alejandro Álvarez González, dejó “calificadas” las cuentas públicas de 2024. es decir, la que les correspondía calificar a la actual legislatura. En todo caso, ¿por qué no lo denunciaron públicamente cuando advirtieron esa maniobra? ¿por qué no actuaron en contra del exfiscal superior? ¿por qué hasta ahora lo vienen a decir cuando ya calificaron las cuentas públicas?
LO QUE LLAMA LA ATENCIÓN DE ESTA REVISIÓN de las cuentas públicas, son los tres últimos meses de 2024 y que corresponden al cuarto trimestre de ese ejercicio fiscal de los alcaldes actualmente en funciones. ¿Por qué razón?, porque en tan poco tiempo tienen serias observaciones, a decir de la comisión de auditoría gubernamental y cuenta pública, sobre todo en el rubro del capítulo mil, que tiene que ver con las percepciones salariales. Por ejemplo, la alcaldesa de Cunduacán, María de la Cruz López, mejor conocida como “María Chonita”, tiene observaciones por seis millones de pesos en el capítulo mil ¿la razón? se aumentaron a discreción los salarios y otras percepciones como el aguinaldo. ¿en tres meses observaciones por ese monto? ¿y la austeridad republicana?
Y YA QUE HABLAMOS DE TRANSPARENCIA y rendición de cuentas, el presidente de la junta de coordinación política, Jorge Bracamonte Hernández, aseguró que el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, no tendrá ningún problema legal si las autoridades deciden investigar el origen de sus propiedades, pero señaló que en Morena “nadie está por encima de la ley”. Indicó que el tema del patrimonio del responsable de la política interior del estado es un “asunto político” y no hay nada qué perseguir porque lo reportó en su declaración patrimonial, además que el compromiso del gobierno estatal y su partido es que haya cero corrupción y cero impunidad.
DESDE EL TAPANCO
EL DIPUTADO LOCAL DEL PRI, FABIÁN GRANIER Calles (Favión), acusó a Morena de haberle brindado protección al exgobernador Carlos Manuel Merino Campos, pues a pesar de que en su cuenta pública de 2024 tenía una observación del OSFE por mil 24 millones de pesos, fue aprobada sin mayor contratiempo. Señaló que eso contradice la política de ese partido y del gobierno de que no se permite la corrupción ni la impunidad.
